Varios senadores presentaron un proyecto de ley para evitar que se les cobre ilimitadamente cargos retroactivos a los clientes comerciales e industriales por errores de facturación que cometa LUMA Energy.

Los legisladores quienes presentaron el proyecto de ley son: Joanne Rodríguez Veve, Wanda Soto Tolentino, William Villafañe Ramos y Rubén Soto Rivera.

Rodríguez Veve explicó que la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, o la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, contiene un límite de 120 días a partir de la fecha de facturación para poder cobrar retroactivamente cualquier error de cálculo, que incluye errores en estimados de facturación a sus clientes. Sin embargo, esta protección en ley solo aplica a los clientes residenciales.

“Esto coloca a los clientes comerciales en una posición distinta a los residenciales en cuanto a que los primeros están expuestos a recibir facturas retroactivas sin límite de tiempo, lo que se traduce en cobros exorbitantes a causa de los errores del administrador del sistema eléctrico. Esta situación puede poner en peligro la estabilidad y continuidad de los negocios en Puerto Rico”, expresó Rodríguez Veve.

Por ende, la ley propuesta busca aclarar que cualquier cargo retroactivo en la factura de luz esté libre de pago de intereses, recargos o penalidades para todos los clientes.

“Los errores en facturación son cometidos por la Autoridad (de Energía Eléctrica) por falta de eficiencia y diligencia en sus trámites administrativos. Por consiguiente, esos errores no deben estar sujetos a penalidad alguna que afecte a los clientes”, comentó Soto Rivera.

Además, la ley atendería la razonabilidad de los planes de pago relacionados a los cargos retroactivos a causa de los errores en la facturación, de manera tal que, ante un cobro retroactivo, se acuerde un plan de pago que no imponga el pago de un depósito inicial.

“Es importante que el pago retroactivo de cualquier error en la facturación no termine afectando la capacidad de funcionamiento de los negocios o del acceso a energía eléctrica a nuestras familias, reconociendo que el rol principal del administrador es brindar servicios y suministros esenciales a los ciudadanos”, aclaró Villafañe Ramos.

“Esta legislación le hace justicia a todos los abonados que sufren día a día de facturaciones irrazonables y arbitrarias plagadas de ajustes, cargos e intereses a causa de una corporación pública que no piensa en el bolsillo de la gente, ni en administrar con coherencia. Los abonados ya están cansados de hacer reclamos y que no sean respondidos, esta medida le provee una herramienta más a los ciudadanos para enfrentar las imposiciones y cobros a manos de la Autoridad, por lo que tenemos el deber fiduciario y moral de respaldar toda medida en pro de nuestra gente”, agregó Soto Tolentino.