Una medida de administración que permitiría la “expedición inmediata” de las órdenes de protección ex parte solicitadas al amparo de la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54-1989) fue avalada este lunes por la mayoría cameral.

“En ciertas ocasiones no se expiden las órdenes de protección a pesar de los reclamos de la víctima, pues el tribunal entiende que el peligro no es inminente o que la conducta y la situación no lo amerita”, lee el Proyecto de la Cámara 416, medida presentada por la gobernadora Jenniffer González.

El proyecto fue aprobado de forma unánime con 45 votos.

La legislación dispone que a toda víctima de violencia doméstica que solicite una orden de protección ex parte se la expida inmediatamente. También establece que los magistrados deberán, como requisito, hacer constar por escrito las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho.

Una orden de protección ex parte es una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en ausencia de la alegada parte agresora, luego de escuchar a la parte peticionaria y hacer una determinación provisional sobre los hechos.

En el 2024, en Puerto Rico, se reportaron 6,094 incidentes de violencia doméstica de las cuales 24 resultaron en asesinatos, según la exposición de motivos de la medida.

“Aunque ha sufrido algunas enmiendas, es importante el hecho de fundamentar por escrito la decisión del tribunal en cuanto a la expedición de una orden de protección”, alertó la legisladora popular Sol Higgins al consignar el voto a favor de la delegación.

La orden de protección de forma ex parte, lee la propuesta, podrá ser emitida si se determina que existe la probabilidad de que dar notificación previa a la parte peticionada provocará el daño irreparable o cuando la parte peticionaria demuestre que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato.

Asimismo, la legislación integra un articulado para disponer que en toda orden de protección emitida, incluyendo las órdes de protección ex parte, el le tribunal ordenará a la parte promovida la entrega de cualqueir arma de fuego.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, consignó su voto a favor de la medida, pero tachó de “preocupante” la cantidad de cambios “desarticulados” que ha sufrido la Ley 54. Dijo que el estatuto ha sufrido más de 45 enmiendas desde su aprobación, muchas de ellas “innecesarias”.

“Muchas de ellas no han tomado en cuenta la complejidad de la violencia doméstica y el impacto en quienes las reciben”, expuso Gutiérrez. “En la medida en que pongamos parchos y enmiendas a esta ley, podemos provocar que el carácter de la medida pierda su efectividad”, apuntó.

A educar sobre violencia doméstica

Otra medida avalada por la Cámara, también de forma unánime, fue el Proyecto del Senado 432, para que el sistema de educación judicial ofrezca -al menos dos veces al año- adiestramientos en el tema de violencia doméstica a todos los jueces y juezas.

“Esta exigencia responde a la necesidad de que el componente judicial esté actualizado y sensibilizado ante la complejidad de los casos, garantizando así un acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas”, dispone el informe positivo emitido por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara.

El documento consignó que, según datos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), desde el inicio del 2025 hasta el mes de abril, se registraron 1,833 incidentes de violencia de género en el país.

Como parte del trámite legislativo, el juez Sigfrido Steidel, director de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), señaló que, desde el 2003, el Poder Judicial cuenta la “Academia Judicial Puertorriqueña”, un programa educativo que ofrece cursos, conversatorios, talleres y seminarios sobre diversidades de materias, incluyendo la violencia de género.

Opinó, sin embargo, que las determinaciones sobre el establecimiento de estos programas académicos, su frecuencia, así como su administración deben estar, como es al presente, en manos del Poder Judicial. Afirmó, además, según recoge el informe, que la OPM colabora de forma rutinaria en el ofrecimiento de dichos adiestramientos.