En Puerto Rico, la tasa promedio de cesáreas es de 47%, y aunque esa cifra más que triplica el 15% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), esconde la magnitud y la gravedad del problema, pues existen hospitales en la Isla en los que la tasa ronda el 70%.

La representante Luisa “Piti” Gándara, presidenta de la Comisión cameral de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza, presentó este lunes datos recopilados por el Registro Demográfico sobre las instituciones médicas con mayor incidencia de cesáreas, y recabó atención inmediata del Departamento de Salud (DS) y de los diversos componentes de la industria de la salud para atender este problema, que aumenta significativamente la posibilidad de complicaciones durante y luego del parto. 

“Toda madre, insisto, tiene derecho a escoger el hospital que le garantice un parto natural, un parto humanizado y un proceso, que es el momento más importante de esa madre, feliz”, manifestó la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) al presentar los hallazgos de una investigación legislativa sobre el nivel de cumplimiento de las leyes que protegen a las mujeres y a sus crías antes, durante y después del alumbramiento. 

La lista de hospitales que, en el 2014, tuvo el mayor número de cesáreas la encabeza el Hospital Doctor's Center, en Bayamón, con 69.5%, seguido por la Clínica Santa Rosa Inc., en Guayama, con 67.6% y el Caribbean Medical Center, en Fajardo, con 66.5%. 

Gándara mencionó que, de todas las cesáreas practicadas en el país, en el 77% de los casos las mujeres no presentaron factores de riesgo durante el embarazo. Asimismo, presentó otros datos vertidos durante la investigación que apuntan a que los días que se registran más partos son los lunes, martes y miércoles, siendo el 68% de ellos por la vía de cesáreas, y que el 59.5% de los alumbramientos son inducidos. 

La representante recalcó que bajar la tasa de cesáreas es posible, y a modo de ejemplo, mencionó al Hospital Federico Trilla, en Carolina, y al Hospital Menonita en Aibonito y Cayey, que tienen respectivamente tasas de 27.8%, 32.6% y 34.2%.

Sin embargo, fue enfática en que la situación de las cesáreas es solo una de múltiples prácticas obstétricas que a diario atentan en Puerto Rico contra el bienestar de las mujeres y sus bebés, y en algunos casos, incluso, violentan leyes creadas para proteger sus derechos. 

El problema se agrava por el desconocimiento de las personas sobre los derechos que cobijan a las madres gestantes y a los infantes, y la ignorancia respecto a los mecanismos existentes para vindicarlos. 

De igual forma, resaltó la pobre fiscalización que ejercen agencias como el Departamento de Salud para garantizar que la clase médica y los hospitales cumplen con la “Ley para el Desarrollo y la Implantación de la Política Pública para la Niñez Temprana” (Ley 93-2008), la “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Post-Parto” (Ley 156-2006) y la “Ley sobre el Suministro de Sucedáneos de la Leche Materna a los Recién Nacidos” (Ley 79-2004).

“De la investigación surgió que las mujeres desconocen sus derechos. Las leyes vigentes no se están cumpliendo, se están violando los derechos de las madres, y muchos bebés están naciendo en ambientes deshumanizados”, subrayó.

Entre otras prácticas, mencionó que se les niega a las madres alojarse en el hospital junto a sus bebés, se les niega estar acompañadas por personas de su confianza y elección, se desalienta la lactancia y se les regalan sustitutos en fórmula de la lecha materna. 

También, Gándara manifestó que algunos médicos obstetras les realizan procedimientos a las madres sin explicárselos y sin obtener su consentimiento.

Recomendaciones variadas

“Queremos que las madres estén informadas de sus derechos y el de sus bebés, bajar el número de cesáreas innecesarias, mejorar el contacto de piel a piel en los partos por cesárea, así como en los partos vaginales, que las madres tengan el ambiente necesario para lactar a su bebé desde que nace y que se cumplan las leyes vigentes de acompañamiento en el parto”, aseveró la ex primera dama. 

Gándara insistió en todo momento en que el problema no radica en la ausencia de legislación, sino en la falta de cumplimiento y rigor con la normativa existente. Recomendó, entre otras cosas, que se enmiende el Reglamento 117 del DS sobre el licenciamiento y mantenimiento de los hospitales para que se exija cumplir con los estatutos como condición para otorgarle a las instituciones médicas el permiso para operar.

Igualmente, propuso que el Departamento de Salud publique regularmente las estadísticas sobre los nacimientos y los métodos utilizados y que se establezcan unas “categorías de vigilancia” para supervisar los índices de cesárea de los hospitales, con el fin de desarrollar planes correctivos que reduzcan esos números. 

Sugirió también mejorar el adiestramiento que reciben los proveedores de servicios de salud que intervienen en procesos de nacimientos.

La representante popular presentó el Proyecto de la Cámara 1965 para fortalecer la Ley 156 sobre el acompañamiento en el parto, pero la pieza permanece inactiva desde hace un año en la Comisión de Salud, que preside la representante Lydia Méndez. 

La misma suerte corrió el Proyecto del Senado 680, de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, para crear la “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Cesáreas", y que permitiría conocer en detalle el historial de cada uno de los obstetras en el país.