El informe de la comisión especial que se designó para evaluar las posibles alternativas de impuesto al consumo y que contó con participación de representantes del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y del sector privado, recomendó al Gobernador y a la Asamblea Legislativa no realizar cambios a lo que dispuso la Ley que establece la aplicación del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) a partir del próximo mes de abril de 2016.

La información la ofreció esta tarde del jueves el secretario de Hacienda, y presidente de la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (Catic), Juan Zaragoza, quién informó además que copia del informe completo está en disponible en la página electrónica del Departamento de Hacienda.

Zaragoza explicó que como resultado del análisis cuantitativo realizado sobre un arbitrio general se concluye que para alcanzar los objetivos de ingresos fiscales, según el presupuesto del año fiscal 2015-16, es necesario que el impuesto tenga una base contributiva amplia, que incluya la tributación de bienes intermedios que se utilizan para la producción y tasas contributivas nominales que oscilen entre 19% y 38%, según cada uno de los escenarios. 

La base tributaria que habría que utilizar sería diferente y la tasa contributiva del arbitrio general sería mayor que la del IVU actual y que la del IVA que entraría en vigor a partir de 1 de abril de 2016, según dispuesto en la Ley 72 del 2015, agregó Zaragoza en declaraciones escritas.

El funcionario citó una parte del informe que sostiene que “en el 1987 se impuso un arbitrio general del 5%, cuya tasa efectiva era 6.6%. La base tributaria incluía múltiples exenciones que limitaban su capacidad de recaudación a alrededor de $550 millones anuales. Este arbitrio fue eliminado con la Reforma Contributiva de 2006”. 

“En la discusión presente se intenta convertir al llamado “arbitrio en los muelles” en uno de base amplia, por lo que lo convierte en un impuesto general indirecto al consumo y la producción. Esto como veremos tiene repercusiones económicas distorsionantes en la cadena productiva de distribución y en los precios finales de los bienes importados o producidos localmente, esto particularmente si la tasa fluctúa entre un 19% y un 38%”, establece el reporte.

“Los precios se afectarán por los impuestos en los insumos productivos que llegarán debido a la integración vertical de la producción de bienes y servicios. Estos efectos económicos se conocen en la literatura de hacienda pública como efecto cascada y piramidal”, agrega el documento, según citado por Zaragoza.

Los estimados mencionados se hicieron bajo el supuesto de una meta de recaudos de $2,561 millones y una tasa de captación de 75%, sostuvo el titular de Hacienda. 

“Surge del análisis que hay una relación inversa entre la tasa impositiva y la base tributaria. Por lo tanto, si deseáramos sustituir al IVU o al IVA, la tasa impositiva tendría que ser alta en la medida que muchas de las importaciones son materia prima y bienes intermedios”, observó.

El informe de la Comisión concluye que, luego de sacar las importaciones de materia prima y bienes intermedios utilizados en la producción, y eliminado el impuesto sobre los alimentos importados, la base contributiva sobre la que se aplicaría el arbitrio sería de solo $9,500 millones.

Se advierte, además, que esa cifra de $9,500 millones incluye bienes de capital y otros bienes que ya tienen arbitrios especiales tales como automóviles y derivados del petróleo. 

Esta comisión se incluyó en la Ley 72, que fue la que aprobó un alza al impuesto sobre ventas y uso (IVU) al 11.5%, a petición del grupo de legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) que se opusieron originalmente al proyecto de reforma contributiva que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y que luego ofrecieron como alternativa al IVA retornar al arbitrio general que se abandonó en el 2006.

Uno de esos legisladores del PPD, el representante Luis Vega Ramos, fue parte de la Comisión y emitió un voto disidente al del resto de los miembros del organismo que tituló “voto particular”.

Vega Ramos cuestionó las conclusiones a las que llegó la Comisión sobre el arbitrio general y en particular objeta el criterio utilizado para reducir la base a la que aplicaría dicho arbitrio a los $9,500 millones.

Utilizando sus propios cálculos estima que la base debería ser de cerca de $21,000 millones, y que con una tasa de entre 10 y 10.5% se llegaría a una cifra parecida a lo que se proyecta para el IVA. La propuesta de Vega Ramos contempla además un impuesto separado sobre los servicios y otro para los bienes producidos en Puerto Rico.

La posición de Vega Ramos se incluye como un anejo al informe, al igual que la respuesta que a ese “voto particular” dio el asesor económico de la Catic, el economista José Alameda.

En su escrito Alameda rechaza los argumentos del representante, defiende las conclusiones del informe y sus supuestos, que asegura están basados en los datos disponibles y en la teoría económica. Argumenta, además, que al legislador se le ofreció toda la información que solicitó y se le respondieron todas sus dudas y preguntas. 

La Comisión tenía además como función evaluar y proponer medidas de alivios contributivos para los ciudadanos, elemento que quedó totalmente fuera del proyecto que aumentó el IVU.

“En términos de la fase relacionada con recomendaciones de posibles medidas para lograr mayor justicia contributiva a los individuos, los trabajos de la Comisión continuarán y deben estar concluidos en o antes de 90 días”, explicó el Secretario de Hacienda al referirse a este tema. 

Según Zaragoza, el informe fue avalado por ocho de los nueve miembros de la Comisión que participaron de los trabajos. El Catic está compuesto por 12 integrantes.