El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) dio a conocer esta tarde el informe de la Comisión Especial que se creó para atender la queja sobre acoso laboral contra uno de sus funcionarios, que determina que no se incurrió en acoso laboral, ni tampoco se proveyó evidencia que pudiera corroborar las alegaciones de comentarios de índole machista, misógina o discriminatoria por cuestiones de salud física y mental.

Según explicó el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, luego de un proceso inicial de entrevistas, la querellante expresó insatisfacción con el proceso a través de redes sociales, lo que llevó a que el PIP nombrara la Comisión Especial, “compuesta por tres profesionales de intachable historial, y regidas por el código de ética de sus respectivas profesiones”, para que evaluara las alegaciones contra el funcionario Eliezer Ríos Santiago.

Agregó que la Comisión Especial llevó a cabo una investigación independiente, incluyendo la compilación de evidencias y entrevistas a involucrados y testigos tanto en el caso inicial como en otros dos que se alegaron posteriormente a través de redes sociales.

Sostuvo que, tras esa investigación, la Comisión determinó, en el caso inicial, que no hubo acoso laboral porque no había una relación obrero patronal ni supervisión directa sobre la funcionaria, además de que no se corroboró ninguna conducta que pudiera catalogarse como acoso laboral. En cuanto a las alegaciones de comentarios machistas, misóginos y discriminatorios, también se pudieron corroborar tales alegaciones.

En cuanto a los otros dos casos que se alegaron posteriormente, Dalmau Ramírez indicó que la Comisión también los investigó y, en uno de los casos determinó que la evidencia de comunicaciones a a través de WhatsApp mostraron que era un intercambio consentido y correspondido entre ambas partes.

En el otro caso, las comunicaciones no reflejan evidencia de la conducta impropia que se alegaba.

Por otro lado, Dalmau Ramírez indicó que el PIP acogió las recomendaciones de la Comisión para poner en práctica protocolos más rigurosos y expeditos para atender posibles situaciones de acoso, así como de ofrecer seminarios educativos a los miembros de la colectividad.

Dalmau Ramírez repasó la secuencia de hechos desde que se recibió la primera denuncia, hasta el informe de hallazgos y recomendaciones que hizo la Comisión Especial.

Sostuvo que en el PIP “se recibió una carta con fecha del 2 de abril del 2022″, en la que “se hacía una alegación contra un miembro del partido”, por “comentarios de índole machista, misógina y discriminatoria por cuestiones de salud física y mental”.

“Las alegaciones se tomaron con seriedad y se comenzaron a atender inmediatamente”, afirmó, agregando que el 3 de abril se comunicó con Adrián González Costa, secretario de Organización, y Adriana Gutiérrez, secretaria de la Mujer, “y les pido que atiendan el asunto con celeridad”.

Continuó relatando que ese trámite se llevó a cabo, con reuniones con la querellante y con el querellado, el funcionario Ríos Santiago.

Aclaró que durante ese proceso de reuniones hubo unos instantes en que se interrumpió porque tanto Ríos Santiago como González Costa, contrajeron COVID en momentos diferentes y tuvieron que aislarse.

Dalmau Ramírez sostuvo que, de todas formas, “lograron reunirse con las partes, e incluso la persona que hace la alegación que se sintió agredida por las expresiones y comentarios, llegó a escribirle a Adriana Gutiérrez, y es parte del informe, que estaba agradecida por la manera en que habían manejado el proceso de sus planteamientos y las reuniones”.

Luego, agregó, la querellante hizo un planteamiento público a través de las redes sociales. González Costa se comunicó con ella, para indicarle que el proceso continuaba, pero la querellante indicó, por las redes sociales, “que no tenía interés de recibir su llamada ni tener ninguna reunión”.

Ante esa situación, indicó, “el partido designó una comisión especial compuesta por tres profesionales de intachable récord profesional, la licenciada Jessica Martínez, la licenciada Yahaira Velázquez y la profesora Nelly Zambrano”

Mientras la Comisión atendía el asunto, “surgieron otros dos planteamientos por las redes sociales. No se recibió en el partido comunicación escrita, pero en vías de tomar con la seriedad que hay tomar estos planteamientos, la Comisión asumió jurisdicción para atender también esos dos asuntos que se subieron en las redes sociales”.

Dalmau Ramírez hizo entrega del informe de la Comisión sobre el caso inicial, haciendo la salvedad que las partes ya hicieron públicos sus planteamientos. Dijo que los otros dos informes no podía entregarlos a la prensa porque las partes no habían dado su consentimiento.

