La Federación de Maestros de Puerto Rico calificó de favoritismo político el tratamiento que el exsecretario del Trabajo, Miguel Romero, les dio a los dueños del periódico El Vocero, que recibieron millones de dólares de su agencia a pesar de incumplir requisitos de ley, y lo acusó de conspirar para destruir el gremio de educadores.

“Quien juró, como secretario del Trabajo, proteger y defender a los trabajadores, permitió que El Vocero no enviara a Hacienda las retenciones contributivas que le hizo a sus empleados, fallando malamente en sus funciones ministeriales”, señaló mediante comunicado de prensa la presidenta de la FMPR, María E. Lara Fontánez.

La maestra comparó ese proceder irregular con el que tuvo Romero, ahora secretario de la Gobernación, con los directivos y la matrícula de la FMPR.

“Mientras este corrupto funcionario trata con guantes de seda a los empresarios de El Vocero, conspiró con el secretario de Educación para quitarle el reconocimiento como organización bonafide a la Federación de Maestros y eliminar el descuento de cuotas a los miembros de nuestra organización, desde hace dos años. No conforme con esa repugnante acción represiva que dejó sin empleo a más de 30 trabajadores, el secretario Romero apoyó la destitución y cancelación de por vida de los certificados docentes de 11 dirigentes de la FMPR que están impedidos de trabajar como maestros y mantener a sus familias”, indicó Lara Fontánez.

Una investigación de El Nuevo Día publicada desde este miércoles reveló que con la anuencia del Gobierno y a pesar de tener una deuda contributiva multimillonaria, la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz del periódico El Vocero, ha recibido más de $24.9 millones en fondos públicos a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales, económicos y laborales, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de los Estados Unidos.

Los incentivos comenzaron a recibirlos desde el 2006, cuando gobernaba el estadolibrista Aníbal Acevedo Vilá, y el secretario del Trabajo era Miguel Velasco.

En abril del 2009, cuando ya gobernaba el novoprogresista Luis Fortuño y Romero ocupaba la secretaría del Trabajo, la administración de El Vocero cambió su estructura corporativa y creó nuevas empresas mediante las cuales tuvieron acceso a los incentivos para pagar su nómina y operaciones. Desde ese año hasta el presente, el grupo de nuevas corporaciones ha recibido a través del DTRH, de municipios y de consorcios municipales, más de $17.6 millones en fondos federales y estatales.

 Esto, a pesar de que la empresa acumula deudas de $17,422,239.89 con el Departamento de Hacienda a partir del 2003 hasta el 2012, por no pagar las retenciones contributivas que realizó a los salarios de sus empleados y el 7% retenido a los contratos de servicios profesionales, así como otras contribuciones aplicables; $1,978,778.87 con el municipio de San Juan por el impago de patentes municipales; $687,817.05 con el DTRH por no pagar la aportación para el desempleo y una deuda de $1,052,366.70 con el Fondo del Seguro del Estado, la cual obedece al impago de primas y a servicios médicos adeudados.

“La conducta del ahora secretario de la Gobernación lo retrata como un funcionario politiquero y represivo que no tiene el más mínimo respeto por las leyes que juró defender, enemigo de los trabajadores, dispuesto a todo para favorecer a los allegados políticos y ricos contribuyentes del partido de gobierno”, agregó la líder magisterial federada.