La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, aseguró en entrevista con Primera Hora que el ente fiscalizador está enfocado en estos momentos en ayudar a Puerto Rico a superar la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19, respaldando al gobierno y la labor de las personas las líneas de primera respuesta, y agregó que todas las negociaciones de deuda están paralizadas hasta que haya un panorama más claro del futuro económico.

La directora ejecutiva comentó que no habían recibido petición alguna con respecto al anuncio hecho ayer, jueves, por la gobernadora Wanda Vázquez de que se entregarían $500 a cada contribuyente del sector privado y a jubilados. En cambio, instó a poner en manos de la gente los fondos de $787 millones para atender la emergencia que ya se hicieron disponibles, para incentivar a trabajadores de primera respuesta, trabajadores por cuenta propia, y pequeños y medianos negocios, entre otros.

“No dijo que no se pueda dar algún incentivo más, pero primero tenemos que enfocarnos en entregar lo que ya se ha anunciado. Porque de lo contrario esto va a ser solo anuncios en lugar de un apoyo como tal”, dijo, haciendo referencia también a otros grupos obreros que han solicitado que también les entreguen incentivos.

“Creo que debemos enfocarnos en que los fondos que ya están disponibles lleguen a esas personas que son elegibles”, insistió.

Jaresko repasó que la JSF aprobó un paquete de $787 para atender la emergencia sanitaria. Ese paquete incluye bonos para el sector de la salud, bonos para empleados del orden público y otros que son parte de la respuesta como los de Corrección y Hacienda, así como bonos para empleados por cuenta propia y pequeños negocios.

Además de ese paquete de ayuda, la JSF autorizó el uso de $160 millones del fondo de emergencia.

Jaresko recordó que hay 36,000 trabajadores de Salud elegibles para recibir bonos de entre $1,000 a $4,000. Según el último reporte que había recibido, apenas unas 800 enfermeras habían recibido su bono.

“Yo esperaría que se priorizara la entrega de ese bono a la gente que está en ese frente de batalla médico”, afirmó.

Otros 23,000 trabajadores de primera respuesta, incluidos oficiales de seguridad pública, trabajadores de Corrección, de Hacienda y otros que están laborando en centros de operaciones, son elegibles a bonos de entre $2,000 a $4,000. De ese grupo, dijo, según el último reporte no se le había pagado a ninguno.

Además, recordó, ese paquete de ayuda también incluye bonos para empleados por cuenta propia, y los pequeños negocios. Explicó que sí se le ha pagado a una buena parte de los empleados por cuenta propia, pero que el proceso con los pequeños negocios iba más lento.

Por otro lado, Jaresko recordó que la ley federal que se aprobó dispone que a cada uno de los puertorriqueños que cumplen ciertos criterios de elegibilidad, como el de devengar menos de $75,000 al año, se le pague un cheque de $1,200, Además recibirán otros $500 por cada hijo dependiente.

“Hacienda está trabajando con el Departamento del Tesoro Federal para tener un acuerdo cuanto antes (para entregar esos cheques). Hemos aprobado un paquete de $400 millones para que puedan comenzar a entregar esos cheques cuanto antes una vez se firme el acuerdo y no tengan que esperar a que empiece a llegar el dinero. Así que creo que eso es bien importante que se entregue todo ese dinero”, aseveró.

“Y hay que tomar en cuenta también que el sector público a todos se le está pagando su salario completo, y francamente todos vamos a tener que trabajar mucho más duro, porque la Isla nos necesita”, insistió Jaresko.

Ley 29 y los “números reales”
Jaresko abordó la reciente decisión de la jueza Laura Taylor Swain, que dirige los procesos de quiebra del gobierno, de vetar la Ley 29 que permitía que los municipios recibieran fondos del gobierno central para cubrir los pagos al plan médico de sus empleados y las pensiones bajo el sistema de PayGo, y aseguró que el panorama no era tan extremo como algunos han mencionado.

“No creo que sea una cosa tan catastrófica. Hay que entender unas cosas que han sucedido. La Ley 29 les hizo cree que no tendrían que pagar el PayGo y la contribución a ASES (seguro médico). El PayGo va a ser más o menos lo que pensaban, $266 a $268 millones para el año fiscal. Pero lo de ASES creen que es mucho más, por lo pagado en años anteriores. Así que estimaba $160 para el año. Pero como el gobierno federal incrementó sus pagos para Medicaid, por seis meses pagaron 0 porque estuvo 100% cubierto, y para los seis meses siguientes, como hubo un cambio de ley, la cobertura federal es de 82.2%. Así que el total que van a pagar a ASES es de $32 millones”, explicó.

