El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, confirmó a Primera Hora que la Ordenanza Municipal Número 33, aprobada el pasado 10 de febrero, le da la facultad para imponer medidas, como reducir la jornada laboral y de empleados, debido al Estado de Emergencia Fiscal en el Municipio. 

“No puedo anticipar (qué decisión tomaré) porque en este momento sería irresponsable de mi parte”, dijo el alcalde cuando se le preguntó qué podrían esperar los empleados.

Sostuvo que lo que sí puede decir con certeza es que “tenemos encima de nuestros hombros sobre $200 millones en deudas”.

La Ordenanza, firmada por Márquez este lunes, también autoriza la reubicación de empleados regulares en áreas de mayor necesidad de servicio. Esto es lo mismo que hizo el gobierno central con la Ley de Empleador Único. 

“Encontré un Municipio no quebrado, sino resquebrajado”, indicó sobre las condiciones en que halló el pueblo. Mencionó la falta de equipo, de vehículos, los ascensores dañados (hoy funciona uno de cuatro), así como problemas de recogido de basura y escombros, entre otros.

Actualmente, el Municipio tiene 796 empleados, 53 menos que los que encontró Márquez el 9 de enero cuando asumió el cargo. De estos, 348 son de carrera y 426 son transitorios. De esa última cifra, 180 no estaban presupuestados. Además, hay 22 de confianza.

Ya se había regado como pólvora entre los empleados que se había aprobado una ordenanza municipal y algunos dijeron que no es justo que a los permanentes se les reduzca el salario, sin tocar primero a los transitorios.

Sin embargo, el alcalde sostuvo que no se puede ubicar “en un análisis de esa magnitud, porque eso es, ‘después que yo esté bien, a mí no me importa el otro’… yo vine a trabajar con el conjunto de lo que representa el Municipio”.

Al indicar que para el 31 de enero los transitorios “pensaban que iban para la calle”, dijo que “hay que evaluar todo” antes de tomar una decisión, y que con tan pocos días en el cargo “no estamos listos para hacer una evaluación, porque encontramos 20 rollos”.

Márquez mencionó que para arreglar los entuertos que hay en el Municipio, ha estado visitando las diversas agencias, incluyendo al Servicio federal de Rentas Internas (IRS) -al que le debe $1.2 millones-, para trabajar en la reestructuración de la deuda.

Aseguró que lo ha logrado porque, por ejemplo, al IRS le está pagando al día el descuento que le hace a los empleados, pero la deuda la irán trabajando poco a poco, una vez ya tengan el próximo presupuesto.

“Tengo que establecer un presupuesto que tengo que presentarlo ya mismo, posiblemente en abril, y ya tengo que trabajar con proyecciones. Necesito hacer este tipo de gestión hoy para que me ponga en posición de ir haciendo los ajustes”, explicó. 

La Ordenanza, que fue aprobada con el voto en contra de las minorías y dos miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), deja claro que estarán exentos de recortes los miembros de la Policía Municipal, Oficina de Manejo de Emergencias y personal de confianza.

Sobre la razón para no tocar a este último grupo, Márquez aseguró que “ya de por sí disminuye su partida porque en su salario hay una reducción”. 

En cuanto a su salario, el documento establece que impartió instrucciones para que se le descontara el 20% del ingreso neto que le corresponde.

El alcalde aceptó que para poner el Municipio al día en cuanto al recogido de basura y limpieza, contó con la ayuda de sus homólogos de Bayamón, Ramón Luis Rivera; Héctor O’Neill de Guaynabo; Carlos López de Dorado, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. 

El de Corozal, Sergio Luis Torres Torres le ofreció ayuda para desyerbar caminos.