Un grupo de bonistas jubilados acusó hoy al Gobierno de Puerto Rico de tratar de violar su propia Constitución al plantear la renegociación de gran parte de su deuda, incluidas las obligaciones generales, cuyo pago tiene garantía constitucional.

Según este grupo, el plan del Gobierno "carece de seriedad y establece una falsa elección para los políticos: o penalizar a los bonistas o enfrentar una quiebra desordenada".

"El Gobernador ha confirmado que planea violar la propia Constitución de Puerto Rico, lo que contradice sus promesas anteriores de que protegería la deuda Constitucional", dijeron en referencia a las obligaciones generales, un tipo de deuda cuyo pago, según la Constitución de la isla, tiene prioridad sobre cualquier otro gasto público.

Además, afirman que la propuesta de que "a él (el gobernador, Alejandro García Padilla) y a su equipo se le permita designar a una junta de control fiscal es de risa y carece de credibilidad ante los inversores".

Estos inversores insisten en que el Gobierno de la isla tiene que atajar seriamente el gasto público, "que es la verdadera raíz de los problemas de Puerto Rico".