“Así que cuando empiezan a hablar de catástrofe, quisiera que sentaran a revisar bien los números. Eso es un diálogo que ya comenzamos desde ayer la Asociación de Alcaldes y el CRIM (Centro de Ingresos Municipales), para asegurarnos que todos entiendan cuáles son los números reales”, afirmó.

Por otro lado, dijo, muchos alcaldes parecen olvidar que hay $132 millones del fondo de equiparación dentro del presupuesto, que no recibieron este año porque se hizo otra cosa, la Ley 29, pero que estarían recibiendo.

“Así que, si repasamos, si el total que debían por pay go es $166 millones, y el total de salud era $32 millones, menos de $200 millones en total, y $132 millones saldrán del fondo de equiparación incluido en el plan fiscal, la diferencia es de solo $60 a menos de $70 millones. Y otra cosa a destacar es que el fondo de equiparación se usa principalmente para balancear los presupuestos de los municipios más pequeños y con más retos para sus presupuestos. Así que los más pequeños no van a tener esos retos porque van a recibir equiparación”, evaluó.

Mencionó que la Junta ha estado apoyando a los municipios, pero con presupuestos balanceados. Recordó que se destinaron unos $50 millones luego de los terremotos a las áreas afectadas y ahora distribuyeron $100 millones para atender las pérdidas económicas por el COVID-19.

Insistió en que es necesario consolidar servicios, no municipios, para ahorrar dinero e incrementar la recolección de impuestos sobre la propiedad.

“No tengo todas las respuestas hoy, estamos haciendo los cálculos con el CRIM pero no creo que sea un escenario tan catastrófico como algunos piensan. Y si hay alguna brecha, lo vamos a atender”, aseguró.

Sobre la alarmante alza en el desempleo y los fondos para pagar el seguro de desempleo, Jaresko dijo que por ahora se había reforzado con los $600 semanales adicionales que asignó el gobierno federal hasta que acabe julio.

“Nadie puede decir qué va a suceder en este tiempo. Así que no me voy a poner a especular. Hay dinero suficiente por ahora, y es mucho más que el promedio regular que se entregaba en Puerto Rico. Si esto continúa, si es peor que lo que esperábamos, ¿el gobierno federal extenderá esos pagos? Pero Puerto Rico no es el único lugar con desempleo masivo, y hay probablemente habrá un diálogo nacional y una solución. Y además queremos que la gente vuelva a trabajar una vez empiece a arrancar la economía. Por ahora, hace mucha falta esa ayuda, y esos $600 semanales para cada desempleado son muy valiosos”, opinó.

La salud es prioridad

En cuanto al rol de la JSF de cara a los próximos meses, Jaresko opinó que lo más importante es ayudar al gobierno a “contener y mitigar la crisis de salud” y aseguró que los asuntos relacionados a las negociaciones con acreedores y restructuración de la deuda quedan a un segundo plano, por lo menos hasta que pase esta crisis y se tenga un panorama los más certero posible de cómo avanzará la economía.

“Lo primero es mantener a los puertorriqueños saludables, y por eso liberamos los $160 millones del fondo de emergencia para la mitigación y contención del virus. En segundo lugar, tenemos que apoyar el sistema de salud, la primera respuesta, y eso tiene que ver con todos los bonos y medidas que hemos explicado, así como suministros a hospitales, como otros $30 millones para suministros a hospitales no relacionados con el COVID y que no se han entregado. En tercer lugar, está ayudar a los que están en aprietos por las medidas de emergencias, entiéndase los empleados por cuenta propia y los pequeños negocios. Y en cuarto, hacer el mejor uso posible del dinero federal. Para lo que sea que Puerto Rico sea elegible, hacer el mejor, más rápido y más eficiente uso de fondos poniéndolo en las manos de la gente y los negocios”, afirmó.

