Aunque la Constitución de Estados Unidos garantiza el pago de los senadores y representantes, el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, solicitó que se detenga el desembolso de su salario mientras continúe el cierre del Gobierno federal.

El cierre se hizo oficial a las 12:00 de la madrugada de este miércoles, luego de que demócratas y republicanos en el Congreso no lograran aprobar una resolución presupuestaria que permitiera mantener al gobierno en funciones desde el 1 de octubre.

La medida propuesta —que habría extendido la operación gubernamental al menos hasta finales de noviembre— contaba con el respaldo de senadores republicanos, pero fue derrotada debido a la oposición de los demócratas. Estos argumentaron que el proyecto no incluía fondos críticos para subsidios de salud, como el Medicaid, afectado por recortes de la administración de Donald Trump. Por ello, insisten en que cualquier acuerdo presupuestario debe contener garantías para la continuidad de servicios médicos esenciales a millones de ciudadanos.

Mientras persista el cierre, cientos de miles de empleados federales quedarán sin cobrar sus sueldos. En ese contexto, Hernández Rivera solicitó formalmente que se retenga el pago de su salario, a pesar de que, por mandato constitucional, los legisladores federales continúan recibiendo sus compensaciones.

“Con el cierre del gobierno federal, los Miembros del Congreso deben regirse por las mismas reglas que las personas a quienes representan. Hasta que el Congreso haga su trabajo y reabra el gobierno, los Miembros del Congreso no deben recibir salario. Le pido que retenga mi sueldo hasta que se firme una ley que reabra el gobierno”, escribió Hernández Rivera en una carta que envió.

Durante un cierre del gobierno federal, muchos empleados no solo dejan de recibir su salario, sino que deben continuar trabajando sin remuneración inmediata, lo que puede afectar su estabilidad económica y su vida diaria. Aunque la ley establece que recibirán su paga de forma retroactiva una vez se reabra el gobierno, la incertidumbre y la falta de ingresos inmediatos representan una carga significativa para miles de familias en Estados Unidos.