El bono de $3,250 a las enfermeras del país será aprobado el lunes por la Cámara de Representantes, junto a otros incentivos para personas que están trabajando en la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, informó el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Al aprobarse el lunes las tres resoluciones conjuntas, que incluyen una con diversos incentivos, estas pasarían a la firma de la gobernadora Wanda Vázquez, explicó Rodríguez Aguiló.

“Estamos sesionando el lunes solo para aprobar estas resoluciones”, dijo Rodríguez Aguiló. Se trata de la RCC 666, que incluye incentivos a diversas figuras, incluyendo las enfermeras, el la rcc 640 para incluir un incentivo a empleados de manejo de emergencia municipal y la rcc 641 para aprobar teleconsultas de sicólogos.

Precisó que los incentivos ya fueron avalados por el Senado y son cónsonos con lo ya discutido con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que separó $156 millones para estos incentivos. De estos $120 millones son para las enfermeras activas.

Explicó que la versión original del proyecto establecía incentivos diferentes para enfermeras del sector público y provado, y que la versión final de la medida que sería aprobada el lunes lo que hizo fue que estabelció un incentivo de la misma cantidad, ascendiente a $3,250.

“Para todo el mundos serán $3,250, la misma cantidad”, dijo Rodríguez Aguiló, quien agregó que no prevé problemas para aprobar los tres proyectos el lunes.

Los otros sectores que reciben incentivos son los miembros del cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de $2,000; al personal de farmacia como auxiliares de farmacia, son $1,000; tecnólogos médicos, $1,000; médicos internos, de $1,000; técnicos de salud, $2,500, bomberos asignados a los puertos, $2,000, y policías en los puertos, $3,500.

Se pretende “reconocer el trabajo que están haciendo los primeros respondedores que están atendiendo la emergencia”, dijo Rodríguez Aguiló.

La versión actual de la RCC 666 ha sido objeto de críticas como de la senadora Rossana López León, por lo que llamó en un comunicado de prensa la intención de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) de reducir drámáticamente el incentivo económico ya aprobado y por excluir a los enfermeros que trabajan por servicios profesionales y del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La senadora estimó en 36,000 los enfermeros en la isla.

Rodríguez Aguiló respondió a la alegación de la senadora, alegando que el lenguaje actual cobija y extiende el incentivo a los de “servicios profesionales”, esto bajo el sector privado, y a los enfermeros del DCR, que serían servicio público.