El proyecto 950 del Senado, para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”, fue aprobado -30 votos a favor diez en contra- en la tarde de hoy, jueves, en la Cámara de Representantes.

El proyecto que restringe el aborto a mujeres menores de 18 años (tendrían que ir a un tribunal a pedir un permiso para poder abortar si sus padres o tutores no consienten) fue aprobado sin vistas públicas en ese cuerpo.

Los senadores populares, Luis Raúl Torres y Brenda López le votaron a favor; y el independentista Denis Márquez, así como el resto de la delegación del Partido Popular Democrático le votaron en contra.

También el voto explicativo de José Torres Zamora fue en contra.

La senadora Nayda Venegas, autora de la medida dijo estar complacida con la aprobación y mencionó que ahora el “proyecto pasará ante la consideración del gobernador, Ricardo Rosselló, quien tendrá ante sí una medida de justicia, salud y protección para las mujeres y niñas... Este es un proyecto totalmente constitucional".

Rosselló ha dicho que no firmará ningún proyecto sobre el aborto que choque con la jurisprudencia federal que reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre si termina un embarazo.

El representante popular Luis Vega Ramos reaccionó en contra de la medida porque se aprobó “fast track, sin vistas, sin enmiendas” y sin circular un informe positivo entre los miembros de la minoría de la Comisión de Gobierno de la Cámara.

Expresó que ese cuerpo “actuó irresponsablemente renunciando a su deber de legislar con conocimiento… El proyecto no fue a vistas públicas… La Cámara de Representantes se allanó irresponsable y vagamente al proceso del Senado”.

Argumentó que los artículos 12 (abortos en menores de edad) y 13 (niño sobreviviente del aborto) son “nuevos, delicados y muy controversiales. (El primero) tiene que ver con crear un proceso judicial para que una menor que quiere practicarse un aborto pueda ir a contravenir la voluntad de sus padres y ni tan siquiera se planteó que para que una menor pueda ir a un tribunal -a pedir lo que sea- tiene que ir con sus padres”.

Preguntó si alguien “sabe lo traumático que debe ser para una menor ir por sí sola a buscar un abogado para que ese abogado vaya a defender su derecho de ella demandar a sus padres. Eso por lo menos ameritaba una vista pública para escuchar al Departamento de Justicia”.

Sobre el artículo 13 dijo que “lo primero que tienes que tener es una discusión jurídica, médica y científica sobre cuál es el momento donde empieza la vida. Precisamente en el Código Civil que se discutió la semana pasada tuvimos todo un debate por los cambios controversiales que se le quiere imponer a esto. Entonces, esto se trae por la cocina para tratar de relitigar peleas que ante el Supremo de los Estados Unidos se han perdido ya”.

Agregó que “todas las mujeres en Puerto Rico… (se merecían) que estos dos artículos tan delicados tuvieran un mínimo de vistas públicas para que los funcionarios del Gobierno dieran explicaciones…”.

Por su parte, el representante Denis Márquez dijo que "este proyecto lo que pretende es adelantar una visión ideológica y una visión religiosa… no tiene ningún interés, ningún propósito de política pública”.

Cuestionó “cuál es el problema de política pública, de crisis social con respecto al derecho a la mujer sobre su cuerpo y el tema del aborto… Ahora mismo, en este país, no hay ningún problema, solamente el asunto lo traen aquellos que tienen la obsesión religiosa fundamentalista de trastocar los derechos de la mujer”.

Mencionó que más allá de artículos como el 12 y 13, la medida “es un atentado contra los derechos humanos a la altura del siglo 21, que se pongan todas esas restricciones, que se establezcan todos unos criterios de letreros en clínicas de aborto, que se establezca un procedimiento judicial absurdo para que una menor de edad obtenga una autorización para un aborto”.

Insistió que esto último “es un castigo cruel, inusitado contra la gente pobre”.

"Tata" lo defiende

De su parte, la representante novoprogresista María Milagros Charbonier dijo que le parece extraordinario que “se haya podido lograr esto [la aprobación de la medida]. Después de tantos años, donde de manera discriminada se estaba llevando a cabo esta práctica le hemos puesto unas cortapisas y hemos protegido el derecho de la mujer a terminar con su embarazo, pero dentro de unos parámetros establecido”.

Menciono que le parece “extraordinario limitar lo que tiene que ver con los menores porque sencillamente son nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar informados de eso [referente al aborto] porque a la larga algo que salga mal ahí le va a corresponder al padre o a la madre resolver la situación de la niña que tome esa decisión”.

Agregó que el PS 950 “no limita el derecho al aborto, pero sí pone cortapisas a la situación que estamos viviendo en Puerto Rico y en otros estados que está el elemento que no hay récord medico; no hay garantía de que el Departamento de Salud pueda estar mirando estas clínicas [donde se practican los abortos]”.

Sobre el que una menor tenga que acudir a los tribunales, Charbonier sostuvo que “es un procedimiento expedito, de 10 días… (la joven) le plantea la situación al juez y el juez decide. Claro, tiene que llevar al padre, pero eso no es la única situación donde tú llevas a un padre a un tribunal… Eso son garantías que le damos para no cerrarle la puerta de que el menor logre esa oportunidad. en este caso el derecho que tiene de decidir abortar”, agregó.