En medio de bocinazos de los camiones que arribaban a la zona de los muelles en la avenida Kennedy, en San Juan, a recoger carga, el liderato del Frente Amplio de Camioneros decretó este miércoles un “estado de emergencia” en la transportación pública.

Es que los camioneros, grueros y transportistas en general ven como una “amenaza” y una “provocación” el que la Junta de Supervisión Fiscal haya decidido dejar sin efecto las nuevas tarifas de acarreo aprobadas el año pasado por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), indicó el coordinador general de la organización, Víctor Rodríguez, en una conferencia de prensa.

Sin embargo, el grupo no anunció días para manifestaciones. Solo adviritieron que podrían paralizar al país, si se les elimina el aumento tarifario.

“Esta señora, (Natalie Jaresko), con esa Junta, toca un centavo de la tarifa y este país va a estar parado. Te lo dicen estas caras que por décadas han luchado”, puntualizó Rodríguez.

Añadió que “a nombre del liderato del Frente Amplio de Camioneros damos por comenzado el estado de emergencia y preparación para evitar que le quiten los derechos legalmente obtenidos a los camioneros, grueros, taxistas, servicio de ambulancia y demás sectores del transporte. Ustedes son el corazón de la patria. Todo lo que se mueve es por ruedas. Hoy más que nunca, solidaridad, unidad y lucha, que la victoria será nuestra como en el 1972, 1974, 1978 y 2005″.

La medida de los camioneros y transportista ocurre luego de que el pasado 26 de marzo la directora de la Junta, Natalie Jaresko, le enviara una carta al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, indicándole que “la Junta de Supervisión ha determinado que la Carta Circular (con la que se aprobaron las nuevas tarifas) es incompatible con el Plan Fiscal, perjudica o derrota los propósitos de PROMESA, viola PROMESA y no puede se puede implementar”.

“La negativa del NTSP de cumplir con las directivas de la Junta de Supervisión constituye una violación separada y continua del artículo 108(a)(2) de PROMESA. Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, incluida la presentación de una demanda en busca de todos los recursos y sanciones apropiados contra las entidades y funcionarios gubernamentales apropiados que surjan de tales violaciones intencionales y repetidas de PROMESA, de conformidad con las secciones 104(k), 108(a) y 204(b) de PROMESA, incluido buscar impedir la implementación y ejecución del Proyecto de Reglamento de 2020, la aplicación posterior de la Carta Circular u otros esfuerzos del NTSP para ajustar aún más las tarifas. Esperamos que tal acción sea innecesaria”.

Tal demanda, de la cual se hace referencia en la carta, no ha sido radicada.

Primera Hora espera por una reacción del NTSP para conocer qué acción se tomaría sobre la postura de la Junta de Supervisión Fiscal.

Por otro lado, el coordinador de organización, Carlos Rodríguez, explicó que desde el 2005 no se revisaban las tarifas del transporte público, hasta que el NTSP determinó en diciembre del pasado año realizar un reajuste de 35%. Este incremento, dijo, toma en consideración factores económicos y otros requisitos aprobados por ley.

Reclamó, de paso, al gobernador Pedro Pierluisi y a los legisladores que no permitan que la Junta detenga el aumento concedido.

“Siendo usted (Pierluisi) el representante de Puerto Rico en dicha Junta, le solicitamos con el mayor respeto a no permitir este atropello sin precedente”, señaló el coordinador de organización.

Rodríguez también alegó que la Junta quiere “llevarnos a un estado de esclavitud”, al dejar sin efecto las nuevas tarifas.

“Estamos preparando para dar la batalla, si es que llega ese momento. Si llega, sabemos que vamos a prevalecer”, puntualizó.

Por último, el coordinador de relaciones públicas del Frente Amplio, Edwin Marrero, afirmó que en el proceso de consulta que realizó el NTSP se le dio oportunidad a la Junta a comparecer, pero no asistieron.

“Lamentablemente, ahora si quieren cambiar la regla de juego tienen que ir al tribunal”, retó el transportista.

Estipuló que, si paralizan al país con una protesta masiva, la culpa será del gobierno.