De hecho, Jaresko aprovechó para anunciar que la JSF está habilitando un portal para orientar a la población sobre todas las asistencias disponibles para que cada persona pueda entender mejor qué puede solicitar o qué está disponible para su caso. Además, enfatizó, el portal un amplio reporte de cómo se está usando y distribuyendo el dinero.

“Está claro que en una emergencia hay que ser ágil y flexible, pero de todas formas necesitamos transparencia, rendición de cuentas, porque de lo contrario no tenemos integridad y perdemos la confianza de la gente. Así que vamos a poner toda la mayor información posible, para cualquier periodista, cualquier ciudadano pueda ver y tener la misma información que nosotros. Que cualquiera pueda ver cuánto se destinó a suministros, a comunicaciones, a la Guardia Nacional, en qué se está usando cada partida. Porque todos tienen derecho a saber”, aseguró.

“Y entonces, solo después que completemos todo eso, pues entonces podremos mirar al futuro. Sí, tenemos un mandato, de rendición de cuentas fiscales y reestructuración de deuda, y es algo que no podemos ignorar. Pero ahora mismo, todo lo anterior va primero. Y entonces, después, veremos lo que pase con la economía, las proyecciones, descripciones. Pero hay mucha incertidumbre, así que no tengo ninguna solución hoy. Sí necesitamos un presupuesto para el 1 de julio, porque necesitamos un presupuesto funcional no importa lo que pase. Pero hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cuánto tiempo estaremos en toque de queda, cuánto tiempo estará en toque de queda los Estados Unidos. No sabemos cómo será volver a la normalidad, o cuál va a ser la nueva normalidad. Y además tenemos que verlo todo en nuestro contexto y el contexto nacional. Así que se le puso pausa a la revisión del plan de ajuste, la negociación de la deuda de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), porque hay demasiada incertidumbre. Así que eso está al final de la lista en estos momentos”.

Pide cuentas por las pruebas

Por último, Jaresko abordó la situación de los recientes escándalos relacionados a las fallidas y controversiales compras de pruebas contra el COVID-19 y otros suministros médicos, y aunque dijo entender la necesidad de agilidad, afirmó que es necesario hacer un proceso en que se obtengan los mejores resultados y se rinda cuentas.

“Yo siento empatía por el gobierno, porque es un momento muy difícil. Entiendo el deseo de moverse más rápido, de manera más sencilla, más flexible. Incluso estuvimos de acuerdo con la orden ejecutiva en aras de más flexibilidad. Pero es importante que recibas calidad por lo que pagas, que tengas un contrato eficiente. Es importante cómo se hace ese proceso de solicitud. Porque ahora tenemos un contrato que no es contrato, no tenemos las pruebas. Y lo importante era tener esas pruebas. Y todo este tiempo se perdió, porque no se hizo un proceso de solicitud adecuado”, comentó.

“No sé qué sucedió exactamente, pero está claro que no tenemos las pruebas. Así que fue un proceso inadecuado. Así que mi reclamo al gobierno es, muéstrennos el proceso de solicitud. Quizás podemos ayudarlos a desarrollar un proceso ágil, flexible, rápido, sencillo, pero a la vez con rendición de cuentas. Que se sepa quién toma qué decisión en base a qué criterios, de manera que se puedan obtener los mejores resultados, que es la mayor cantidad de pruebas por tu dinero para poder usarlas en esta emergencia. Así que no es cosa de burocracia, sino de tener un sistema, procedimientos que nos den el mejor resultado, ágil, flexible, pero el mejor resultado que en este caso sería recibir las pruebas al mejor precio”, insistió Jaresko.

La directora ejecutiva dijo que, al momento, y luego de emitir una carta al gobierno pidiendo todos los documentos, le habían indicado que estaban muy ocupados y que estarían dispuestos a poner a alguien a explicar por teléfono. Pero insistió que quiere ver todos los detalles del proceso.

“Quiero ver quién aprobó qué y cuándo, quién pidió qué aprobación y cuándo, quién sugirió tal compra o tal suplidor, si se contactó a otros suplidores. Quiero ver cómo funcionó todo el proceso de compra detrás de esta situación. Me interesa tratar de corregir esto. Tenemos que aprendemos de los errores y mejorar, en lugar de seguir repitiendo los errores una y otra vez. Está claro que vamos a tener otras emergencias, y tenemos que tener un proceso que nos permita hacer las mejores compras posibles”, insistió Jaresko.