La Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de ley que flexibiliza algunos términos para la parte obligada a pagar una pensión alimentaria al excluir del cómputo los ingresos no recurrentes y aumentar el nivel de reserva que el progenitor alimentante puede conservar para cubrir el resto de sus obligaciones.

La medida del representante Carlos Vargas Ferrer fue aprobada con 41 votos a favor y nueve en contra, a pesar de la oposición de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y las reservas expresadas por el Departamento de Justicia. El representante popular Charlie Hernández se inhibió.

Además, la aprobación ocurre en momentos en que ASUME y la Oficina de Administración de los Tribunales (OACT) se encuentran en pleno proceso de revisión de las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1472 enmienda la Ley Orgánica de ASUME para definir el término de "ingreso no recurrente", que según una enmienda incluida a última hora por Vargas Ferrer serían aquellos recursos "que cualquiera de las personas recibe una vez sin la expectativa de volver a recibirlos".

Ese dinero no podría incluirse en el cálculo general de la pensión alimentaria, aunque se establece que el alimentante deberá aportar 5% de la totalidad neta de esos ingresos no recurrentes. Durante el análisis de la medida, el Departamento de Justicia rechazó esa disposición por entender que contradice la definición de "ingresos" que contiene la referida ley orgánica.

De igual forma, la pieza legislativa establece que "la reserva de ingresos para que el alimentante pueda cubrir sus necesidades básicas será por la cantidad que ASUME establezca vía reglamento". Pero nunca podrá ser menor al 50% del ingreso neto de ese progenitor ó de $615, lo que sea mayor.

La medida se fundamenta, según su exposición de motivos, en que a pesar de que la Ley Orgánica de ASUME dispone que el padre o madre alimentante aportará la manutención de sus hijos en la medida en que sus recursos lo permiten, "en muchos casos las pensiones alimentarias que se establecen exceden los recursos económicos del alimentante, aun con la reserva de ingresos establecida por las Guías Mandatorias para el Sustento de Menores".

El proyecto también dispone sobre las circunstancias en las que no se impondrán honorarios de abogados, y autorizaría a los examinadores de pensiones alimentarias a considerar como parte de su informe los asuntos de custodia o patria potestad, así como las relaciones paterno o materno filiales que las partes hayan acordado.

De otra parte, la Cámara le dio paso, en votación 29-22, a la resolución conjunta que autoriza a la Autoridad de los Puertos a tomar a préstamo, a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), casi $41.4 millones para cumplir con su parte del acuerdo mediante el cual la empresa Lufthansa Technik establecerá en el aeropuerto regional Rafael Hernández de Aguadilla un centro de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de aviones.

La medida dispone que el pago de la obligación autorizada se consignará en el presupuesto general de gastos del Gobierno desde el año fiscal 2016-2017 hasta el año fiscal 2045-2046.

La pieza fue rechazada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

"Esta medida es sumamente riesgosa. No hay garantías que abonen a que el pueblo de Puerto Rico pueda obtener una ganancia neta que no sea la expectativa de cierto número de creación de empleos, pero sí le estaremos regalando a una compañía extranjera $41 millones para que venga aquí a crearle expectativas al pueblo puertorriqueño", argumentó el representante Carlos "Johnny" Méndez, portavoz alterno de la minoría novoprogresista.

Mientras, la Cámara aprobó con 28 votos a favor y 23 en contra una legislación para ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones a desarrollar e implantar en los procesos electorales del 2016 el sistema de escrutinio electrónico. La pieza, que se originó en el Senado, fue emendada para disponer, entre otras cosas, que el mecanismo se sufragaría con fondos correspondientes al presente año fiscal o cualquier otra fuente de recursos con la que cuente el organismo electoral.