El portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García anticipó hoy que el Proyecto de la Cámara 1135, que retoma la controversia pública sobre las escoltas a ex gobernadores pagadas con fondos públicos, podría bajar a votación en el hemiciclo, el martes próximo.

Matos García dijo que el martes 1 de marzo en horas de la mañana la Comisión de lo Jurídico de la Cámara espera considerar posibles enmiendas a la medida y si el informe estuviera listo ese mismo, día y contara con los votos, se presentaría al pleno del cuerpo legislativo.

“Debo suponer que si el informe se radicara el mismo martes y estuvieran los votos, podría incluir la medida en un segundo calendario”, indicó el portavoz de la delegación popular.

“Este es el mismo proyecto de la Cámara 19, aunque más amplio”, dijo en referencia a la medida que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó el pasado 2 de enero, que eliminaba las escoltas a los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced por no haber sido electos o haber renunciado a mitad de término.

El nuevo proyecto, radicado el pasado 18 de enero, además de excluir de la definición de exgobernadores a Rosselló Nevares y Vázquez Garced, elimina el derecho de tener escoltas a todos los exmandatarios.

El P.C. 19 se aprobó el pasado año en Cámara y Senado con el voto en contra de la delegación legislativa novoprogresista.

La nueva medida cameral tiene como autores a los populares Orlando Aponte Rosario y Juan Santiago Nieves, al novoprogresista, Joel Franqui Atiles, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

“Todas las veces que se ha radica el proyecto de las escoltas he estado a favor, nunca he visto la necesidad de que un político necesite escoltas he caminado la seca y la meca y he visto caminando a los políticos y no he visto que ninguna de las ocasiones las hayan necesitado”, dijo el representante popular, Luis Raúl Torres Cruz.

A juicio del legislador solo deben tener servicios de la División de Seguridad y Protección de la Policia, el gobernador de turno, así como los presidentes del Tribunal Supremo, Cámara y Senado y el comisionado de la Policía.

“¿Cómo vamos a estar gastando $4 millones en escoltas a gobernadores con la crisis fiscal que tenemos? ¿Por qué la Junta de Control Fiscal no ha mandado a cancelar eso, cuando hay cuarteles con un solo retén y algunos tienen hasta ocho escoltas?, cuestionó Torres Cruz.

Indicó que solo en casos en que se pruebe que hay una amenaza, se puede proveer servicio de seguridad temporal, pero no permanente.

“Pagar escoltas a funcionarios que ya no están activos para ir a fiestas a banquetes y supermercados eso no se justifica cuando aquí hacen falta chavos para maestros, policías, el Centro Comprensivo de Cáncer y el Cardiovascular”, agregó.

El representante del MVC, José Bernardo Márquez Reyes dijo a su vez, que el gasto millonario en escoltas “no es un uso prioritario de fondos públicos”. También indicó que “la teoría de que se adquirió un derecho, estaba muy finita”.