Los directivos de un Departamento de Seguridad Pública debilitado, con múltiples problemas para responder a las emergencias del pueblo, se presentará este martes ante el comité de transición.

La falta de agentes de la Policía para atender la criminalidad; la aceptación de parte del comisionado de Emergencias Médicas, Guillermo Torruella, de que el tiempo de respuesta para atender situaciones de salud está en 24 minutos, así como la reciente salida del Negociado de Ciencias Forenses, son aspectos que han limitado el éxito de este proyecto para agrupar las principales agencias de seguridad pública bajo un departamento creado el 10 de mayo de 2017 por el exgobernador Ricardo Rosselló.

Seguridad Pública opera bajo un presupuesto total de $24,683 millones. Las agencias que lo componen, tras la salida en verano pasado de Ciencias Forenses, son Negociado de la Policía de Puerto Rico, Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, Negociado de Manejo Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Negociado del Cuerpo de Bomberos, Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y el Negociado de Investigaciones Especiales.

El presidente del comité de transición, Ramón Luis Rivera, aceptó que interrogará a cada uno de los jefes de los negociados sobre la posibilidad de desintegrar el Departamento de Seguridad Pública.

Dijo estar inconforme con que Torruella haya aceptado a la prensa que el tiempo de respuesta de emergencias en de 24 minutos.

“La realidad es que el tipo de respuesta de un sistema de emergencias médicas debe estar, en caso de Puerto Rico, en unos 10 a unos 15 minutos. Luego que pasa de 15 minutos, cada minuto que pasa va en contra de la vida de la persona envuelta en el accidente”, estipuló.

Indicó que también desea conocer cómo está el fondo del 9-1-1. Es que del mismo se han sacado fondos para comprar de vehículos para la Policía y el Departamento.

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, no tocó estos temas más controvertibles en su ponencia. Sin embargo, se destacó una cita en la que defiende la permanencia de esta agencia.

“El Departamento de Seguridad Pública es un activo administrativo muy importante y útil que permite la maximización de recursos públicos. Como componente gubernamental, el Departamento cobra vida en medio de grandes emergencias que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de América, y la resiliencia de cada puertorriqueño que reside en nuestra isla”, señaló.

Mientras, al inicio de su presentación aceptó que la integración de las agencias “ha sido un proceso un poco lento, porque hemos estado manejando ciertas emergencias”.

Reveló que esa integración está a un 65% a casi cuatro años de la creación de la agencia.

El comisionado de la Policía, Henry Escalera, por su parte, informó que cuentan con 12,067 agentes, pero solo están activos 11,403.

“El trabajo se está haciendo”, dijo cuando se le preguntó si esa cantidad de agentes es suficiente.

Destacó que en este cuatrienio ha disminuido la criminalidad, con 25,000 delitos tipo I menos. Pero, a pesar de ello, no está conforme.

“Yo no estoy conforme, porque hay delitos en Puerto Rico. Una muerte que ocurra a un ciudadano es quitarle la vida, a una mujer, a un maltrato de violencia de género. Estamos esperanzados que Puerto Rico poco a poco, con los servicios de seguridad y con la cooperación del pueblo, siga mejorando la calidad de vida”, expuso.

Tanto Escalera como el comisionado de NMEAD, Nino Correa, dejaron en manos del nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, la decisión de si la agencia deba a no desaparecer.

Escalera destacó que el Departamento es de reciente creación y se le debe dar tiempo para que logre integrarse a cabalidad.