Un informe realizado por el Departamento de Educación (DE) refleja que unos 5,384 empleados docentes y no docentes pudieran haber cobrado salarios de la agencia a pesar de estar identificados como inactivos, retirados, fallecidos, así como otros que se ausentan y no registran adecuadamente sus horas de trabajo.

Así lo expresó la secretaria de Educación, Elba Aponte, al advertir que ya se han enviado tres comunicaciones indicando que se harán gestiones de cobro o descontarán el dinero de quincenas subsiguientes a las personas que hayan recibido cheques sin haber rendido servicios. La gestión de cobro la realizará el Departamento de Hacienda.

En cambio, aclaró que en el proceso se le permitirá a los posibles involucrados apelar cualquier gestión pero, deberán mostrar evidencia a la agencia y en Hacienda de que recibieron el cheque sin incurrir en irregularidades. Hacienda es la dependencia encargada de emitir los pagos salariales a los servidores públicos.

Según explicó el secretario Francisco Parés, para tener constancia de la plantilla total de empleados escolares y sus respectivos horarios de trabajo, el DE debe entregar a Hacienda un archivo preintervenido que permitirá a la agencia fiscalizadora tener certeza de la validez de los datos ofrecidos, incluyendo los ponches de asistencia realizados por maestros y otro personal. Antes de entregar este archivo se establecerán mecanismos para que los empleados del DE puedan corroborar la información y someter evidencia.

De hecho, la secretaria de Educación destacó que ante la necesidad de reclamos que puedan surgir se creará un centro de llamadas y se establecerá en la oficina central de la agencia un proceso de citas para aquellos que quieran exigir que se revisen sus nóminas.

“Por todo esto fue que pedimos una prórroga y tuvimos una conversación con el enlace de la Junta de Supervisión Fiscal”, expresó la funcionaria al indicar que se necesitarán unos 22 empleados adicionales para apoyar la iniciativa.

“Lo que queremos es asegurar que dinero que salga corresponda a tiempo trabajado”, dijo por su parte Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“No se quiere penalizar al empleado del Departamento de Educación. Al contrario, lo que queremos es que pueda haber un registro para que a quien trabaje se le pague y que cuando surja una reclamación se atienda conforme al derecho aplicable”, agregó Marrero al reiterar que este proceso es común en el sistema privado y que es necesario en el gobierno para garantizar la “sana gobernanza”.

Por su parte, Parés dijo que el nuevo sistema es “un paso de dirección correcto para velar las finanzas del pueblo de Puerto Rico”. Al mismo tiempo, dijo que cualquier tipo de procesamiento legal se llevará a cabo a través del Departamento de Justicia. “Lo importante de este proceso es que será un proceso de intervención más estricto de lo que ocurría en el pasado. Eso ayuda a detener el sangrado de lo que ha estado ocurriendo hace 10 años”, añadió Parés.

Las declaraciones de los jefes de agencias gubernamentales surgen luego que el pasado viernes la JSF decidiera retener $30 millones del presupuesto del DE bajo el mecanismo conocido como “clawback”, esto ante el incumplimiento de la agencia con poner en práctica un sistema efectivo de validación de asistencia y horas trabajadas por sus empleados y que esté debidamente conectado a su sistema de nómina.

Este “clawback”, según comentó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, se estará aplicando de manera inmediata “hasta que haya confianza en que la implementación (del sistema de registro de asistencia y horas trabajadas) se está llevando a cabo”.

“Entonces se le devuelve una parte (al DE), no por esos empleados inactivos, sino para la porción que quizás se proyectó. Eso se devolverá una vez se haya hecho la implementación”, puntualizó Jaresko.

La JSF había dado un periodo para que el DE implementara ese sistema, luego que se detectara que entre 2007 y 2020 ha pagado unos $80 millones de más a empleados que ya no trabajaban para el Departamento, por razones que iban desde despido o retiro hasta fallecimiento. De igual manera, muchos empleados no registraban su asistencia, a pesar de que el DE adquirió y da mantenimiento a un sistema de Kronos instalado en todas sus escuelas y oficinas a un costo de $33 millones.

Sin embargo, el DE falló en implementar el sistema de registro de asistencia y horas trabajadas a pesar de que fuera advertido de la situación y que se acordó establecerlo.

Según la JSF, ese incumplimiento ha costado que se paguen indebidamente unos $28 millones a cientos de empleados que continúan en nómina a pesar de que están identificados como inactivos, retirados, fallecidos, así como a otros empleados que se ausentan o no registran adecuadamente sus horas de trabajo.

La JSF insistió en que, de no adoptarse el sistema, el DE incurría en el pago indebido de $46 millones en el 2021.