Puertorriqueños enfermos.

Tras un análisis del trasfondo de los males de las campañas políticas en los últimos 28 años, el vicepresidente senatorial Orlando Parga anunció ayer que promueve una reunión para buscar “consenso cuatripartita” y actuar para “inhabilitar por abstención” el pareo de fondos públicos provisto por ley para el financiamiento de las campañas electorales.

“Reunirse para en consenso poner un tope al gasto de campaña para la Gobernación y de los alcaldes de ciudades acogidas al financiamiento electoral y abstenerse del subterfugio de los comités de acción política. Algo simple y sencillo”, dijo Parga en un emotivo mensaje al iniciar los trabajos la sesión senatorial de ayer.

La abstención estaría dirigida al pareo de hasta $4 millones en el caso de los candidatos a gobernador y otras cantidades para los candidatos a cuatro alcaldías incluidas en el “plan piloto” de financiamiento de campañas.

Parga dijo que envió comunicaciones en esa dirección al ex gobernador Rafael Hernández Colón; a dos populares mencionados como posibles candidatos a la Gobernación, Alejandro García Padilla y William Miranda Marín; al portavoz popular senatorial José Luis Dalmau; al candidato penepé a la Gobernación Luis Fortuño; al ex juez del Supremo y ex presidente del PNP Baltasar Corrada del Río; al alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill, y al presidente del Senado, Kenneth McClintock. Además, al candidato pipiolo a la Gobernación, Edwin Irizarry Mora, y a su presidente ejecutivo Fernando Martín García; y al presidente de Puertorriqueños por Puerto Rico, Rogelio Figueroa.

“No hay que legislar ni procrastinar en controversias que concluyan en nada. Solamente abstenerse de parear con fondos públicos la inversión económica con la que el sector privado querrá comprar influencias en el nuevo gobierno a constituirse en enero de 2009. Desactivado el incentivo para buscar y solicitar donativos al sector privado, comencemos a sanear la política puertorriqueña”, afirmó Parga.

Truena contra fanatismo

Inició su alocución con críticas duras a quienes a raíz de las acusaciones federales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá “se ríen... se burlan... se mofan… se alegran de la desgracia” de la primera familia del país.

“Esos que eso hacen son puertorriqueños enfermos. Padecen de una enfermedad contagiosa y epidémica que ha hecho mucho daño… la demencia del fanatismo político”, afirmó.

Hizo énfasis en que frente a esa “crueldad” se levanta “un estadista republicano en este hemiciclo para expresar condolencia y solidaridad para con la persona de Acevedo Vilá, con su esposa, con sus hijos, con su madre, con sus hermanas y para con los afiliados a su partido”.

Recalcó que “esto que ocurre al gobernador de Puerto Rico nos ocurre a todos… esto es una tragedia puertorriqueña… es una desgracia de todos los puertorriqueños”, al igual que habría constituido una “desgracia colectiva” si hubieran prosperado en el pasado acusaciones contra los ex gobernadores Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló.

Consignó Parga que Puerto Rico es “un pueblo humilde, trabajador, pacífico y manso, que de lo único que se ufana con orgullo prepotente es de ser honesto y decente. Esto que nos ocurre no es Puerto Rico”.

Vía libre a la corrupción

El problema, agregó, es que en los últimos 28 años “los partidos políticos que han sido herramientas de nuestro sistema democrático, y los líderes que elegimos bajo sus insignias, dieron espacio a tendencias y costumbres y mañas que son ajenas a nuestra cultura política”.

Advirtió que “el gasto extravagante multimillonario de las últimas siete campañas a la Gobernación y de las principales alcaldías, ha servido de avenida expreso para el tráfico pesado de la corrupción”.

Mencionó así, entre otros, la inversión ilegal de la empresa privada en las campañas electorales a cambio de contratos y de privilegios; la influencia inmoral de los dueños y accionistas de las agencias de publicidad en las decisiones financieras del Gobierno y en los proyectos de desarrollo público, y las presiones indebidas de bufetes de abogados que se transforman en bufetes de cabilderos para detener o adelantar proyectos de ley en la Legislatura o finalmente ahogarlos con el veto del Gobernador. Asimismo, habló de la creación y manejo clandestino de cuentas con sumas astronómicas de dinero en efectivo para el pago de bienes y servicios no permitidos por la Ley Electoral; del uso del dinero mal habido para cubrir lujos y deudas de los candidatos y sus ayudantes más cercanos; y de la ley de financiamiento de campañas que parea con fondos públicos los que haya recaudado el partido.