Aun cuando la operación en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) ha mejorado dramáticamente, en comparación con la crisis sinigual que enfrentó la agencia en los pasados años, continúa siendo un constante reto el reclutamiento de personal, particularmente, porque los salarios no son competitivos con las jugosas ofertas que reciben los especialistas por parte de la empresa privada o de dependecias forenses en Estados Unidos.

Así lo expresó a Primera Hora la directora ejecutiva del ICF, María Socorro Conte Miller, quien regresó al mando de la dependencia en el 2019 por petición de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

La entonces mandataria le encomendó a la también patóloga forense - que dirigió el ICF entre el 2009 y 2012- enderezar un barco que estaba a la deriva y que dio sus peores tumbes después del azote del huracán María en 2017, un evento que provocó una inolvidable crisis en la agencia debido a la acumulación de cadáveres, la falta de personal, la reducción presupuestaria, la falta de equipos especializados, el retraso en pruebas periciales y cambios constantes en su jefatura. Con el tiempo Conte Miller logró sacar al ICF de sus constantes aprietos, pero con la sinceridad que la caracteriza, admite que aún hay situaciones que resolver para estabilizar la operación de la agencia, una de las más importantes en el manejo de la pandemia del COVID-19.

“Sí, yo estoy aquí para buscarle soluciones a los problemas. Ese es mi trabajo. Pero también estoy aquí para alertar y explicar qué necesita el sistema para una mejoría definitiva. Y siempre tengo que tener esto a la atención pública y a los foros que correspondan para que se concretice esta acción que es proveer mejores salarios a los peritos que tenemos para lograr uan estabilización del recurso humano de nuestra agencia y lograr atraer más personal... esa es la solución definitiva”, manifestó.

Explicó, por ejemplo, que se requieren tres patólogos y siete químicos. El principal problema entre estos empleados de difícil reclutamiento -debido al trabajo técnico y científico que realizan- es el pobre salario que reciben en comparación con otras jurisdicciones o compañías.

“Un químico puede ganar aquí $2,100 o $2,200 cuando en una farmacéutica le pagan el triple. No hay forma (de competir con esa oferta)”, sostuvo al añadir que también se compite en el reclutamiento con las ofertas que hacen agencias federales como el FBI (Buró Federal de Investigaciones).

En el caso de los patólogos se hizo una revisión salarial hace un par de años y aunque “está competitivo con algunas jurisdicciones” hay otras que las superan. Por ejemplo, el salario anual de un patólogo forense en Puerto Rico es de entre $180,000 a $210,000. “Parecería bueno y no es que sea un mal sueldo, pero comparado con otras jurisdicciones son $60,000 menos para muchos que están empezando. Nosotros les hacemos ofertas, pero ellos comparan”, explicó al agregar que “hay escasez de patólogos a nivel nacional”.

Aunque desde el 2020 el ICF recuperó la acreditación para el Programa de Entrenamiento de Patólogos Forenses -oportunidad que se perdió en 2017- lo cierto es que el asunto es más complejo de lo que aparenta.

Según Conte Miller actualmente hay dos patólogos en formación que están interesados en ser adiestrados en el ICF. “En cambio, estas personas están haciendo sus estudios en patología general, un proceso que toma cuatro años... luego es que puede hacer la subespecialización en medicina forense. Estamos hablando de que les faltan entre uno a dos años para entonces venir aquía completar su formación. De igual forma estamos en conversaciones con otro patólogo que está fuera de Puerto Rico completando su especialidad. Pero son procesos que demoran tiempo”, puntualizó al reconocer que la necesidad es imperante y urge reclutar lo antes posible.

Otro reto es que una vez se reclutan químicos, balísticos, evidencia digital, investigadores, entre otros, hay que adiestrarlos a través de la academia del ICF para que subespecialicen en el tema forense.

“Pasan por nuestra academia para que tengan el conocimiento teórico y práctico y poderles dar ese apellido de “forense”... este es un periodo que puede tomar desde seis meses hasta dos años”, acotó.

Conte Miller ha expresado ante el Ejecutivo su preocupación por el asunto de justicia salarial. De hecho, asegura que hay apertura con el tema.

“Entiendo que hay receptividad y que se está considerando... esto aparte de ser una aspiración por el apego que le tengo al sistema y años de servicio que uno ha rendido -obviamente hay una empatía profesional- pero, además de eso, es la solución objetiva a la situación que se ha venido planteando por años”, manifestó.

Reconoció que se han ido buscando soluciones a viejos problemas y se ha podido mitigar en gran medida la problemática que tenía la agencia hace unos años. “Pero a la definitiva, lo que estoy indicando es que cuando logremos eso ya pasaremos de tener una operación normal a tener una operación de excelencia. Vamos en ese camino, pero tenemos que dar ese paso”, reafirmó.

Entre los últimos aciertos del ICF se destaca la adquisición de máquinas de Rayos X digitales que permiten realizar autopsias sin la necesidad de abrir los cadáveres lo que reduce la labor de patólogos a varias horas en lugar de meses, como era la tendencia con la dinámica convencional.

“Además, reconozco la labor de los toxicólogos que han hecho una labor excelente certificando con más rápidez de lo que se lograba antes. Este mes de septiembre, por ejemplo, han certiricado 820 análisis. Eso es un montón de casos. Hace años que eso no ocurría pues apenas se estabna haciendo uno a dos. Pero se adquirió un equipo que ha permitido agilizar ese trabajo”, acotó.

Actualmente, en Puerto Rico han fallecido durante el año 2021 (hasta el 12 de septiembre) unas 19,594 personas. De estas, el Registro Demográfico no cuenta con la causa de muerte o manera de muerte en 472 certificados, según información provista por la oficina del Registro Demográfico. Esos 472 casos pendientes son el 10.8% de los 4,225 casos que ha atendido el ICF durante el año 2021.

Conte Miller indicó que la dinámica ha mejorado “muchísimo” respecto a los casos pendientes que se estimaban en los pasados años. Por ejemplo, dijo que para del 2019 quedaban pendientes 1,424 casos por determinar la causa de muerte y en un año esa cifra se redujo a 284. Lo mismo ocurrió durante un censo que se hizo el año pasado de los casos pendientes del 2018, cuando había acumulados 1,838. Este mes esa cifra está reducida a 372.

En el año fiscal 2019-2020 a la agencia se le asignó $19.6 millones, según se desprende de los archivos de Primera Hora. Este año fiscal el presupuesto es de $16,716,000. “Si agregamos los fondos federales sube a $17,998,000”, dijo Conte Miller. Durante una vista pública conjunta efectuada en junio por las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Representantes, Conte Miller dijo que necesita $1.2 millones para nuevo reclutamiento y $1.5 millones para aumentos salariales.

La aspiración de la patóloga es que tras realizada una autopsia se pueda entregar el reporte y someter el certificado de defunción al Registro Demográfico en un periodo que no pase de los 90 días. “Vamos en un 80% logrando esa meta”, dijo al agregar que al tiempo que se aceleren los casos en el ICF avanzan también los procesos en los tribunales.

“Pero, sobre todas las cosas y lo que considero más importante: se le da la certeza a la persona que perdió ese ser querido lo que ocurrió, de qué murió. Eso es algo emocional que no se puede cuantificar, no se puede poner en un papel o una métrica, pero para mí es lo más importante”, afirmó.