El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) espera iniciar para este verano el proceso de integración de unos 38 transgresores al Centro de Tratamiento Social de Ponce, evento que marcará el cierre definitivo de la cárcel de menores de Villalba.

Sin embargo, el movimiento dependerá de las recomendaciones finales del juez Francisco Besosa, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, como parte del caso civil 94-2080, que surgió hace casi tres décadas por violaciones a derechos civiles en la población del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) del DCR.

Además, la operación de ambos centros no resulta costoefectiva para la agencia, debido a la disminución de jóvenes ingresados y los gastos administrativos en que incurren que, según la titular Ana Escobar Pabón, asciende a unos $780 diarios, por cada menor.

“Nosotros estamos trabajando un plan de integración, como parte de acción civil 94-2080. El costo de cada menor es, como poco, $780 diarios. Entonces, nosotros tenemos dos instalaciones correccionales con capacidad de 122 cada una, funcionando y operando con unas necesidades de atención a esta población”, explicó Escobar en entrevista con Primera Hora.

Precisó que, actualmente, hay 31 menores en la institución de Ponce y otros 38 en Villalba, que, en total, suman 69 transgresores.

“La población se ha reducido significativamente. Entendemos que, en términos de ofrecer los servicios de tratamiento y humanos, integrándolos a todos en una, podemos entonces, clausurar, cerrar o cambiar la misión de la que está en Villalba”, apuntó.

Asimismo, señaló que el caso se está trabajando en conjunto con la monitora federal, Tim Candy, el juez Besosa y, la representación legal del DCR y del Departamento de Justicia Federal.

“Hemos hecho acercamientos entre todas las partes, hemos sometido unos informes y, entendemos, que debemos entregar el informe final de cómo va a proceder el cierre, para verano, de manera que, para esa fecha, aproximadamente, iniciemos todos los procesos”, sostuvo.

“Todo depende de las determinaciones finales del juez que estamos esperando que nos aprueben finalmente, ese proceso de integración”, advirtió.

Compra de equipo

De otra parte, reveló que la agencia adquirió el equipo que requieren unos 385 oficiales de custodia de NIJ, a tenor con las enmiendas a la Ley de Menores de Puerto Rico que, elimina el uso del gas pimienta, según la Ley 47 del 24 de junio de 2022.

“El Programa de Instituciones Juveniles cuenta con un presupuesto separado y dentro de esos fondos. Había un presupuesto de $3 millones de sobrantes, entre el año pasado y lo que estaba corriendo de este año. Decidimos invertir en nuestros compañeros que, se sentían un tanto limitados en términos de las herramientas para poder ejercer sus funciones, en términos de su seguridad”, puntualizó.

“Fue necesario buscar un sustitutivo que permitiera que los compañeros que trabajan dentro de la unidad de vivienda que, se mantienen todo el tiempo con los menores dentro de la unidad de vivienda, en los tres turnos de trabajo. Siempre puede ocurrir una situación de reyerta, pelea, un intento de agredir a un oficial, etcétera”, explicó.

Entre los equipos adquiridos por la agencia, están los chalecos a prueba de figa, linternas, portalinernas y 180 computadoras.

“Hay una compra actual de cerca de $580,000 de chalecos a prueba de figa. Todos van a tener un chaleco que puedan utilizar mientras estén en su jornada de trabajo; son 385 entre esta facilidad (Ponce) y la de Villalba. Además, van a venir protectores de cuello, brazo y antemano”, acotó.

“Estamos viviendo con personas que tienen, en un momento dado, problemas de conducta. Así que, no podemos decir que aquí no ocurren problemas de conducta, como en cualquier lugar fuera de esta facilidad. Entonces, atendiendo las necesidades que tenían los compañeros, entendimos que lo mejor era proveerles todas las herramientas”, argumentó.