La Cámara de Representantes derrotó esta noche con 43 votos en contra y cero a favor, una resolución conjunta que asigna $750 millones de fondos públicos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para las operaciones de la empresa LUMA Energy.

Dos legisladores, la representante novoprogresista Lourdes Ramos y el popular Eladio Cardona Quiles, se abstuvieron por haber sido empleados de la AEE. La medida (Resolución Conjunta de la Cámara 39) fue colgada cerca de las 9:30 de la noche tras un debate de alrededor de tres horas.

La asignación de fondos, que sería transferida del fondo general del presupuesto de gastos del gobierno al fondo de reserva de la AEE, fue requerida a la Cámara por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La JSF le dio a la Legislatura hasta mañana, 13 de mayo, para que apruebe la resolución que contiene la asignación de fondos.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que la resolución fue bajada al hemiciclo “para que se cuenten los votos para la historia, para que cada uno de los 53 miembros de la Cámara conste en el récord, si están a favor o en contra”. En horas de la mañana fue aprobada en votación interna en la Comisión de Hacienda, pero los legisladores de la mayoría popular anticiparon que la colgarían en el pleno.

“Esto no es un issue de LUMA, de la AEE, es de dónde están sacando los chavos, del fondo general, del dinero que con muchos sacrificios ustedes están pagando contribuciones, le privaron de servicios, y ahora aparecen no para resolver los problemas de infraestructura de Puerto Rico, sino para dárselos al privatizador”, indicó en un turno en el debate el líder legislativo.

“Estos 750 millones han salido de la nada para respaldar esta transacción… Este el dinero que no le ha llegado a la gente humilde en los últimos cuatro años y se han ido acumulando. Este no es el dinero para la deuda, son sobrantes. Decidieron no aportar a los planes de retiro ni a los planes médicos de los empleados ni al sistema de salud pública”, dijo Hernández.

“Pedro Pierluisi no ha dejado de ser abogada de la Junta y abraza el atropello de su directora ejecutiva Natalie Jaresko”, sostuvo.

“Todo indica que la mayoría vamos a votar en contra de esa asignación. Es lo sensato. Los $750 millones los va a imponer la Junta, esa es la realidad”, dijo por su parte el representante independentista, Denis Márquez Lebrón. “Hasta yo puedo proponer los $750 millones para remodelar El Morro o para ponerle escaleras eléctricas al Yunque, pero ni eso podemos hacer”, sostuvo el legislador pipiolo.

“A nombre de los colmillús, de los grandes intereses, para eso es que está la Junta y de alguna forma van a imponer los $750, irán al tribunal. Tienen todos los poderes para hacer eso”, expresó Márquez Lebrón.

El portavoz de la minoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez, reclamó que las imposiciones de la JSF son a consecuencia del status colonial de Puerto Rico. “Yo jamás hubiera radicado una medida así, porque va en contra de mis principios”, dijo Méndez. “No le puedo votar a favor a esta imposición de la Junta”, agregó.

El representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló propuso una enmienda que fue derrotada, a fin de que los $750 millones fueran reasignados para pagar la deuda acumulada de los empleados del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE.

“A ese sistema de retiro no ha aportado desde 2014 y está a punto de colapsar. Se dice que la deuda es de $650 millones. Nosotros identificamos una fuente de repago. Este es el momento de cambiar el día triste que ustedes mencionaron para convertirlo en un histórico. Es una enmienda de buena fe. Vamos a dejar la politiquería a un lado”, reclamó Rodríguez Aguiló.