Luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón indicara que no se inclina a firmar el Proyecto del Senado 615, la Cámara de Comercio de Puerto Rico se sumó al creciente coro de voces que rechazan la medida, alegando un potencial impacto en el costo de las telecomunicaciones y su efecto en la brecha digital.

La medida, que fue aprobada en Cámara y Senado, se presentó a petición de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y establece, entre otras cosas, una definición de “canal de voz” que ha sido ampliamente cuestionada porque podría suponer mecanismos adicionales para que los municipios cobren más a las empresas de telecomunicaciones, lo que a su vez, generaría un incremento en las tarifas de los consumidores.

Diversas organizaciones del sector empresarial, tecnológico y profesional han unido esfuerzos junto a la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) para solicitar que la medida sea vetada.

Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, advirtió que la propuesta tendría un impacto directo en el bolsillo del consumidor, al extender el concepto de “canales de voz” a los teléfonos móviles. “Se busca imponer un impuesto sobre más de cuatro millones de teléfonos celulares en la Isla. Esto no solo castiga aún más a los consumidores, sino que también ampliará la brecha digital, alejándonos del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones”, expresó.

El presidente de la APT, Pedro G. Andrés, recalcó que el proyecto afectaría no solo a los usuarios, sino a la economía en general. “Este proyecto no solo afectaría al consumidor puertorriqueño, sino que tendría un impacto directo en múltiples sectores económicos del país. Es una medida que crea un efecto en cadena perjudicial para la economía, la inversión y la estabilidad de servicios esenciales”, afirmó.

A esas preocupaciones se sumaron otros líderes del sector privado. El CPA Kenneth Rivera-Robles llamó a la prudencia fiscal al señalar que el sistema contributivo en Puerto Rico ya es demasiado costoso y no debe asumir nuevas cargas sin un análisis riguroso.

Desde el sector tecnológico, Gail Nolan, CEO de PR 5G Zone Inc., alertó que el PS 615 podría revertir los avances que han hecho de Puerto Rico un destino atractivo para la inversión. “El crecimiento económico depende de políticas favorables para los negocios. Esta medida amenaza con encarecer los costos de hacer negocios y debilitar nuestra competitividad”, señaló.

También se destacó el impacto social del proyecto. Alfredo Calderón, vicepresidente de Internet Society Puerto Rico, advirtió que el impuesto propuesto limitaría el acceso a internet, afectando la educación, el empleo y la participación ciudadana.

La medida fue aprobada sin vistas públicas.