En momentos en que han aumentado los ataques cibernéticos contra agencias del gobierno, la Cámara de Representantes aprobó hoy con un proyecto para establecer mediante ley la política pública para proveer seguridad a los datos gubernamentales.

La pieza legislativa crea el cargo del Principal Oficial de Seguridad Cibernética (Chief Information Security Officer) en el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y la Oficina para la Evaluación de Incidentes Cibernéticos. Se establece en la medida que las agencias del gobierno estarán en la obligación de colaborar con la PRITS y con el Principal Oficial de Seguridad de Información. La medida, que pasa a la evaluación del Senado, es de la autoría del representante, Jesús Manuel Ortiz González y se unieron como coautores, los novoprogresistas, Jorge Navarro Suárez y José Aponte Hernández.

En enero de este año se habían detectado 254.2 millones de amenazas d ataques a los sistemas de computadoras del gobierno.

Actualmente, el PRITS no cuenta con un jefe. En abril de este año el Senado no dio paso al nombramiento de Nannette Martínez Ortiz como directora ejecutiva de la agencia.

“Al aprobar esta medida, esta Asamblea Legislativa sostiene que todos los ciudadanos tenemos una vida digital que debemos proteger, por lo que el gobierno tiene que servir de escudo para proteger la información del gobierno y de sus ciudadanos, para que los constituyentes se sientan seguros en el mundo digital y también nos encamina a llevar a Puerto Rico al siglo 22 de manera segura y confiada”, dijo el representante Ortiz González.

El legislador dijo que la medida acogió múltiples enmiendas sugeridas a lo largo de las vistas públicas y consultas ciudadanas. “El producto final en esta medida es uno de consenso y recoge la mayoría de las preocupaciones que tenían tanto las compañías y asociaciones dedicadas a este tema como las agencias de gobierno concernidas”, sostuvo.

Expresó también que actualmente la ciberseguridad es un tema atendido únicamente por órdenes ejecutiva. “Actualmente, no existe política pública que regule este tema. Es importante aprobar esta medida en ambos cuerpos legislativos para que nuestra gente esté más segura en los ciberespacios”, indicó Ortiz González.

Se quedó pendiente en la sesión de la Cámara de hoy, el Proyecto de la Cámara 1676, que busca agregar mayores limitaciones para el financiamiento de campañas políticas.

La medida que propone enmiendas a la Ley 222-2011, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Públicas”, fue radicada por el vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela Fernández, a petición del contralor electoral, Walter Vélez Martínez.