Como parte de la investigación que se realiza contra LUMA Energy, la Comisión cameral de Gobierno recibió ayer de parte de la empresa y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la información de las transacciones económicas entre las partes.

El voluminoso documento, dijo el presidente de la Comisión, Víctor Parés, incluye los estados bancarios, así como todos los recibos de depósitos y certificaciones de transferencias para el periodo que comprende los años 2021 hasta el 2025.

La información les fue requeridas a las partes en una vista publica que se realizó la semana pasada.

Parés precisó que los documentos los recibió ayer la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Esta estará a cargo de su evaluación con el propósito de determinar cuál parte tiene la razón en cuanto a la disputa pública sobre una alegada deuda de $750 millones que tiene la AEE con Luma, operador privado de la red de transmisión y distribución.

“Como parte de nuestra investigación en torno al denuncia hecha por ejecutivos de Luma de que la AEE tiene una deuda millonaria con ese operador privado, la Comisión de Gobierno requirió, bajo juramento, la entrega de todos los estados bancarios desde del 2021 hasta el 2025, esto con el fin de adjudicar quien dice la verdad. Tanto la AEE como Luma hicieron entrega de esos documentos”, comentó Parés.

“Esos documentos fueron catalogados y enviados a la OPAL, quien cuenta con el personal técnico y pericial para realizar un detallado estudio de los movimientos de esas cuentas bancarias, incluyendo transferencias y depósitos. Se van a revisar cada depósito hecho por Luma a la AEE y las transferencias de la AEE al operador privado, entre otras transacciones. De esta forma tendremos un panorama certero de lo sucedido y podemos explicarle al Pueblo quien le fallo”, destacó.

De inmediato, no se dio a conocer el contenido de los datos suministrados por las partes.

Según se explicó en comunicado de prensa, el pasado martes, 28 de octubre, la Comisión de Gobierno celebró una vista pública donde comparecieron ejecutivos de Luma, la AEE y el Zar de Energía, Josué Colón, para determinar quién tiene la razón en la controversia presupuestaria.

“La OPAL es un ente imparcial en esta disputa entre Luma y AEE y sus informes son utilizados como base por la Junta de Supervisión y Administración Financiera en toda legislación de impacto fiscal y/o económico. Cuando terminen de evaluar la data, crearán un informe con conclusiones reales, y el mismo lo vamos hacer público de manera expedita y con todos sus anejos”, estipuló Parés.