Un “lockdown” parcial de entre 14 a 21 días, que paralice la próxima fase de reapertura, retorne el toque de queda a las 7:00 de la noche y obligue nuevamente el cierre de algunos sectores comerciales, entre estos los gimnasios, cines y negocios donde se venden bebidas alcohólicas, es parte de lo que el Task Force Médico le planteará hoy, lunes, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced como medida de acción para tratar de frenar la aceleración de contagios y brotes de COVID-19 que han ocurrido en Puerto Rico en la última semana.

Así lo explicó a Primera Hora, el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, miembro del grupo asesor médico que participará mañana de la reunión con la Primera Ejecutiva. Asistirán, además, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González; científicos de la academia y otros funcionarios de agencias gubernamentales.

El último informe de Salud indica que hasta ayer habían 2,583 casos confirmados de COVID-19 y 7,071 casos probables. Asimismo, se notificó que hay 174 personas hospitalizadas, y de estas hay 12 en cuidados intensivos y 11 conectadas a un ventilador. Según datos oficiales, 122 de los 167 fallecidos reportados hasta la fecha tenían 60 años o más. Esto equivale a un 73% del total de muertes.

Cabe señalar que de los 2,583 casos confirmados por pruebas moleculares, 842 se registraron en los pasados 11 días. Esto representa el 32.6% de la totalidad de casos.

“Desde la semana pasada hemos sido bien vocales diciendo que estábamos en un repunte y el Departamento de Salud entendía que todavía no y nosotros insistimos que sí… hoy vemos como hay 148 nuevos casos confirmados reportados y llevamos entre tres a cuatro días registrando casos muy por encima de lo que veíamos. Estamos casi por encima de lo que fue el pico en marzo y se está pensando en una mayor apertura y ese es un escenario bien riesgoso”, sostuvo Reyes.

Dijo que, personalmente, conversó con la gobernadora y le dijo que la percepción del grupo asesor médico es que hay sectores económicos y sociales que deben volver a cerrar.

“Por las condiciones actuales y la manera en que se está esparciendo el virus se debe volver a un pequeño lockdown de 14 días y eso es lo que vamos a proponer en la reunión de mañana. No hablo de cerrar todo como al inicio, pero hay unos sectores y escenarios que son de más riesgo que otros. Por ejemplo, los cines, las Iglesias y los gimnasios deberían cerrar nuevamente… cerrar domingo no hará diferencia, hay que tomar otras medidas. Diferencia sí haría regresar el toque de queda a las 7:00 de la noche y cerrar todo negocio que tenga que ver con el expendio de licores. Barras, chinchorros todo eso debe cerrar porque son ambientes demasiado propicios para contagios. Una vez te das la primera cerveza no te pones más la mascarilla”, destacó al mencionar que se ha probado científicamente el gran riesgo de contagio que hay en lugares cerrados.

Reyes explicó que estas y otras recomendaciones se le entregaron por escrito la semana pasada a la Primera Ejecutiva.

“El secretario de Salud sabe claramente que estamos en un repunte. En la reunión que sostuvimos con él lo reconoció”, reiteró.

Ayer el secretario de Salud dijo a Primera Hora que está consciente que de las 4,500 pruebas que se realizan diariamente, un 5% de los ciudadanos dan resultado positivo al coronavirus. Expuso que desde que comenzó la pandemia este número se había mantenido en un 1%.

“Pienso que la única forma de detener este avance en el repunte es logrando que la gobernadora atienda este asunto de inmediato. No se puede esperar al 22 de julio (fecha en que comenzaría la próxima orden ejecutiva”, expresó Reyes.

Sostuvo que, incluso, le solicitarán a Vázquez Garced revertir algunas disposiciones de la orden actual. La orden ejecutiva que estableció la gobernadora para imponer la cuarentena obligatoria y el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. tiene una vigencia hasta el 22 de julio. Sin embargo, la mandataria ha dicho que puede enmendarla en cualquier momento.

“Tenemos la intención de pedir que se reconsideren un sinnúmero de cosas y que se evalúen las ideas que están en agenda -como la apertura a viajes internacionales y a la transportación pública- porque sino las cosas se nos saldrán mucho más de control”, advirtió al recordar que los contagios asociados a los festejos del 4 de julio y los chinchorreos de los pasados fines de semana comenzarán a verse a finales de esta semana por lo que “lo peor lo pudiéramos ver en los próximos días”.

