Luego de la vista que realizó el Senado este jueves, parece haber luz verde para la confirmación de los nominados a dirigir el el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el Departamento de Agricultura (DA), e y el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, por sus siglas en inglés), respectivamente, Hiram Torres Montalvo, Irving Y. Rodríguez Torres y Poincaré Díaz Peña.

Así lo confirmó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al concluir la vista de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, al expresar que para el próximo lunes 12 de enero tendrían los informes listos y “entiendo que cuentan con los votos necesarios para ser confirmados”.

La vista transcurrió sin mayores controversias o encontronazos, aunque en el público estaban presentes varios reconocidos luchadores profesionales en respaldo a Torres Montalvo, quien practicó esa disciplina.

Cada uno de los tres nominados tuvo oportunidad de exponer algunos de sus planes e iniciativas principales para la agencia que aspiran a dirigir.

El licenciado Torres Montalvo, tras recordar que ya fue secretario del DACO en el 2022, resaltó la creación de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial, la Oficina de Asuntos de Energía Renovable y la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor, como algunos de sus principales logros durante esa incumbencia.

Agregó que, en esta nueva oportunidad al frente de la agencia su enfoque es “defender al consumidor con firmeza, pero sin asfixiar al pequeño y mediano comerciante”, así como “transformar al DACO en una agencia moderna, ágil y presente en la calle”.

Habló de metas para este 2026, tales como “lograr implementar de manera más efectiva el plan de desreglamentación y eficiencia”; reducir en más de 50% el número de querellas pendientes de adjudicación; “viabilizar una nueva plataforma digital para el trámite de querella”; y eliminar los trámites en papel.

Asimismo, subrayó la intención de expandir la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial, impulsar la digitalización y promover una reingeniería completa del trámite adjudicativo, para hacerlo más ágil y eficiente.

Mientras, el agrónomo Rodríguez Torres, secretario designado del DA, presentó una plataforma de cinco puntos principales: apoyar a quienes ya producen y acelerar al que puede producir; mejorar la infraestructura que sostiene la producción; fortalecer el mercadeo y reforzar la visión de valor añadido de los productos; fortalecer la capacidad institucional y aprovechar más los fondos federales disponibles; y fomentar y aprovechar el uso de la ciencia y la tecnología.

En tanto, el especialista en tecnología Díaz Peña, repasó sus credenciales como administrador de sistemas de información y ciberseguridad, y sostuvo que sus esfuerzos al mando de PRITS estarían dirigidos a “continuar fortaleciendo los servicios digitales al ciudadano y el apoyo tecnológico a las agencias y municipios”.

Apostó además por “la adopción responsable de inteligencia artificial”, al tiempo que solicitó que se atendiera la necesidad de reclutamiento de personal especializado para la operación de PRITS.

Sobre la mesa el “Promoter’s Fee”

Entre las preguntas de los senadores y senadores que participaron de la vista, algunos asuntos tuvieron prominencia, como ocurrió en particular con la polémica en torno a lo que se conoce como el “promoter’s fee”, o cargo de promotores, un cobro que se impone a los consumidores como parte de los boletos para diferentes espectáculos, y que cae bajo la jurisdicción del DACO.

De hecho, la secretaria que precedió a Torres Montalvo al frente del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, emitió una orden en octubre pasado que prohibía el cobro por separado de ese cargo de promotor. La orden entraba en vigor el 1 de enero, pero el secretario designado Torres Montalvo decidió aplazar su implementación hasta el 1 de julio. Según argumentó en la vista, su decisión responde a que quería hacer un estudio exhaustivo sobre el ‘promoter’s fee’.

El secretario designado de DACO agregó que, al revisar los documentos en torno a la orden prohibiendo el cobro del promoter’s fee, “no encontré nada que lo justificara”.

A preguntas de los legisladores, algunos de los cuales dijeron que su decisión parecía favorecer a los intereses de los promotores e ir en contra de los consumidores, e incluso el senador Luis Javier Hernández sostuvo que levantaba suspicacia que estuvieran en la vista respaldándolo varios luchadores que también son promotores, Torres Montalvo aclaró que “lo que se cambió fue la fecha de entrada en vigor, no la orden. La orden sigue, pero ahora entraría en vigor el 1 de julio, para que podamos hacer un estudio exhaustivo y ver cómo esto beneficia al consumidor, para entonces poder tomar una decisión informada”.

A preguntas de los legisladores sobre si creía que ese cargo es legal o no, sostuvo que la ley solo exige que se dé a conocer.

Cuestionado sobre el hecho de que, en caso de cancelación del evento, ese ‘promoter’s fee’ no se devolvía, y si eso era o no justo para el consumidor, Torres Montalvo sugirió que se revisara la ley, de manera que “se adapte a estos tiempos”.

Rivera Schatz preguntó si había alguna queja ante DACO por ese cargo, y tras pedir a sus asistentes que revisaran, Torres Montalvo confirmó que no había ninguna.

En su turno final, el presidente del Senado declaró su sorpresa porque ningún legislador le hubiese preguntado al designado a dirigir DACO por LUMA, “máxime cuando la pasada secretaria logró una victoria en los tribunales para defender al consumidor” ante situaciones de incumplimiento por parte de esa empresa que redundaran en daños para los clientes. Torres Montalvo admitió que, en efecto, “eso fue una gran victoria”, y reiteró que “cualquier cosa que tenga que hacer por el consumidor, contra LUMA y contra quien sea, lo haré”.

Por otro lado, aunque reiteradamente estableció que su función era “ejecutar la política pública que se establezca”, causó algo de sorpresa entre algunos legisladores la posición de Díaz Peña de no favorecer que sea una junta de varios miembros quien adjudique la aprobación final que concede PRITS a los proyectos y contratos tecnológicos del gobierno, en lugar del director de la agencia, argumentando que eso añadía burocracia al proceso.

Al momento, está ante la consideración de la Cámara de Representantes un proyecto de ley aprobado ya en el Senado que crearía la Junta Adjudicativa de Tecnología, adscrita a PRITS, y que estaría a cargo de revisar, aprobar o denegar los proyectos y contrataciones tecnológicas del gobierno.