La Cámara de Representantes comienza a evaluar hoy en vistas públicas el controvertible proyecto del Senado 1050, que busca agilizar y liberalizar los procesos para la obtención legal de armas de fuego, mientras persisten dudas en legisladores de mayoría y de minoría.

Uno de los objetores de la medida senatorial es el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, quien considera que la solución al alza criminal “no es abrir la puerta para que todo el mundo tenga un arma”.

“Yo tengo reparos con eso, pero se le va a dar el proceso de vistas públicas y al final tomaremos una decisión sobre ese proyecto”, indicó Méndez ayer en un programa radial (WKAQ Radio). “Creo uno tiene que tener cuidado con liberalizar el que una persona pueda tener armas de fuego… Lo estamos viendo en los Estados Unidos, en los diferentes estados donde tú con una licencia de conducir puedes ir a comprar un arma de fuego hasta en Walmart y creo que con eso hay que tener mucho cuidado”, sostuvo el líder legislativo.

La pieza de ley fue aprobada en el Senado en noviembre, en los últimos días de la pasada sesión ordinaria y la Cámara la dejó sobre la mesa. En ese momento, el proyecto no tenía los votos de la mayoría novoprogresista, recordó el vicepresidente de la Cámara, José “Pichy”Torres.

“En el caso mío voy a verlo completo, voy a escuchar las vistas, a los sectores porque también está la parte del pueblo que entiende que en términos de criminalidad tenemos que hacer algo. Aunque yo no necesariamente creo que porque tengamos criminalidad tenemos que liberalizar el que todo el mundo tenga un arma”, dijo.

“Vengo de una familia donde se practicaba el deporte (de tiro al blanco). Papi, que en paz descanse, perteneció al Club de Tiro de Jayuya, era tirador, en mi casa había armas, pero yo nunca he tenido armas, le tengo mi respeto”, indicó Torres.

Otro representante penepé, Juan Oscar Morales, también expresó dudas. “La duda que yo tengo es que parece que el proceso es demasiado fácil poder obtener un arma. Hay que tener unas garantías”, expresó Morales.

Otros novoprogresistas como Frankie Atiles dijo que favorece la medida, pero con enmiendas para que se haga más accesible al ciudadano la portación de armas, “con unos parámetros de seguridad”.

El representante José Aponte dijo que no estaba “amarrado ni en una forma ni la otra”, mientras, “Quiquito” Meléndez, también de la Palma expresó que aunque favorece la medida “hay que mejorarla”.

“No hay ninguna intención de llenar las calles de armas, pero cualquier ciudadano que tenga el deseo de portar un arma de fuego que pase el crisol, el background  check, pueda ejercer su derecho. Esto no es cuestión de votos, es cuestión de que la segunda enmienda de Estados Unidos, establece eso como un derecho”, sostuvo Meléndez.

Pero, el representante independentista Denis Márquez apuntó que la medida levanta muchas preocupaciones. “Creo que hay gente en Puerto Rico que debe tener ese privilegio de tener armas y de tener incluso portaciones, pero debe ser un proceso altamente regulado por el Estado y altamente fiscalizado. En un país donde la violencia arropa tanto y donde hay tantos problemas de ansiedad, de salud mental, son asuntos que me preocupan”, dijo Márquez. Añadió que la medida hay que verla junto con las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal que amplían el concepto de legítima defensa.

Por su parte, el representante popular, Jesús Manuel Ortiz, favoreció “conceptualmente” el proyecto, aunque dijo que tiene que evaluarlo “para ver si las enmiendas en el camino, afectan el espíritu de la medida”. Sostuvo que el proceso debe ser “uno regulado y que la vez, sea accesible”. 

El proyecto reduce de 120 días a entre 10 y 15 días el periodo máximo que tendrá la Policía para otorgar una licencia de armas. Con la medida también se elimina la investigación de campo que tiene que hacer la Policía sobre cada solicitante. La medida también reduce el comprobante para solicitar una licencia de armas de $100 a $60, de los cuales $10 se destinarán a la Federación de Tiro; y el costo de la licencia de portación baja de $250 a $50.

Si se aprobara la pieza legislativa tal y como está, el solicitante sólo tendría que cumplir con presentar un certificado negativo de antecedentes penales y la Policía tendrá que comprobar, vía electrónica, si a la fecha de la solicitud, el peticionario no ha sido convicto, o no se encuentra acusado o en proceso de juicio por alguno utilizando para ello los sistemas disponibles, incluyendo, el Registro Criminal Integrado, el National Crime Information Center o el National Instant Criminal Background Check.

A las vistas están citados hoy, los departamentos de Seguridad Pública, Justicia, Corrección y Rehabilitación, Negociado de la Policía, la Administración de Servicios Contra la Adicción y Salud Mental (Assmca) y la Administración de los Tribunales, entre otros.

Continúan el jueves con el Colegio de Abogados, Asociación de Psicología, Sociedad para la Asistencia Legal y la Corporación de Servicios Legales.