Un proyecto de ley que obliga a parientes del gobernador de turno, que trabajen en la oficina del Ejecutivo en La Fortaleza, a someter informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), se aprobó hoy a viva voz, con enmiendas y sin debate, en la Cámara de Representantes.

La medida, Proyecto de la Cámara 505, fue enmendada en el hemiciclo para que también vengan obligados a rendir informes financieros a la OEG los parientes de miembros de la Asamblea Legislativa y de Alcaldes que trabajen en la Legislatura, judicatura, municipios y corporaciones públicos.

Pierluisi dijo hoy que firmaría la medida si se incluía a todo pariente de un funcionario electo, sea legislador o alcalde. El P.C. 505, que cruza al Senado, es del vicepresidente de la Cámara, José Varela Fernández y del presidente del cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez.

La pieza legislativa, de convertirse en ley, forzaría a Caridad Pierlusi, hermana del gobernador Pedro Pierluisi, a radicar informes ante la OEG.

Aunque labora como encargada de la Oficina del Gobernador, Caridad, no rinde informes a la OEG, pues la oficina eximió a la publicista al comenzar el cuatrienio de hacerlo. Caridad Pierluisi, quien dirigió la campaña electoral de su hermano a la gobernación, ha dicho que se encarga de asuntos administrativos de personal en la Mansión Ejecutiva y de la agenda del Gobernador, sin devengar sueldo.

La Cámara también aprobó hoy, tres de los cuatro proyectos anticorrupción que impulsa al grupo Somos Más, una organización sin fines de lucro que se identifica como un grupo de “cambio social y político” compuesto por estudiantes y jóvenes profesionales voluntarios.

La cuarta medida, Proyecto de la Cámara 1012, que busca prohibir los donativos de dinero en efectivo en las campañas políticas, no se bajó a votación.

Fueron avalados el Proyecto de la Cámara 1013, que impide la contratación de empleados o exempleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con un periodo de dos años fuera de la posición; el Proyecto de la Cámara 1014 que enmienda la Ley de Reclamaciones Fraudulentas para facilitar que cualquier persona que tenga evidencia de fraude con fondos públicas pueda ir directamente a un tribunal para recuperar el dinero a nombre del pueblo de Puerto Rico, así como, el Proyecto de la Cámara 1015, que persigue crear un “Hatch Act” criollo para prohibir que empleados y contratistas de agencias públicas lleven a cabo gestiones políticas en horas laborales y otro de los proyectos, prohíbe el atornillamiento de empleados de confianza en puestos de carrera.

“Tal y como se ha manifestado en las pasadas semanas, Puerto Rico se posiciona como la décima jurísdicción con más casos de corrupción gubernamental en todos los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción en tan solo los últimos 10 años. Sin embargo, la aprobación unánime de nuestros tres proyectos en la Cámara evidencia que somos más quienes ya no toleramos ese tipo de atropello en nuestra isla”, expresó el portavoz de Somos Más, Johnny Rullán Schimdt.

Agregó que la aprobación de las medidas representa “una victoria para la ciudadanía puertorriqueña al mostrar nuestro potencial para influir en la política pública de Puerto Rico sin necesidad de ser partido ni ocupar un escaño político”.

Rullán dijo que el P. de la C. 1012 que prohíbe las donaciones en efectivo a campañas políticas, aún se mantiene en la Comisión de lo Jurídico “con detalles técnicos por resolver y anticipamos que sea aprobado de igual modo en las próximas sesiones al contar ya con el aval de representantes de los cinco partidos”.

La Cámara también aprobó a viva voz, en la sesión de hoy, un proyecto (P.C. 1219) que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de asignar los recaudos por concepto de patentes municipales de los servicios de telecomunicaciones brindados a clientes fuera de Puerto Rico, al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), para que sean transferidos, en partes iguales, a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, gremios que reúnen a los alcaldes populares y novoprogresistas.

“Todo el mundo conoce que ambas organizaciones están creadas por organismo políticos y aquí se está legislando para que la administración de fondos públicos vaya a entidades privadas con fines políticos”, cuestionó el representante independentista, Denis Márquez Lebrón.

Igualmente, fue avalada una resolución que ordena a la Comisión de Integridad Pública a realizar una investigación de los métodos de financiamiento público de las campañas políticas en otras jurisdicciones y cómo se pudieran implementar en Puerto Rico.

Se derrotó el Proyecto del Senado 78 que proponía que los naturópatas licenciados, no doctores, puedan recetar suplementos de grado profesional y ordenar pruebas de laboratorios clínicos.

La representante novoprogresista, en un turno en contra, dijo que la medida había sido enmendada hoy mismo y que no había tenido tiempo de evaluarla. “En dos minutos yo no puedo hacer un trabajo responsable porque estaría fallándole a los licenciados y a los doctores”, indicó la legisladora.

Cuando la medida fue derrotada, médicos que se encontraban en las gradas, algunos con sus batas blancas, aplaudieron. En el otro cuadrante de las gradas, se encontraban los naturópatas.

“Esto no se trata de desconfianza y de que no creamos que (la naturopatía) es una alternativa positiva. Esto se trata de alguien que estudia Leyes, pero no pasa la reválida”, sostuvo Ramos.

En la abultada agenda de hoy, la Cámara también consideraba, ya en horas de la noche, el proyecto de reforma a la Ley de Permisos.