La nueva orden ejecutiva que entraría en vigor el próximo sábado 22 de agosto ordenará el cierre de las iglesias, dará continuidad a la inoperación de gimnasios y limitará a menos de un 50% la capacidad de clientes que podrán recibir los negocios, incluyendo los centros comerciales, y limitará el uso de los comedores en los restaurantes. Además, las clases presenciales en el sistema educativo del país – así como en las universidades- no podrán comenzar el 17 de septiembre, como estaba planificado.

Así lo adelantó el secretario de Salud, Lorenzo González, a su salida de una reunión que sostuvo esta mañana en Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los grupos asesores de salud y economía creado para atender la pandemia y tratar de desacelerar los contagios de la enfermedad del COVID-19 en la isla.

“Las partes todas estuvieron en un acuerdo… hubo un consenso y la gobernadora hablará mañana en detalle de la orden ejecutiva”, aseguró González.

Al momento, el COVID-19 ha causado la muerte de 346 personas en Puerto Rico y enfermado a sobre 12,000 personas en la isla, según pruebas confirmatorias. De estas, 633 fueron informadas hoy, lo que representa la mayor cantidad de contagios en un solo reporte en 24 horas.

González reiteró – tal como adelantó la semana pasada- que la nueva orden tendrá restricciones similares a las implementadas entre mayo y junio, cuando el toque de queda era de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana. El comercio al detal será el más afectado, por las declaraciones hechas por el secretario de Salud.

Se supone que la Primera Ejecutiva haga el anuncio formal mañana en una conferencia de prensa en la que participarán científicos que colaboran con el Departamento de Salud.

Mencionó que las órdenes ejecutivas OE-2020-038 (4 de mayo) y la OE-2020-041 son las que se están utilizando como marco de referencia, pero advirtió que lo impuesto será más “restrictivo” que lo que impone la última orden mencionada.

“Eso le corresponde a la gobernadora presentarlo mañana… pero sí será más restrictivo que la orden 41 que fue la que dio paso a una apertura en los comercios en Puerto Rico”, advirtió al decir que “no hay un cierre completo… eso no”.

La OE-2020-038, del 4 de mayo permitió que la manufactura y la construcción pudieran comenzar a operar, regresándoles a miles de trabajadores sus empleos. Para entonces, se autorizó también trabajos en las industrias financieras, hipotecarias, seguros, bienes raíces, notaría, servicios profesionales, ingeniería y contabilidad.

El comercio al detal no estaba permitido. Pero, los servicios en las ferreterías, el mantenimiento, reparación, inspección y venta de piezas de vehículos se ampliaron para brindar atención al público de lunes a viernes, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

También se permitieron los servicios de lavanderías, la agricultura ornamental, inspección de automóviles y las labores asociadas a investigaciones universitarias, así como autorizó a los médicos a reabrir sus oficinas. Se autorizó a taxistas y porteadores públicos brindar servicios de manera limitada, así como comenzar las operaciones en servicios de mudanzas, de inspección de elevadores y reparación de aires acondicionados. Igualmente, se restringió a los establecimientos de comida solo a preparar alimentos para la modalidad de carry out o entrega.

Los cines, discotecas, gimnasios, casinos, salones de belleza y otros lugares que regularmente conllevan aglomeración de personas, tampoco estaban abiertos. De igual manera, las iglesias no recibían sus congregaciones. Las playas y los balnearios quedaron cerradas.

Mientras, la OE-2020-041 se destacó por permitir que los empleados se reintegraran a trabajar de manera presencial; la reapertura de las iglesias sábado y domingo; la operación de los comercios al detal, como zapaterías y tiendas de ropa, la venta de autos, así como la reapertura de los centros comerciales en una ocupación de un 50% y de los salones comedores de los restaurantes en una ocupación de 25%.

Entre otras cosas, reintegró a los empleados públicos en las agencias y permitió la operación de salones de bellezas y barberías, de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. con citas previas.

Estipuló que la operación de los comercios de venta al detal, principalmente operado por pequeños y medianos comerciantes, al igual que de los centros comerciales se debía mantener una capacidad de un 50% de capacidad, que el horario de apertura era de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y que no podían operar domingos.

La operación de cines y gimnasios estaba prohibida. Pero, se permitió el uso de playas para fines deportivo. Esta orden ejecutiva también permitió los velatorios durante una o dos horas y con un máximo de 10 personas.

Mientras, el secretario de Salud dijo que la nueva orden será más punitiva tanto con los comercios como con la ciudadanía.

Dijo que buscaría que “la orden ejecutiva se lleve a cabo por parte de las autoridades, tanto por parte del Departamento de Salud, como por parte del Departamento de Seguridad Pública, Hacienda, DACO y OSHA”.

“Todo esto funciona si la implementación se lleva a cabo al 100%. Como gobierno podemos hacerlo mejor… ahora le compete a la parte económica llevar a cabo autofiscalización”, dijo en referencia a que hubo compromiso del grupo asesor económico de denunciar a aquellos negocios o empresas que incumplan con lo impuesto.

Sobre el regreso a clases de manera presencial – un plan que estaba pautado para el 17 de septiembre- dijo que “en este momento, con los números que tenemos hoy, no se sustenta ese esfuerzo”.

Prometió, además, que se implementarán unas campañas educativas enfocadas en las poblaciones y municipios con mayor números de casos y vulnerabilidad de contagios.

De hecho, mencionó que mañana la gobernadora citó a una reunión a los miembros de la Federación y Asociación de Alcaldes. Con los políticos también se discutirá cuál debe ser el protocolo a seguir en las campañas en las comunidades de cara a las elecciones generales de noviembre.

Sobre el impacto que pueda tener en términos de contagio la indisciplina percibida en las celebraciones de algunos candidatos y en los comités de algunos políticos durante el pasado fin de semana -donde se violaron las reglas de distanciamiento físico y de evitar conglomeraciones en grupos mayores de 10 personas- dijo que hay que esperar entre 14 a 21 días para ver el efecto.

Mientras, elogió la labor realizada en municipios como Ponce, donde la alcaldesa María “Mayita” Meléndez lleva un esfuerzo en conjunto con un grupo de epidemiólogos que ha provocado una disminución en contagios de COVID-19, a pesar de que se trata de una ciudad con una densidad poblacional alta.

“Queremos ver qué es lo que se está haciendo en Ponce para replicarlo en los municipios que están presentado más casos”, mencionó al agregar que en la Ciudad Señorial se está visitando comercios y comunidades para orientar a la ciudadanía.