La Cámara de Representantes aprobó este lunes una medida para eliminar los beneficios de los límites de responsibilidad civil por impericia médica del Estado Libre Asociado en 20 instalaciones privadas, que fueron reconocidas en el pasado cuatrienio como Centros de Trauma.

El Proyecto de la Cámara 193 supone nulidad en los límites de compensación por impericia médica en casos de pacientes atendidos en esos centros desde el 27 de junio de 2011.

El límite máximo de compensación de $75,000 por paciente en casos de impericia médica para el Estado, se hizo extensivo a centros privados mediante una enmienda al Código de Seguros, pero la medida de la autoría de la representante popular Lydia Méndez, deja sin efecto el artículo sobre límites de responsabilidad en el Reglamento 8131 del Departamento de Salud.

La legislación fue defendida por la delegación popular y rechazada por los representantes novoprogresistas, cuya portavoz Jenniffer González, opinó que la medida "no es buena" porque atenta contra los pacientes que residen fuera de la zona metropolitana y va en contra de las promesas de garantizar mejores servicios médicos a toda la población.

González cuestionó que se derrotara una propuesta para hacer prospectiva la medida, según lo propuso el representante Ricardo Llerandi, del Distrito de Arecibo, y estimó que debe existir la intención de proteger a alguien con algún litigio millonario por impericia.

El representante popular Efraín de Jesús, del Distrito de Mayagüez, mientras defendió el Proyecto de la Cámara 193 al subrayar que es justo eliminar la categoría de Centro de Trauma a instalaciones médicas que realmente no lo son porque se trata meramente de salas de estabilización donde los pacientes de trauma en la práctica son referidos al Centro Médico de Río Piedras.

De Jesús sostuvo que el único Centro de Trauma debidamente certificado en Puerto Rico se encuentra en el Centro Médico de Río Piedras, y su distrito está en vías de lograr certificación de uno en el Centro Médico de Mayagüez.

"Tener salas de estabilización, como ocurre en uno que otro hospital privado, no las convierte en Centros de Trauma", dijo el legislador al repudiar que se extendiera la inmunidad del Estado a instituciones privadas.

El coautor de la medida agregó que la legislación aprobada en el pasado cuatrienio "desprotegió a los pacientes frente a la impericia médica", al imponer límites máximos de compensación que ahora quedarían eliminados, cuando el proyecto cameral sea aprobado por el Senado y endosado por el Gobernador.

Según de Jesús, como nunca las 20 instalaciones privadas en cuestión fueron realmente Centros de Trauma, cualquier reclamación de impericia médica en las mismas no estaría sujeta a los límites dispuestos en el pasado cuatrienio.

"Lo nulo no genera derecho", argumentó el legislador cameral.

Protocolo de muerte cerebral

La Cámara de Representantes también aprobó un proyecto que crea un comité asesor para revisar el protocolo médico sobre determinación de muerte cerebral a los fines de evitar controversias sobre el retiro de pacientes conectados a ventiladores artificiales en los hospitales.

La medida surge ante el debate público por casos en los que familiares no han logrado consenso inmediato, tras ser informados sobre la muerte cerebral de un ser querido, al considerarse que deben aclararse las normas a seguir una vez los médicos determinan que hay daño cerebral irreversible.

El Proyecto de la Cámara 249, suscrito por Méndez, enmienda varias disposiciones de la Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico y sugiere parámetros mínimos para un nuevo protocolo en casos de muerte cerebral.

Un proyecto similar, presentado en el Senado, comenzará a discutirse en vistas públicas después de Semana Santa, informó la oficina del vicepresidente senatorial José Luis Dalmau, autor de la pieza legislativa apoyada por la Oficina del Procurador del Paciente, profesionales de la salud y familiares de jóvenes que fallecieron trágicamente.