La Cámara de Representantes aprobó hoy, martes, una medida que busca enmendar la Ley de Máquinas de Juegos de Azar a fin de garantizar a los retirados de la Policía de Puerto Rico un pago de al menos un 50% de sus pensiones.

La medida recibió 28 votos a favor y cuatro en contra. Dieciocho (18) representantes estuvieron ausentes.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1593, que fue enmendado en sala, pretende beneficiar a los policías retirados, incluyendo aquellos que se vieron afectados con la Ley 3-2013. Luego de aprobada la enmienda, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció su voto a favor de la medida.

No obstante, los representantes del PNP, Wanda del Valle Correa y José Aponte Hernández votaron en contra, al igual que los representantes Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad.

“Voté en contra a ese proyecto y a la ley original de las Tragamonedas porque me parece que es una terrible política publica promover los juegos de azar como una fuente de financiamiento público”, sostuvo Márquez Lebrón.

Indicó el portavoz del PIP que radicará “un voto explicativo, porque estoy a favor de mejorar las condiciones de los trabajadores de los empleados públicos, pero este no es el mecanismo”.

La Comisión de Turismo y Cooperativismo, que evaluó la medida, presentó un informe positivo. El representante José “Cheíto” Rivera Madera, quien preside la Comisión, señaló en el informe que “conforme a los recaudos recibidos de las máquinas de Juegos de Azar en Ruta, los recaudos gubernamentales no se afectan, ya que el ingreso estaría disponible en el fideicomiso creado a esos fines”.

“Esta acción amplía más aún el compromiso ineludible de esta Asamblea Legislativa con nuestros ciudadanos que batallaron por años defendiendo la vida y propiedad de nuestro pueblo”, dice la exposición de motivos del PC 1593, de la autoría de los representantes Rivera Madera y José “Memo” González Mercado.

La Cámara aprobó también de forma unánime la Resolución Conjunta de la Cámara 441 para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), la cantidad de $100,000 al Centro Guarionex en Utuado para la construcción y reparación de su sede.

Además, la Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Burgos Muñiz presentó un informe final sobre la Resolución de la Cámara 40, que ordenó realizar una investigación sobre la accesibilidad y alcance de todos los servicios ofrecidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a los menores, jóvenes adultos y adultos sordos que se encuentran recluidos en las instituciones correccionales del país.

En el informe, Burgos Muñiz concluyó que el DCR “cuenta con las herramientas y está en la búsqueda de estrategias para servir a la población correccional con discapacidad”. Detalla el informe que la población con discapacidad auditiva se compone de 12 personas. “A estas personas se les brindan los servicios según los protocolos en aras de garantizar la igualdad en oportunidades, especialmente dirigidas a la rehabilitación y desarrollo”, agrega el documento legislativo.