El representante popular, Luis Vega Ramos, envió hoy  cartas al gobernador Luis Fortuño, a la presidenta de la Cámara, Jennifer González, y al director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (APP), David Álvarez, para que ejerzan su deber ministerial de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y revalúen el contrato que privatizó las autopistas PR-22 y PR-5.

Tras consignar que este es “un mal negocio” para el pueblo de Puerto Rico, Vega Ramos cuestionó el contrato de la APP mediante el cual se entregaron las vías PR-22 y PR-5 a manos privadas que, dijo, “significa la pérdida de sobre $90 millones para la Autoridad de Carreteras (ACT) que está comprometiendo casi la mitad de sus ingresos con la transacción”.

Explicó que la oferta realizada por el consorcio de Autopistas Metropolitanas y acogida por el Gobierno, fue dar un pago inicial de $1,080 millones y destinar $346 millones para mejoras y mantenimiento para las autopistas prorrateadas por los próximos 25 años.

Vega Ramos también advirtió que el contrato conllevará aumentos en el pago anual de un conductor promedio de $161 para el 2014 a $738 en el 2016 y subsiguientemente hasta el 2052.

El legislador popular indicó que el acuerdo con la empresa privada dispone que el Gobierno es responsable de recuperar el 100% de los ingresos perdidos a causa de personas que pasen por el peaje sin pagar. Además, dijo que el contrato establece que la ACT deberá remitir todo ese ingreso al privatizador en o antes de 30 días, y de no hacerlo se expone a pagar intereses.

Las pérdidas se estiman en $1.2 millones al año, acotó.

“El Pueblo de Puerto Rico será responsable de pagar por los que no pagan el peaje, asumiendo el costo total por las gestiones de cobro a esas personas y sin costo alguno para el privatizador. Esto es un mal negocio para Puerto Rico”, afirmó.

Según Vega Ramos, “entregar nuestros recursos e infraestructura que generan ganancias para el gobierno y ayudan a mantener las operaciones de otras facilidades trae consigo consecuencias muy peligrosas para el futuro cercano y compromete nuestra capacidad económica de pagar las deudas contraídas por las agencias y corporaciones del Gobierno”.

Añadió que a consecuencia de este mal negocio la ACT perderá la mayor parte de sus ingresos para ser otorgados a empresas privadas fuera de la isla que solamente están obligadas a invertir apenas $346 millones en infraestructura en 25 años, o sea $13 millones anuales.

“Vale destacar que esta operación generaba ya $90 millones para el gobierno que ahora se los lleva el privatizador. Además, el Gobierno deja establecido un aumento anual en los peajes por los próximos 40 años a partir del próximo cuatrienio”, manifestó el representante popular.