El Senado avaló hoy dos medidas relacionadas con la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Suplemental Nutritional Assistance Program (SNAP).

Una de las piezas legislativas, la Resolución del Senado 756, expresa el respaldo del Senado de Puerto Rico a “cualquier esfuerzo” por parte del gobierno federal, incluyendo acciones congresionales o ejecutivas, para que Puerto Rico sea beneficiario del SNAP.

Ademas, la medida, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresa “el compromiso y la voluntad del Senado ”para legislar las medidas que viabilicen la “implementación del buen funcionamiento del SNAP en Puerto Rico”.

La otra medida, Resolución Concurrente del Senado 29, solicita al Congreso de los Estados Unidos que apoye la transición de la ayuda del PAN a SNAP recibida en Puerto Rico; y expresa el compromiso de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de legislar “aquellas acciones correspondientes que viabilicen la implementación y el buen funcionamiento del SNAP en Puerto Rico”.

“Esta transición es de interés, tanto del Congreso como del gobierno de Puerto Rico, dado que el SNAP ajusta los ingresos a la realidad económica de la población”, dijo la senadora novoprogresista, Kerem Riquelme Cabrera, autora de la pieza legislativa.

La senadora indicó que, actualmente, en Puerto Rico hay 1,547,000 beneficiarios del PAN, de los cuales el 56.65% son mujeres. Indicó que de los 873.321 hogares que reciben asistencia del PAN, el 25.5% está compuesto por adultos mayores, el 22% son familias con niños, el 14% son trabajadores de bajos ingresos, el 6% incluye familiares con discapacidad y el 3.5% son estudiantes universitarios.

Asimismo, la senadora dijo que “con la transición de PAN a SNAP, la financiación de la asistencia nutricional aumentará significativamente, de los $2,500 millones que reciben actualmente los beneficiarios a $4,000 millones”.

El cuerpo legislativo también le dio paso a un proyecto sustitutivo de los Proyectos de la Cámara 1455 y 1469 que busca conceder status regular en el servicio público a aquellos empleados transitorios que ocupan, por más de 4 años puestos vacantes con funciones permanentes del servicio de carrera o de duración fija.

“La medida busca reconocer el derecho de empleados que llevan cuatro años esperando que se les haga justicia en sus puestos transitorios. Cuando se aprobó el presupuesto, se les iba a asignar un dinero. Esta legislación pretende cambiar el estatus de empleado transitorio a permanente. Hablamos mucho del servicio público, pero también hay que hacerle justicia salarial”, dijo en un turno, el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves.