En lo que pudiese representar un nuevo retraso en la entrada en vigor de la ley que impone la prohibición en el uso del plástico de un solo uso, la Cámara de Representantes aprobó en la sesión de ayer, jueves, una medida que detiene la imposición de multas a partir de este próximo primero de julio por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La propuesta, en esencia, haría que estas multas inicien a partir del 1 de enero de 2027.

Este no es el primer retraso que registra la Ley 51 “para Prohibir el Expendio y Utilización de Plásticos de un Solo Uso en Todo Local Comercial, de Venta y Distribución Autorizada a Realizar Negocios Conforme a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

La regulación fue firmada en el 29 de junio de 2022 establecía que la prohibición se suponía entraría en efecto a partir del 1 de junio de 2024. Luego, la imposición de multas se retrasó para diciembre del 2024. A días de entrar en vigor, se volvió a cambiar para el 1 de julio de 2025.

La exsecretaria del DACO, Natalia Catoni, aceptó a finales de enero que la agencia no estaba preparada para comenzar a imponer multas. Aludió a que DACO no tiene capacidad para fiscalizar a los restaurantes y otros comercios, debido a la falta de empleados.

Para esa fecha también se determinó dejar sin efecto la interpretación que se realizó para orientar a los comerciantes sobre las alternativas ecoamigables que tenían disponibles para sustituir el plástico. Desde entonces, no se ha vuelto a realizar otra nueva interpretación de la ley para orientar a los comerciantes qué tipo de productos sustituirían el plástico de un solo uso.

A días en que se supone que DACO empiece a dar multas, que van desde $500 hasta $5,000 por violación, la Cámara aprueba el proyecto de la Cámara 277, una medida presentada por la representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez. La misma busca detener la implementación de multas y la prohibición del uso de plásticos de un solo uso establecida por la Ley 51-2022 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta medida debe ser aprobada por el Senado y firmada por la gobernadora Jenniffer González para poder entrar en vigor.

El proyecto de ley lo que propone es la creación de un Comité de Trabajo multisectorial que evaluará nuevas alternativas sostenibles, incentivos, programas educativos y mecanismos de reciclaje que no impongan cargas desproporcionadas sobre los sectores económicos más vulnerables.

“Estamos buscando que se proteja el ambiente, se fomente el reciclaje y se promuevan prácticas sostenibles, pero no a expensas de nuestros pequeños y medianos comerciantes, que a su vez se ve reflejado en los precios de nuestra gente”, expresó la representante Tatiana Pérez Ramírez en declaraciones escritas.

Añadió que, “si el precio incrementa para el comerciante, quien sufre esto es nuestro bolsillo, el de los consumidores”.

La representante explicó que la medida busca establecer un balance responsable entre los objetivos ambientales y la realidad económica de Puerto Rico, promoviendo un enfoque inclusivo que permita a todos los sectores ser parte de la solución.

El Comité de Trabajo que establece la legislación contará con representantes del sector público, la industria, organizaciones ambientales y entidades con peritaje en desarrollo económico y reciclaje. Este comité deberá presentar un informe con recomendaciones a la Asamblea Legislativa no más tarde del 30 de junio de 2026.