Los bonistas organizados de la Autoridad de Energía Eléctrica (Ad Hoc-AEE) ofrecieron este martes al gobierno puertorriqueño un préstamo que permita agilizar el restablecimiento del sistema eléctrico de la Isla a la mayor brevedad.

Se trata de un préstamo especial a entidades en estrés financiero y que en la jerga bancaria se conoce como DIP o “debt in possession financing” y según el grupo Ad Hoc-AEE, el dinero podría ayudar a reparar el sistema eléctrico tras el devastador paso del huracán María.

“Los bonistas de la AEE, consistentemente, han intentado trabajar constructivamente con la AEE, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para forjar un camino hacia la rehabilitación de las finanzas y las operaciones de la AEE y este compromiso (financiero) es reflejo de eso”, dijo en declaraciones escritas, el asesor financiero del grupo, Stephen Spencer, ejecutivo de Houlihan Lokey.

El grupo Ad Hoc-AEE prestaría unos $1,000 millones.

De acuerdo con la declaración de los bonistas, el financiamiento permitiría a la AEE cumplir con el requisito de pareo que requiere la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), sentando las bases para que la principal utilidad pública de Puerto Rico pueda acceder a fondos de emergencia en el orden de $3,000 a $9,000 millones.

El Ad Hoc-AEE no dio a conocer los términos específicos de la propuesta, pero se indicó que la AEE no pagaría principal o interés por un plazo de dos años.

Empero, entre las condiciones para el financiamiento, la AEE tendría que pagar unos $150 millones en bonos ya vencidos. Además, los bonistas estarían dispuestos a intercambiar otros $1,000 millones de la deuda vigente de la AEE aceptando un recorte de 15% en las nuevas notas DIP que se emitan. El recorte en principal sería similar al que antes había pactado en el Acuerdo de Reestructuración de la Deuda (RSA, en inglés) que fue rechazado por la JSF.

La oferta del Ad Hoc-AEE se produce un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares admitiera que Puerto Rico no podrá recuperarse del peor desastre natural que haya experimentado en décadas, a menos que reciba algún financiamiento de emergencia, lo que necesitaría el respaldo del Tesoro estadounidense y la Reserva Federal.

Puerto Rico atraviesa por un proceso similar al de bancarrota por no tener efectivo suficiente para pagar a los bonistas y ofrecer servicios a la población. 

Este martes, FEMA autorizó el pedido de Rosselló Nevares para que se exima a Puerto Rico de aportar el 25% del dinero necesario para responder por la emergencia causada por María. Sin embargo, no queda claro si esa exención es solo para gastos del gobierno central o si aplica también a corporaciones públicas como la AEE.

También surge luego de que el presidente Donald J. Trump dijera que se asistirá a Puerto Rico, pero el territorio debe cumplir con sus acreedores.

La AEE perdió al menos 55 torres de transmisión e incontables postes del tendido eléctrico tras el paso de María, dejando a oscuras al territorio donde residen 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses.

Rosselló Nevares ha admitido que el 100% de la red eléctrica está fuera de servicio y los primeros esfuerzos que se hicieron para restaurar la electricidad en hospitales, cosa que se hizo en el Centro Médico en Río Piedras y en el hospital San Pablo en Bayamón, así como al cuartel general de la Policía, fracasaron este martes, luego de que tales líneas quedaran fuera de servicio.

Una semana después del paso del huracán María, la AEE todavía no ha ofrecido un informe acerca del estado de la red eléctrica y tampoco un estimado preliminar de daños. Tampoco se sabe si los daños ocasionados por el huracán María solo se limitan a la red eléctrica o también afectó a las unidades generatrices.

El grupo Ad Hoc-AEE, que posee el 65% de la deuda emitida por la utilidad pública, intentó por espacio de tres años contribuir a la restauración de la corporación y llegar a un acuerdo en torno al pago de la deuda cuando no existía el mecanismo de ajuste provisto por PROMESA. 

Empero, en junio pasado, la JSF rechazó el pacto por entender que este terminaría encareciendo el coste de electricidad para los hogares y negocios en Puerto Rico.