A un año de que miles de puertorriqueños se volvieran dependientes de los beneficios del desempleo regular y del programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés), el Departamento del Trabajo estableció una iniciativa digital para que los patronos denuncien a aquellos empleados que se niegan a regresar a sus trabajos con el fin continuar recibiendo su cheque de fondos federales desde su hogar.

Se trata de un portal para reportar empleados que se accede a través de la página del Departamento del Trabajo, trabajo.pr.gov., informó el secretario Carlos Rivera, durante una conferencia realizada en la sede del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

A preguntas de Primera Hora, Rivera aceptó que la iniciativa es una tardía. Se hace, luego de que los patronos denunciaran a unos 21,000 recipientes de estos beneficios del desempleo de forma esporádica y sin una canalización por su renuencia para retornar al trabajo o por acudir a su empleo y continuar con los beneficios federales concedidos a causa de la crisis económica ocasionada por el COVID-19.

“La razón de por la que se hace es porque es el requerimiento federal. Ahora lo requiere el gobierno federal. Coincido con su apreciación de que la fiscalización nunca está de más y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora”, sostuvo.

El plan presentado y que busca lograr que principalmente los trabajadores de la industria privada regresen al empleo presencial depende de la respuesta de los patronos. Estos debe a que el hacer la denuncia de la falta de respuesta que tienen de sus empleados le toca a ellos.

“Aquí el perjudicado, precisamente, con lo que tiene que ver con el desempleo es el propio patrono. Si ese patrono no notifica que esa persona no cualifica o no está en cumplimiento con la ley, al final del día el patrono es quien va a asumir ese costo y le va a salir más caro y va a tener que pagar esa póliza... Si él no notifica que esa persona reclama y no le corresponde, a la larga va a tener que pagar ese costo de la póliza. Le va a salir más caro hacer negocio en Puerto Rico”, sostuvo.

Esta denuncia del patrono, dijo Rivera, llevará a que la agencia inicie una investigación en contra del empleado. Dijo que la agencia tiene la autoridad de suspenderles los beneficios del desempleo al beneficiario mientras ese proceso se lleva a cabo.

“Es nuestro compromiso, primero, dar estos beneficios a todos los reclamantes que cumplan con los requisitos en ley y que se han visto afectados por la pandemia. No obstante, mientras se hagan estos desembolsos se estará fiscalizando la otorgación de estos beneficios en cumplimiento por lo exigido por el gobierno federal. Exhortamos a todos los patronos, a que notifiquen mediante el portal del patrono a aquellas personas que determinen no regresar a trabajar sin una razón legítima en ley”, sentenció.

Actualmente, quedan unas 168,000 personas recibiendo el desempleo en la Isla, 100,000 de estos corresponde al PUA.

Según cálculos provisto por el secretario del Trabajo y del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, a una persona se le hace más beneficioso recibir el PUA que regresar al trabajo. Explicó que por el beneficio federal se le concede $540 semanales, mientras que trabajando por el salario mínimo ($7.25) recibiría $287 semanales.

Cidre destacó que, por tal razón, su agencia y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, cabildean en el Congreso para lograr que los beneficiarios de ayudas federales no sean penalizados por trabajar.

Entretanto, las razones legítimas que tiene los recipientes del desempleo y PUA para negarse a acudir a trabajar van desde que está contagiado o algún familiar cercano fue diagnosticado con coronavirus, no tiene escuela ni cuido disponible para sus niños y que un empleado denuncie efectivamente que en su lugar de trabajo no se cumplen con las medidas requeridas para evitar los contagios.

La excusa de que no están vacunados en contra del COVID-19 no es válida, señaló el titular.

“La vacuna no es necesaria”, precisó, al indicar que los trabajadores pueden ofrecer acomodo razonable si les preocupa no estar vacunados o no interese vacunarse.

Por otro lado, Rivera indicó que, desde abril pasado, que comenzó a abrirse el mercado laboral, han recibido 21,000 denuncias de patronos que no han logrado que sus empleados regresen a trabajar.

“Hay 21,000 casos del sector privado, mayormente, donde han objetado cargos. Donde han venido patronos indicando que estas personas están alegadamente recibiendo beneficios y que no cumplían con los requisitos en ley. Ahora, con este sistema, vamos a poder entonces establecer esos números de una manera más clara”, comentó.

Indicó que hay casos de personas que cobraban dinero del patrono, pues regresaron a trabajar mientras recibían los beneficios del desempleo. Indicó que, en casos como esto, el Departamento del Trabajo ha comenzado un proceso de recobro de dinero.

Rivera también indicó que los empleados se exponen a ser descalificados para recibir beneficios del desempleo en un futuro o hasta ser investigados de manera criminal si cometieron algún fraude a leyes federales o estatales.

Pero, lo más que destacaron Rivera y Cidre, es que estos trabajadores se exponen a no tener un lugar donde trabajar una vez culmine el beneficio del PUA y de desempleo regular a causa del coronavirus. La fecha establecida para vencer estos programas es el 6 de septiembre próximo.

“La pregunta es: ¿Qué van a hacer las personas cuando se acaben estos beneficios? ¿A dónde van a acudir? ¿Su patrono existirá? Porque eso es otro asunto. Hay patronos ahora mismo que no están pudiendo operar, no por el COVID, sino porque no consiguen empleados. A lo mejor cuando ese trabajador vaya a tocar la puerta de su patrono, ya ese patrono no existe”, puntualizó Rivera.