La Comisión de Energía de la Cámara de Representantes aprobó esta mañana, en una sesión de trabajo (mark up session) un proyecto de ley del representante independentista Denis Márquez Lebrón que busca crear una comisión especial para atender y revisar de forma exclusiva los casos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), movilizados a otras dependencias del gobierno como parte de la transición al contrato de Luma Energy.

La medida recibió ocho votos favor en la votación interna de la comisión legislativa. El portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García dijo que el proyecto podría ser llevado a votación al pleno de la Cámara hoy mismo.

“Esperamos que el Senado lo atienda prontamente y pase a la firma del gobernador, Pedro Pierluisi”, sostuvo el presidente de la Comisión de Emergía, Luis Raúl Torres, quien dijo que en la Cámara tiene al menos 26 votos para prevalecer. El legislador popular indicó que a la medida se unieron unos 15 legisladores como coautores. “La delegación penepé fue la única que no se hizo parte”, indicó Torres.

Márquez Lebrón, por su parte, emplazó al gobernador a “hacerle justicia” a la clase trabajadora de la AEE. “Ayer estuve en vista pública con la Comisión Apelativa del Servicio Público y reconoció que ya se han radicado 2,900 casos de la movilidad de la AEE y también reconoció que no tienen recursos en el presupuesto asignado, que se ha reducido para este cuatrienio, no tienen suficiente personal y siguen arrastrando más de ocho mil casos sin resolver, unido con esos casos”, dijo el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Sostuvo que ha recibido datos de que en la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), “hay 800 casos que llevan más de 10 años sin resolverse y alrededor de 1,500 que llevan entre seis a 10 años sin resolverse. Esa es la realidad patética de esa agencia”, sostuvo Márquez Lebrón.

La Resolución Conjunta 157 crearía la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de Movilidad de los Empleados de la AEE y de ser aprobada la medida legislativa, el organismo determinará si procede revocar o confirmar las acciones de movilidad notificadas a los empleados por la Oficina de Administración y Recursos Humanos (OTARH). La comisión especial eximiría a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) de revisar “la avalancha” de estos casos nuevos.

“Esta comisión especial estaría atendiendo exclusivamente los casos de la AEE. No estaría atendiendo casos tortuosos ante el CASP, donde hay casos que tienen 13 años y hay otros que nunca se han resuelto. Esta medida es para crear una comisión especial que justa y diligentemente atienda las reclamaciones que surjan a los fines de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores de la AEE”, dijo el representante del PIP

”Dijo que la Ley 20 de 2018 sobre la privatización de la AEE “obligaba un plan de movilidad y no lo hicieron, así como un plan de adiestramientos “y eso no existe ni por los centros espiritistas”.

Márquez Lebrón explicó que la comisión que propone para atender los casos estaría integrada por tres comisionados y agregó que se podrían contratar examinadores adicionales.