“Estoy bien preocupado. Sé que he sido bien vocal y en ocasiones no he caído bien pero creo que la salud del pueblo es primordial y esto es parte de mi responsabilidad como epidemiólogo. Y aprovecho para decir que, definitivamente, el gobierno tiene una responsabilidad en todo este asunto, pero también hay una responsabilidad civil. La gente se ha confiado en las fiestas familiares o entre amigos y no se está protegiendo y de ahí es que están surgiendo los brotes que vimos en el fin de semana”, destacó.

Mencionó también que el gobierno debe “agudizar” los rastreos de contacto con las personas a las que ya se les confirmó la enfermedad.

“Tenemos demasiada gente infectada en la calle que no están hospitalizadas… a la medida que esas personas no sean contactadas o monitoreadas estamos en riesgo de que estén por ahí saliendo o en fiestas contagiando a otras”, manifestó al agregar que hay una falsa percepción de que el virus no ataca a personas jóvenes y prueba de eso es que ha habido un aumento de casos entre jóvenes de 20 a 29 años.

El Task Force Económico no ha sido consultado

De otra parte, Iván Báez, miembro del Task Force Económico creado por el gobierno a raíz de la pandemia, indicó que ese organismo no había sido consultado ante la posibilidad de que se restrinja la apertura de algunos comercios y de que se retorne a un toque de queda a las 7:00 de la noche.

“Lo prudente sería consultarlo” con el task force antes de tomar una decisión, dijo a este diario.

“Yo creo que los comercios estamos haciendo nuestra parte para educar la población y estamos tomando las medidas”, sostuvo quien se reunirá mañana con funcionarios del gobierno.

Añadió que volver a una restricción de apertura de negocios sería “provocar una estocada al sector económico de Puerto Rico. Estas decisiones se deben consultar con data y base estadística. No podemos darnos el lujo de venir a cerrar de una manera draconiana el comercio que está tratando de sobrevivir en esta crisis”.

Aun así, los comerciantes temen que esta sea parte de las nuevas medidas restrictivas que imponga el gobierno, dijo, por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jorge Argüelles.

“Yo he sido insistente que, si los comerciantes estamos poniendo de nuestra parte, no es justo que se nos penalice ahora reduciéndonos las horas cuando el gobierno no interviene con ciudadanos que se reúnen en las playas y los chinchorros sin distanciamiento físico y sin mascarillas”, denunció.

Señaló que los comerciantes no tienen poder en ley para evitar que una persona ande sin mascarilla cerca a su negocio. Por tal razón, urgió a que la Policía refuerce su labor para penalizar a todo ciudadano que incumpla las reglas para evitar los contagios.

“Lo que va a suceder es que los que vamos a terminar pagando somos los comerciantes. Volveremos a sufrir algún tipo de cierre”, dijo con desesperanza.

Nefasto para la economía

El economista Gustavo Vélez ha reiterado que las industrias en mayor nivel de riesgo en Puerto Rico a causa de la crisis económica suscitada por la pandemia son la de centros comerciales, restaurantes, hoteles, salud y autos en las cuales se podrían perder hasta un 25% de los empleos que generan estos sectores, lo que es equivalente a 85,000 plazas de trabajo.

En entrevista con Primera Hora hace algunos días, Vélez dijo que en el 2019 el empleo total en Puerto Rico ascendió a 870,000, de los cuales 650,000 eran privados y 220 mil eran generados por el gobierno. Entonces, afirmó que la actual crisis pone en riesgo 343,000 empleos de cinco industrias importantes (centros comerciales, restaurantes, hoteles, salud y autos). “Si se perdiera el 25% de estos empleos, se perderían 85,000 plazas de trabajo de forma permanente. El 13% del empleo total privado”, sostuvo.

Cuestionado sobre este nuevo panorama y la posibilidad de un nuevo cierre, Vélez indicó que “sería dañino para la ya deteriorada economía” de la isla.

“Puerto Rico no puede darse el lujo de cerrar la economía nuevamente. De esto ocurrir nos vamos a enfrentar a una peor crisis de la que provocó el primer cierre y esa cifra de 80,000 empleos en riesgo puede aumentar”, analizó.

Dijo que la responsabilidad ciudadana es parte del proceso de recuperación y el que actúe sin esa conciencia debe ser castigado por el gobierno.

“El estado tendrá que entrar en una fase punitiva. El gobierno tendrá que buscar legislación para que todo aquel que ponga en riesgo la vida de otros y la viabilidad económica se le discipline con multas y cárcel…tenemos que movernos hacia esa fase de disciplina estricta con los que desobedezcan las órdenes y protocolos de salud y seguridad”, manifestó.