La Legislatura Municipal de San Juan se reunirá mañana en la tarde para discutir, entre otras cosas, una resolución enviada por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto en la que se repudian “los actos de corrupción criminal y moral” del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. 

Además, la medida legislativa solicita la renuncia del gobernador y, si este no saliese del cargo de forma voluntaria, pide que se inicie en la Cámara de Representantes un proceso de residenciamiento. 

Primera Hora obtuvo copia de la resolución, radicada ayer por los legisladores del Partido Popular Democrático. En la misma se da cuenta de los arrestos federales a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher; a la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Angie Ávila, así como de cuatro excontratistas de la administración de Rosselló Nevares. Pero, sobre todo, destaca que “la quebrantada credibilidad del ejecutivo” se afecta aún más con la revelación de los mensajes contenidos en un chat que mantenía junto a sus más cercanos asesores en la aplicación de mensajería Telegram. 

Sobre los casos de corrupción, la resolución establece que “el país ha recibido la dura e indignante noticia que los funcionarios electos por el pueblo en las pasadas elecciones han demostrado no tener la altura para gobernarnos. Nos levantamos un miércoles, 10 de julio de 2019, con la noticia que el FBI, por sus siglas en inglés, había efectuado varios arrestos relacionados a corrupción gubernamental y federal en dos de las agencias más relevantes para el desarrollo de cualquier sociedad, Educación y Salud”.

Añade que “el saqueo institucional de los fondos públicos en el Departamento de Educación y el Departamento de Salud, nos remontan a una época en la cual los líderes electos y sus servidores públicos se enriquecían personalmente, y a sus allegados, con fondos públicos cuyo objetivo era apoyar a los sectores más desventajados y marginados, incluyendo nuestra juventud y los enfermos”.

Mientras, sobre el chat se dice que “son 889 páginas llenas de comentarios insultantes, amenazantes, homofóbicos, transfóbicos, racistas y sexistas, antiéticos e inmorales, esto por decir poco, los cuales constituyen en sí corrupción política. Como consecuencia, el pueblo ha reclamado la renuncia, tanto del gobernador, como de los demás integrantes del chat”.  

También indica que “tanto los sanjuaneros, como todos los que nos sentimos orgullosos de ser puertorriqueños, nos hemos visto afectados por los recientes acontecimientos políticos que reflejan la inmadurez y desfachatez de los que tienen el privilegio de gobernarnos. Los comentarios esbozados en el chat son una vergüenza y una humillación para nuestro pueblo, desde la manipulación política, hasta amenazas de muerte”. 

Asimismo, en la medida se destaca que Rosselló Nevares está “obstinado” con permanecer en el cargo. Por tal razón, solicitan a la Cámara que active la cláusula constitucional para residenciar de Rosselló Nevares, si no sale voluntariamente del cargo. 

“La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Art. III, sec. 21 el procedimiento para la destitución y remoción del gobernador de su cargo. El poder exclusivo para iniciar un procedimiento de separación del cargo del gobernador de Puerto Rico descansa en la Cámara de Representantes, quienes, con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros, podrán formular acusación. La Constitución enumera las causas para el residenciamiento del gobernador que incluyen la traición, el soborno, delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación”, explica la resolución.

Añade que, “por su parte, será el Senado el cuerpo legislativo con poder constitucional para juzgar y dictar sentencia en un procedimiento de residencia contra el Gobernador de Puerto Rico. Para el fallo condenatorio será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado. Este procedimiento será presidido por la Jueza Presidente del Tribunal Supremo”.

La medida legislativa justifica tomar estas acciones, bajo el alegato de que los boricuas realizan un reclamo de que se haga justicia ante los casos de corrupción “criminal y moral” registrado en esta administración. 

Específicamente, la Legislatura Municipal de San Juan decretaría, de aprobarse la medida, un repudio a Rosselló Nevares, así como “la renuncia inmediata del gobernador, Ricardo Antonio Rosselló Nevares y de todos los funcionarios públicos participantes del chat y la cancelación y terminación inmediata e inequívoca de todos los contratos”.

Del mismo modo, busca solicitar a la presente administración, así como a la próxima administración que entrará en funciones en el 2021, que investigue todos los delitos cometidos a raíz de este escándalo político; solicitar que se presenten todas las querellas posibles, en todos los organismos pertinentes; solicitar se haga pública toda la correspondencia electrónica del gobernador, Ricardo Antonio Rosselló Nevares, desde el 2 de enero de 2017 hasta el día de su renuncia o de su residenciamiento, en la cual se discutan o se impartan instrucciones sobre política pública, y/o para afectar, controlar y establecer opinión pública en las redes sociales, canales televisivos, radio y prensa en Puerto Rico, así como  solicitarle al gobernador, Ricardo Antonio Rosselló Nevares que la persona que nombre al puesto de Secretario de Estado cuente con el aval de los demás partidos políticos.

De aprobarse la medida mañana en la tarde, la alcladesa y el presidente de la Legislatura Municipal, Marcos Rigau, podrán “llevar a cabo todas aquellas gestiones cónsonas con esta resolución y utilizar los recursos necesarios disponibles para lograr los objetivos de esta medida”, dice el documento.