El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli amplió la investigación que realiza la Secretaría de Asuntos Monopolísticos de la agencia sobre el acuerdo que puso en manos de las empresas de estibadores Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT) el control del Muelle de San Juan.

Aun cuando había expresiones anteriores en la agencia de que no había jurisdicción para intervenir en el asunto, el Secretario de Justicia instruyó a la oficina de asuntos monopolísticos a que expandiera la investigación, reveló hoy el secretario auxiliar de Asuntos Monopolísticos, Guarionex Díaz Martínez

“Emanuelli ha ordenado reevaluar y continuar con prioridad la investigación en todos sus ángulos posibles sin descartar una posible intervención”, dijo Díaz Martínez en una vista pública ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que también investiga el acuerdo entre las dos empresas.

El funcionario indicó que de determinarse que Justicia posee jurisdicción y está facultada para intervenir, el Departamento debe auscultar la legalidad o ilegalidad de la transacción. “Hay que recalcar que no toda fusión es ilegal, sino aquellas cuyo efecto pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio. Para ello, además de participación e índices de concentración, la transacción debe ser vista funcionalmente en el contexto particular de la industria en cuestión, en este caso la industria de transporte marítimo. Factores del mercado como su estructura, historia y posible futuro deben ser examinados”, sostuvo Díaz Martínez.

Para realizar el análisis económico correspondiente detalló que el Departamento de Justicia contrató el pasado mes de agosto al economista, José Alameda. Agregó que Alameda y la Oficina de Asuntos Asuntos Monopolísticos se encuentran analizando toda la información disponible para preparar un informe pericial.

“Este será un informe objetivo basado en las conclusiones del experto, sin predisposición alguna”, dijo pero advirtió que de ser necesario se radicarán las acciones que correspondan. “Si de la investigación no se justifica una intervención, ya sea por falta de jurisdicción o ilegalidad en los acuerdos, el Departamento referirá sus hallazgos a la FMC (Federal Maritime Commission) para la acción correspondiente. De cualquier manera, el Departamento de Justicia, responsablemente, culminará la investigación y dará a conocer sus hallazgos, todo dentro del marco de la ley”, sentenció.

A preguntas del presidente de la comisión de la Cámara, Luis Raúl Torres Cruz, el funcionario sostuvo que Justicia comenzó a investigar la transacción en marzo de 2019, bajo la incumbencia de la entonces secretaria, Wanda Vázquez Garced.

“Por expresiones del representante (novoprogresista) José Aponte Hernández y de MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos), (en 2020) se decidió abrir un expediente investigativo”, indicó Díaz Martínez, quien no entró en detalles amparándose en la confidencialidad del proceso.

”Se determinó primero (en Justicia) que no había jurisdicción, ¿quién lo dijo?”, le preguntó el representante Torres Cruz.

“No recuerdo”, respondió Díaz Martínez y el Presidente de la comisión legislativa le concedió un plazo de tres días para que les entregue copia del documento de Justicia en el que se determinó que la agencia no tenía jurisdicción para intervenir en la transacción.

El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz justificó por su parte, el acuerdo entre las dos empresas estibadoras y reclamó que el mismo fue aprobado por la FMC.

“Ese acuerdo fue bueno… En mi opinión fue un buen acuerdo para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Pizá Batiz en referencia al contrato de arrendamiento a 20 años de las facilidades portuarias.

Reconoció sin embargo, que con este contrato la Autoridad sólo retiene en su poder,19 (12%) de las 153 cuerdas que la agencia tiene en el muelle de la Capital. Unas 102 cuerdas fueron arrendadas a LAC y 32.5 a PRT.

“Ïnicialmente había dos alternativas, o Intership se quedaba con todo o se lo pasaba a Puerto Rico Terminals”, dijo Pizá Batiz.

“No está claro que es lo que está haciendo el Departamento de Justicia. Dice que está investigando, pero van a determinar primero si tienen jurisdicción o no y la jurisdicción no es otra cosa que la capacidad de poder llevar a cabo una acción gubernamental para luego intervenir”, expresó el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

En cuanto a la Autoridad de los Puertos, el legislador dijo que “no hubo ningún análisis ni ningún tipo de preocupación en el contrato de arrendamiento que se convirtió en un monopolio”.

“Esto tiene que ver con el Navy Frontier y todos los terrenos que son de la AP y que prácticamente, Puerto ha entregado los terrenos para el manejo de nuestros muelles de carga a unas compañías que se han unido para formar un oligopolio y que tienen el control absoluto de todo el espacio marítimo para recibir y sacar cargas de Puerto Rico”, dijo por su parte, el representante Torres Cruz.

“Eso es muy peligroso para nuestro País, pues hemos visto cómo un conflicto obrero patronal, entre la empresa LAC y la unión ILA (International Longshore Association), provocó un caos en Puerto Rico en un momento dado porque no estaban entrando las barcazas que traían furgones con mercancía internacional porque no había quién los descargara y también estuvieron a punto de perderse las cosechas de mangó que están listas para exportar de Puerto Rico a otras partes del mundo”, agregó Torres Cruz.