¿Cómo le ha ido a Puerto Rico con las diferentes órdenes ejecutivas que buscan desacelerar los contagios de COVID-19 y a qué fase deberíamos regresar en las próximas medidas de control que implemente el gobierno esta semana?

La respuesta a esta interrogante fue analizada por los miembros del Comité Ciudadano de Salud (CCS) -compuesto por salubristas que se unieron para revisar datos y ofrecer recomendaciones con bases científicas, luego de quedar disuelto el Task Force Médico-, quienes resumieron la trayectoria del virus en la isla. Además, examinaron el impacto de cada orden ejecutiva e hicieron una correlación de cada directriz en términos de contagios registrados hasta la fecha.

En entrevista con Primera Hora, la candidata doctoral en Inmunología y codirectora de la Iniciativa de Política Pública Científica (PR-SPAN), Bianca Valdés, evidenció cómo el panorama se fue complicando a medida que se implementaron desde finales de mayo diversas fases de reapertura en el sector económico y social, sin que el gobierno tuviera las bases cimentadas para una transición. Las decisiones que buscaban una nueva normalidad en la isla fueron apresuradas, argumentó.

“El problema con las reaperturas que iniciaron a partir de junio es que no se hicieron tomando todos los controles que necesitábamos. Si lo hubiéramos hecho correctamente, no estaríamos viviendo el peor momento de la pandemia. Puerto Rico no vivió la pandemia al inicio de marzo ni en los meses subsiguientes, pues se tomó la medida arbitraria de cerrar por completo. Había que aprovechar esos meses de marzo, abril y mayo, en un ‘full lockdown’, para trabajar y reabrir de manera segura. Pero no se hizo y vemos cómo Puerto Rico está viviendo la pandemia ahora, y en su estado más crítico. Y si no se toman medidas drásticas que se debieron tomar antes no auguro que vayamos a mejorar y la mejoría tomará un poco más”, dijo Valdés.

Destacó que el análisis realizado mostró que las medidas se tomaron sin que se cumplieran unos requisitos claves que instituciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), utilizan como guía para aconsejar a los gobiernos flexibilizar sus restricciones. Entre estos, que durante 14 días consecutivos Puerto Rico se mantuviera en un nivel bajo de tasa de positividad.

Mencionó, además, otros factores importantes como, por ejemplo, que Puerto Rico no contaba aun con la operación al 100% del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC); no se tenían indicadores epidemiológicos transparentes que facilitaran acciones coordinadas debido a la limitación de pruebas moleculares y al retraso de entrega de resultados (en ocasiones hasta más de 20 días); y no se integró a la Asociación de Economistas o se divulgó algún análisis preparado por miembros del sector.

Explicó que fue a partir de la quinta orden ejecutiva-la cual estuvo vigente del 26 de mayo al 15 de junio- que se dio paso a la flexibilización en el país permitiendo un 25% de ocupación en los salones comedores de restaurantes y tiendas de ventas al detal y un 50% en los centros comerciales. Coincidió también con el regreso presencial de empleados públicos que laboraban en áreas de recursos humanos y finanzas.

Para ese mes los niveles de contagio habían bajado y se reflejó un total de 298 casos positivos. El día que más contagios se registraron fue el 8 de mayo con 25 casos.

Junio se proyectó, inicialmente, como un periodo estable, pero todo cambió a partir de la orden ejecutiva firmada a mediados del mes y que estuvo vigente del 15 al 30 de junio. Esa orden eliminó el “lock down” 24/7 que había en Puerto Rico y dio paso a una fase dos de reapertura aumentando a un 50% la ocupación en restaurantes; al tiempo que se permitió abrir playas, gimnasios, cines, museos, centros de cuido, iglesias y atracciones turísticas.

Los números que trascendían para entonces espantaban a científicos como Valdés. Finalmente, el mes concluyó con 643 casos positivos, siendo el 30 de junio el de más registros con 89.

Desde julio todo ha sido un pasito pa' lante y otro pa' tras

Ya para julio el descontrol era evidente, sostuvo la experta en inmunología. Sin embargo, el gobierno dio paso a la fase 3-4 de reapertura con una orden ejecutiva que estuvo vigente del 1 al 22 de julio en la que se permitió la transportación colectiva, la operación de casinos a un 75% de capacidad y elevando a ese mismo margen porcentual la entrada a los comercios. Los eventos presenciales eran evidentes en ceremonias de graduación y otras actividades. Fue precisamente para julio que el Departamento de Salud incorporó al SMICRC, pero el proceso apenas fluía, pues no estaba totalmente constituido el sistema.

Ese mismo mes -donde el gobierno echó para atrás a una segunda fase- se reportaron 107 fallecimientos y 6,711 casos positivos al virus, siendo el 13 de julio el de mayor registro con 454. Para entonces, se implementó la Ley Seca, se eliminó el transporte colectivo y se ordenó nuevamente el cierre de cines, casinos, barras, gimnasios y marinas. Pero la medida pareció llegar tarde, pues lo que se avecinaba en agosto era de terror.

