Cauteloso y sin establecer su posición en torno a la controversia, el secretario designado de Justicia, César Miranda, dijo este viernes que en Puerto Rico no hay una política pública en torno a las bodas entre personas del mismo sexo.

“No creo que haya una política pública definida con relación a la aceptación de los matrimonios entre personas de un mismo sexo en el país. Lo único que puedo decir es que sí aplica la orden ejecutiva emitida por el secretario de Justicia federal Eric Holder”, sostuvo Miranda al pedirle una reacción a la demanda que instó en el foro federal la activista de la comunidad gay, Ada Conde Vidal, para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja del mismo sexo en el estado de Massachusetts.

El Secretario dijo que la orden de Holder reconoce la valía de los matrimonios entre personas de un mismo sexo que se hayan celebrado en alguna de las 17 jurisdicciones que permiten ese tipo de unión y si el matrimonio es celebrado en esas jurisdicciones se le han de reconocer, bajo el ámbito federal, todos los derechos como a cualquier persona casada bajo un matrimonio heterosexual.

“Eso es de aplicación en Puerto Rico a nivel federal. Lo que se plantea en esta demanda tiene un matiz, quizás relacionado, pero distinto en el sentido de que lo que se está pidiendo es el reconocimiento del matrimonio de las dos demandantes contraído en Massachusetts, que es una de las jurisdicciones que lo permiten e impugnan una cláusula del Código Civil de Puerto Rico que establece que el matrimonio será entre un hombre y una mujer”, sostuvo Miranda.

Conde Vidal alega en el pleito que ella y su pareja quieren disfrutar de los mismos privilegios sociales y derechos contractuales que se confieren en el Estado Libre Asociado (ELA) a individuos en matrimonios de distinto sexo. Sostiene que la ley en Puerto Rico excluye el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo legales, denegándoles derechos en violación a la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

En la demanda instada contra la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, Conde Vidal y su pareja Ivonne Álvarez Vélez, solicitan un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Las demandantes, que se casaron legalmente en el 2 de agosto de 2004 en Massachusetts, pidieron a la corte que declare inconstitucional el Artículo 68 del Código Civil del Estado Libre Asociado, que indica: "El matrimonio es una institución civil, originada por un contrato civil en el que un hombre y una mujer llegan a un acuerdo para convertirse en esposo y esposa... Cualquier matrimonio entre personas del mismo sexo o transexuales contraídos en otras jurisdicciones no será válido o no se le dará reconocimiento jurídico en Puerto Rico".