Con el rechazo de la minoría novoprogresista y un debate de más de tres horas, la Cámara de Representantes aprobaría esta noche una medida a fin de derogar las dos leyes que crean la comisión de cabilderos de la estadidad y facultan al gobernador Pedro Pierluisi a convocar cualquier consulta de status sin el aval de la Asamblea Legislativa.

La medida (Proyecto de la Cámara 21) se convirtió en la primera aprobada por la presente Cámara y hace patente la lucha partidista que se avecina entre la Legislatura y el Ejecutivo. Aunque el proyecto sea avalado por el Senado, la minoría penepé hizo claro que no será firmada por el gobernador Pierlusi.

“Es un proyecto politiquero que ustedes saben que no va a llegar a primera base, que es para las gradas y que quiere impedir la voluntad del pueblo en las urnas”, dijo el portavoz alterno de la minoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

“Las elecciones vienen ya mismo, a los que tienen sus chaquetas y corbatas se los advierto. Esto pasa rapidito”, advirtió Rodríguez Aguiló, quien era el portavoz de la mayoría en diciembre pasado cuando se aprobaron las dos leyes que fueron firmadas por la exgobernadora Wanda Vázquez en sus últimos días en La Fortaleza.

“En estas elecciones el pueblo de Puerto Rico decidió votar por otro tipo de políticos, por políticos que respetan la diversidad”, expresó en su turno la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, quien dijo que ella es independentista y su compañero de partido José Bernardo Márquez Reyes es estadista y aunque difieren en ideología, pueden trabajar juntos en un mecanismo de consenso.

“En eso es que debemos dirigirnos en esta legislatura, a un mecanismo de consenso, que el resultado sea vinculante y que el pueblo sepa por lo que está votando. El pueblo no va a seguir votando por estilos de confusión”, dijo la legisladora, quien al igual que Márquez Reyes abogó en su turno por la asamblea constitucional de status como mecanismo para afrontar el problema del status político de Puerto Rico.

“Como estadista tengo que decir que estas dos leyes no se hicieron bien. Su historial habiendo sido aprobadas por una legislatura que perdió su mandato legislativo el mismo día que prevaleció la estadidad y que por eso delegó muchas facultades en el Ejecutivo, será cuestionado en Washington, como está siendo cuestionado en Puerto Rico”, indicó Márquez Reyes.

“No me generan ninguna satisfacción las formas y maneras del proceso legislativo, pero esta medida es cónsona con mi partido, le voy a votar a favor”, expresó por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

“No se han montado en el avión todavía y ya le están diciendo allá que no van a atener el problema, que no hay suficiente consenso en el País”, dijo el legislador pipiolo. “Los emplazo a de una vez atender el problema colonial de Puerto Rico”, sostuvo para agregar que el inmovilismo “es la manifestación más clara del cáncer político”.

“La elección de cuatro delegados a la Cámara y dos al Senado federal es inconsecuente y constituye un gasto de fondos públicos”, expresó la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos. Hizo claro que, aunque es estadista, el proceso para atender el problema del status debe ser vinculante y en consenso con las otras ideologías.

“El problema de la estadidad es el PNP, se mofan de ellos”, indicó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. “No sean burdos, que sea un proceso verdaderamente vinculante”, sostuvo.

“Hay que trabajar con el status, pero en un proceso inclusivo”, dijo el representante popular, Kebin Maldonado Martiz, quien abrió el debate de la medida y como presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Status y del Veterano rindió el informe positivo de la pieza legislativa.

“Quieren atender la situación del status, pero a la vez quieren seguir retrasándolo. Hay una incongruencia entre la palabra y la acción”, reclamó a su vez, el representante novoprogresista, José Aponte Hernández.

“Si quieren seguir amarrando el status en la estaca del inmovilisimo y la desaparición del Partido Popular, esos son otros 20 pesos”, sostuvo Aponte Hernández.

La discusión del proyecto de ley comenzó cerca de las 3:30 de la tarde y al cierre de esta edición, continuaba el debate.

Se acordaron cuatro horas de debate, pero el debate total sería de más de nueve horas ya que además del Proyecto 21, la mayoría parlamentaria se disponía aprobar esta noche sendas resoluciones que buscan citar a los secretarios de Salud, Carlos Mellado y de Educación, Elba Aponte a una sesión de interpelación ante el cuerpo legislativo sobre los planes del gobierno de reanudar en marzo las clases presenciales en el sistema público de enseñanza, mientras apenas ha iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Igualmente, serían aprobadas otras dos resoluciones de investigación sobre alegadas irregularidades en las primarias del 9 de agosto y las elecciones generales y en torno al manejo y operación de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) del evento electoral.

“Aquí se va a debatir hasta que nos salgan callos en la lengua. Que se acostumbren los que lo hacían a espaldas del País”, dijo el portavoz de la mayoría, Ángel Matos García al replicar a Rodríguez Aguiló, quien acusó a la delegación popular de legislar “en la oscuridad de la noche”.