Y es que en el mes de agosto- el más mortífero del nuevo coronavirus con 210 decesos adjudicados- el gobierno continuó en una fase 2 agregando un “lock down” los domingos. En esos 31 días del mes en el que se cancelaron las clases debido a la crisis de salubridad, se registraron 7,604 casos positivos, siendo los días 4 de agosto y 20 de agosto los de mayor reportes con 469 y 409, respectivamente.

El repunte era evidente. Pero no hubo una vuelta a una fase 1 o “lock down” total. El gobierno continuó, prácticamente, con medidas similares desde el 1 de agosto hasta el 11 de septiembre cuando, para sorpresa de muchos profesionales de la salud, incluidos los miembros del CCS, se anunció nuevamente una flexibilización y la luz verde para una fase tres de reapertura.

De hecho, esa es la orden ejecutiva que está vigente y que dio paso a eliminar la ley seca; permitió operaciones de comercios e iglesias a un 50%; y dio el visto bueno para que casinos, gimnasios, cines y piscinas operen a un 25%. Además, se dejaron sin efectos los grupos asesores médicos y económicos, al tiempo que se anunció que un nuevo sistema de monitoreo sería la herramienta base para tomar decisiones sobre aperturas o cierres en el país.

Desde el pasado 13 de septiembre -apenas dos días después de haber comenzado la fase tres de reapertura- el sistema de monitoreo coloca a Puerto Rico en un nivel naranja lo que implica que el índice de riesgo de la enfermedad es “alto”.

Además, es el 16 de septiembre el día que tiene la cifra récord de más positivos registrados (682 casos únicos) durante la pandemia y así lo evidencia un análisis de datos que realiza diariamente Rafael Irizarry, profesor de bioestadística en la escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, a través de https://rconnect.dfci.harvard.edu/covidpr/?s=08. Considerando el retraso en la entrega de resultados el análisis de Irizarry cubría ayer hasta el 21 de septiembre, donde se indicaba que la tasa de positvidad del virus en la isla rondaba el 12%. En cuanto a casos nuevos por día la cifra actual es de 360, cuando la meta no debería exceder los 30 casos.

Un vistazo a los datos provistos a través del BioPortal de Salud confirman que en septiembre al menos 6,280 personas han sido diagnosticadas con el novel coronavirus. De estas 173 han muerto en los pasados 26 días.

El Departamento de Salud ha reportado 22,697 casos confirmados y 23,607 probables. El total de fallecimientos alcanza los 644 casos. Mientras, por quinto día consecutivo la ocupación de las unidades de cuidado intensivo es de 70% o más, sobrepasando el límite establecido por el gobierno para calificar un nivel de alerta y un factor determinante para tomar medidas que ayuden a desacelerar el aumento de casos de coronavirus. Hasta ayer quedaban disponibles 191 camas de este tipo de cuidado especializado. Se espera que esta semana la gobernadora Wanda Vázquez anuncie la próxima orden ejecutiva, la cual entraría en vigor el 3 de octubre.

“La trayectoria del virus ha ido empeorando. Insisto, estamos en el peor momento de la pandemia. Estamos en estado crítico”, expresó Valdés.

¿Qué sugieren los científicos del CCS?, le preguntamos.

“Esperaría, por lo menos, regresar a una fase 1 que es más restrictiva. Pero todo esto tiene que ir atado a un buen plan de educación y hay que potencial las pruebas en los laboratorios clínicos pues, actualmente, están limitadas a poblaciones específicas. Además, hay que mostrar los análisis económicos e integrar a la discusión sus propuestas. Sabemos que hay dinero asignado a la isla y no se ha utilizado. Esos fondos deben dirigirse a las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.

Valdés agregó que las órdenes ejecutivas venideras deben extenderse por un mes hasta tanto haya garantías de que los resultados estarán disponibles en el BioPortal del Departamento de Salud en un periodo razonable. “En el mes de septiembre estamos viendo un promedio de atraso de entre cinco a siete días. Eso significa que los números que estamos viendo en los informes son de una semana o más atrás”, explicó.

De otra parte, indicó que "los contagios deben haberse reducido al mínimo en hospitales y centros de envejecientes y se debe poder trabajar de manera eficiente con los casos importados o que llegan a través del aeropuerto. “Sobre todo ahora que vemos que en Florida se abrió completamente la economía, aun cuando tienen unos niveles altos de contagios… eso hay que observarlo y tomarlo en consideración, especialmente, conociendo que no ha sido efectivo ese proceso en el aeropuerto”, indicó.

Acotó que también debe haber seguridad de que todos los lugares de trabajo, escuelas y lugares esenciales cumplan con las medidas preventivas. “Una autocertificación no da esas garantías y ya lo hemos visto. Urge más acción de esa parte”, reclamó.