Con votación final de 26-19 y dos abstenciones, la Cámara de Representantes aprobó hoy, viernes, el polémico proyecto que crearía la Ley de Sustentabilidad Fiscal y Operacional.

La votación se produjo con las gradas llenas de miembros de las uniones que representan trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que por ratos lanzaron consignas en contra de la medida y al final del proceso concentraron sus ataques sobre los legisladores.

Los dos votos abstenidos fueron de los representantes Carlos Bianchi (PPD) y Lourdes Ramos (PNP), ambos empleados de la AEE en licencia sin sueldo de esa corporación pública.

Tal y como se había adelantado, el representante Manuel Natal votó en contra de la medida. La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó también en contra de la legislación.

El proyecto aprobado hoy, viernes, en la Cámara de Representantes, que ahora pasa a la consideración del Senado, crea lo que se conocerá como la “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

La legislación avalada incluye numerosas enmiendas que le introdujeron los representantes de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), pero mantienen el objetivo de recortar gastos por $1,357 millones para el presupuesto del próximo año fiscal 2014-2015.

En un aparte con periodistas el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, resumió las principales enmiendas que se le introdujeron al proyecto de administración.

Destacó entre estas la eliminación de la potestad del Gobernador de Puerto Rico para extender la duración de esta ley más allá de los tres años dispuestos. En caso de que fuera necesaria su extensión tendría que hacerlo la Asamblea Legislativa.

También se incluyó la disposición para que se recorte en un 10% los contratos de servicios profesionales en todas las agencias, con algunas excepciones que se establecen en la propia legislación.

Se le ordena a las agencias además, someter en 90 días un informe que detalle todos sus contratos y las acciones que han tomado para el recorte allí donde proceda.

Igualmente, agregó Perelló, se incluyó la enmienda para que los pagos acumulados por licencias de vacaciones y enfermedad no utilizadas no se pierden y podrán ser utilizados o cobrados al momento del retiro o luego que expire la ley.

Otra enmienda resaltada por el presidente cameral extiende a 60 días el periodo que tendrán los sindicatos para negociar con sus respectivos patronos las economías alternas que se puedan realizar en la corporación para evitar o reducir el recorte en los beneficios ya negociados.

Los Recortes 

La propuesta de economías y recortes contenida en el proyecto son las siguientes:

$337 millones: Costos de nómina por la no concesión de aumentos en beneficios económicos ni compensación monetaria extraordinaria, reducción empleados de confianza y congelación puestos vacantes

$132 millones: Congelación de aumentos por fórmula en la UPR, Rama Judicial y Municipios

$296 millones: Reducción en el Departamento de Educación (transporte escolar; nómina de maestros por retiro; reubicación de estudiantes (cierre de escuelas) y no contratación en plazas que no son importantes.

$100 millones: Reducción en asignaciones especiales

 $45 millones: Reducción en el presupuesto de la Rama Judicial, Asamblea Legislativa y entidades autónomas

$63 millones: Reducción en gasto de servicios profesionales y comprados, pago de utilidades

$92 millones: Modificación de aportaciones adicionales al Sistema de Retiro

$59 millones: Reasignación de Fondos Especiales Estatales en agencias del Gobierno Central para el pago de demandas contra el Estado

$233 millones: Ajuste en corporaciones públicas: reducción gastos de nómina; contratos servicios profesionales; redistribución de recursos para sufragar obligaciones afines en el Fondo General; eliminación de subsidios; medidas adicionales de ingresos y ahorro en ASEM.