Casi listo el comité ad hoc de la CEE
Ordenarán una investigación por trato preferencial hacia implicados.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
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Unos 10 implicados en el esquema de transferencias ilegales de la primaria correspondiente al distrito representativo 6 de Guaynabo, comparecieron ayer ante el comité ad hoc que realiza la pesquisa por fraude electoral.
De éstos, siete pertenecían al grupo que fue citado bajo apercibimiento de desacato y cuya cita, el pasado jueves, fue pospuesta para ayer.
La figura de interés del día fue la teniente Zuleyka León.
León llegó sin emitir comentarios, y compareció con un nuevo representante legal, el licenciado Ángel Martínez Morales. Éste aseguró que su clienta respondió a la mayoría de las preguntas que hicieron los miembros del comité, invocando en “muy pocas veces” su derecho a la no autoincriminación.
“Fueron muy pocas veces (las que se amparó en la Quinta Enmienda constitucional) porque ella ya había contestado prácticamente un sinnúmero de contestaciones en el interrogatorio que le hicieron los del comité”, indicó el abogado.
El segundo interrogatorio de León se extendió por casi hora y media. En su primera comparecencia, la teniente fue la primera en declarar y, al no querer responder dónde reside su jefe, el capitán Wilfredo Martínez invocó su derecho de no autoincriminarse, respuesta que no fue admitida por el comité. Fue ahí cuando su entonces abogado, Antonio Bauzá, pidió detener el interrogatorio alegando conflicto de interés entre sus clientes al poder incriminar con su respuesta al capitán. Bauzá representaba a todos los agentes municipales.
El abogado de la teniente dijo que, tras la renuncia de Bauzá, un sinnúmero de agentes acudieron a su oficina en busca de representación legal. Sin embargo, éste les indicó que no podría representar a más de uno, por la posibilidad de que surja el mismo conflicto, pero los instruyó a que acudieran a la cita, dado a que ya mediaba una orden judicial contra ellos.
Además de ésta, compareció la teniente Ingrid Echevarría Colón, quien también cambió irregularmente su dirección de San Juan al condominio Torrimar Plaza de Guaynabo.
Una fuente de Primera Hora dijo que la teniente invocó en innumerables ocasiones su derecho de no autoincriminarse.
Ayer también compareció el teniente Rafael Rodríguez Rodríguez, acompañado por el licenciado Rafael Rivera; los agentes Monserrate Rodríguez Pérez, Sergio Rivera Pérez, Alexis Franceschi Torres y Emmanuel Ramos Verdejo, este último acompañado por el licenciado Luis Mercado.
Así mismo, comparecieron las hermanas Norma e Iris Miranda Gallardo. La primera es ayudante especial de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González. Contrario al resto de los implicados, Iris cambió su dirección para votar a favor de Pérez.
Primera Hora supo que el licenciado Raúl San Inocencio Vázquez, subdirector del Consorcio de Guaynabo, estaba citado pero no compareció. Éste cambió su dirección de la urbanización Alturas de Bucarabones, en Toa Alta, a la urbanización Tintillo Gardens de Guaynabo.
Mientras la mayoría de los implicados en el esquema de fraude tenían que registrarse en la entrada de la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ayer, el presidente Héctor Conty Pérez, ordenó que se les diera acceso a algunos de ellos por la parte posterior del edificio y fueran escoltados hasta el piso 10.
Así lo informó Balois Cora, empleado de seguridad que escoltó a varios de los que comparecieron ayer junto con Douglas Martí Mendoza, quien intentó obstaculizar el trabajo de la prensa en el edificio público.
Sin embargo, el Presidente dijo estar desentendido del asunto, y negó haber dado la instrucción.
Aseguró que ordenará una investigación para saber quién le otorgó dichos privilegios a varios de los agentes implicados en el esquema de fraude.
Por otro lado, la presidenta del comité ad hoc, Carmen Ana Pesante, indicó que una vez concluyan la pesquisa, el informe que prepare el Comité será confidencial.
A pesar de que este fraude electoral es un tema de interés público, la jueza sostuvo que el Reglamento dispone que el informe debe ser confidencial.
“Una vez se le entregue al señor Presidente, ellos (los comisionados electorales) tomarán la determinación de qué hacen con el informe, pero en esta etapa el informe, por disposición reglamentaria, es confidencial”, expresó.