La gobernadora Jenniffer González Colón informó este lunes que firmó el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026-2027, aunque ejerció su facultad constitucional de emitir vetos de línea para reducir o eliminar varias partidas incluidas por la Asamblea Legislativa.

Un veto de línea es la facultad del gobernador para eliminar o reducir partidas específicas de un proyecto de ley de presupuesto, sin vetarlo por completo. En Puerto Rico también se conoce como veto parcial. Esa facultad del gobernador está contemplada en la Constitución.

En declaraciones escritas, la mandataria indicó que el presupuesto aprobado asciende a $13,174,703,000, una cifra menor a los $13,180,532,000 que originalmente propuso el Ejecutivo y que posteriormente fue modificada por la Asamblea Legislativa.

Según González Colón, el presupuesto responde a una política pública “enfocada en la prudencia fiscal, la eficiencia gubernamental, el ahorro y el uso responsable de los fondos públicos”.

Entre las partidas cuyo presupuesto aumentó se encuentran:

  • Policía de Puerto Rico: Se le asignaron $270 millones adicionales, para terminar con un presupuesto de $1,131 millones, incluidos $44 millones para implementar nuevas escalas salariales.
  • Departamento de Corrección y Rehabilitación: Se le asignaron $21 millones adicionales para este año fiscal, por lo que quedó con un presupuesto de $461 millones.

Además de aumentar fondos para varias agencias, la gobernadora también redujo algunas partidas mediante vetos de línea. Entre ellas figuran:

  • Administración de Servicios Generales (ASG): redujo en $300,000 la partida para puestos de confianza, al indicar que la Legislatura había aumentado esos fondos sobre la propuesta original. También se informó una reducción de $300,000 en servicios legales, bajando la partida de $885,000 a $585,000; y eliminó un aumento de $1.02 millones para servicios profesionales que, según dijo, no formaba parte de su presupuesto presentado.
  • Superintendencia del Capitolio: vetó $2.5 millones en aumentos añadidos por la Asamblea Legislativa. Aunque mantuvo un incremento presupuestario para esa dependencia, este quedó reducido a cerca de $7.5 millones.

La gobernadora también eliminó por completo varias asignaciones incluidas por la Asamblea Legislativa, entre ellas:

  • $700,000 destinados a esfuerzos de preparación y respuesta del Caribe, organización que alega, opera fuera de Puerto Rico.
  • $709,000 para la Asociación de Puertorriqueños en Marcha, con sede en Filadelfia, Pensilvania.

“La prioridad de esta administración es que los recursos provenientes de las contribuciones de nuestros ciudadanos se utilicen para fortalecer servicios en Puerto Rico y atender las necesidades de nuestra gente aquí en la isla”, sostuvo la mandataria al explicar las partidas eliminadas del presupuesto.

“Cada dólar que aportan nuestros contribuyentes debe utilizarse con responsabilidad y dirigirse a servicios esenciales para nuestra gente”, agregó también.