Remitiéndose a la relación de hechos del primer caso, explicó la investigación determinó que, para la fecha de los alegados hechos, no había una relación laboral entre la querellante y Ríos Santiago. Explicó que ella era funcionaria de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) y Ríos Santiago, como parte de su trabajo en la Comisión Política, tenía que dar seguimiento a los comités de su zona y le escribió a ella, como había escrito a otras personas, para preguntarle si podía pasar por la Junta para recoger los documentos de los candidatos asambleístas. Ella le contestó que no y él no pasó. “No había una relación laboral, ella empleada de la Comisión Estatal de Elecciones, él no lo era. Él no tenía una obligación legal sobre ella de supervisión. Lo que hubo fue una interacción política en el marco de tener los candidatos de los pueblos de la zona”.

Afirmó que, “de acuerdo al texto de la ley”, y tras evaluar los hechos, “la Comisión determinó que no hubo tal cosa como acoso laboral”, pues no había una relación obrero patronal.

El informe de la Comisión agrega que, aunque la ley de acoso laboral no aplica al caso, “si aplicamos los criterios de dicha ley a los hechos alegados, no se desprende que las actuaciones de ERS (Eliezer Ríos Santiago) hayan sido malintencionadas, repetitivas y abusivas, arbitraria, irrazonables y/o caprichosas”. En cuanto a la segunda parte de la alegación de ese primer caso, de comentarios machistas, misóginos y discriminatorios, sostuvo Dalmau, citando también el informe de la Comisión, “no se mostró evidencia que corroborara esos comentarios”.

Agregó que se entrevistó a participantes y administradores de un chat donde se alegó que se habían hecho tales comentarios y no recordaron haber visto tales comentarios, ni se mostró nada que pudiera corroborar las alegaciones.

De lo otros dos casos que se alegaron a través de redes sociales, dijo que fueron dos acusaciones de acoso sexual. Agregó que la investigación del Comité “permitió entrevistar a las partes y recoger celulares que tuvieran un tracto completo de la información”.

En el primero, la alegación era que se habían recibido mensajes impropios por texto vía WhatsApp y que los mensajes la habían hecho sentirse hostigada. Sin embargo, al revisar el celular, “la conclusión es que el intercambio era consentido y hubo comentarios de parte y parte”, incluyendo intercambios de mensajes “subidos de tono” de parte y parte.

“Aquí se dio una conversación entre dos adultos. Ciertamente impropia en contenido, pero que no constituye, al haber consentimiento, un acto de violencia u hostigamiento sexual”, indicó.

El tercer caso, de una joven de Guaynabo, alegó que un joven militante de Cayey le envió unos mensajes impropios. Dalmau Ramírez leyó los mensajes, de los cuales “no se configura, de acuerdo a la Comisión Especial, el acto que se había dicho públicamente de hostigamiento”.

El líder del PIP afirmó que, pese a los resultados de las investigaciones, “eso no significa que esto no sea un tema serio, y un tema que hay que atender”.

“Para el Partido Independentista Puertorriqueño esta es una prioridad, el hecho de que nuestras militantes se sientan en un ambiente seguro y adecuado”, afirmó. “Es por eso que hemos acogido las recomendaciones de la Comisión Especial para, en primer lugar, adoptar una política de no tolerancia con respecto a situaciones que surjan entre militancia y el trabajo voluntario. Estos protocolos se están preparando. En otra recomendación, el partido acoge el que la Comisión sugiere procesos de capacitación a militancia del partido, la creación de un banco de apoyo y recursos en materia de asuntos de género, capacitación para el acompañamiento para personas que puedan sentirse vulnerables, y el establecimiento de mecanismos expeditos para persona que quieran presentar alguna querella”.

El líder del PIP aseguró que ya habían adoptado dos protocolos laborales y los había sometido a la Procuradora de la Mujer, y estaba preparando un tercero, “dirigido a aquellas instancias donde las circunstancias no surgen en un contexto laboral, sino en las interacciones que se dan en contexto político de los comités”.

Dalmau aclaró que, independientemente de los resultados de la investigación del Comité, las personas involucradas en las querellas podían, si así lo entienden, acudir a otros foros, como los tribunales.

“Esto es un proceso, para mí y para el Partido, de humildad, porque son procesos complicados, y que hay que tratarlos con suma sensibilidad”, insistió. “Teníamos que respetar el proceso interno que llevaba la comisión y no lucir que estábamos opinando sobre conclusiones o sobre hechos, para que no se creara ni siquiera la apariencia de que el liderato del Partido Independentista estaba interviniendo con los trabajos que llevaban a cabo de manera autónoma las profesionales de la Comisión Especial”, concluyó Dalmau Ramírez.