Las medidas de seguridad de las cárceles del País -donde las muertes de confinados se han duplicado en cuatro años- vuelven a quedar en entredicho luego que surgiera información sobre el fallecimiento de la reclusa Shannel Colón Ponce, una joven de 23 años que, según la versión preliminar de las autoridades, se suicidió el pasado jueves 2 de junio en medio de un traslado supervisado hacia su celda y en momentos en que las videocámaras del lugar estaban inoperantes por una supuesta falla de energía eléctrica.

Ante las múltiples interrogantes en el confuso incidente, familiares y amigos de Shannel, incluidas su mamá Yajaira Ponce y su madrina Odemarie Noble, han reclamado transparencia en la investigación e insisten que se evalúe el ángulo de una posible muerte violenta. Hasta ayer, el protocolo de muerte del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no había sido emitido pues, según explicó la teniente Idamaris Morales, directora de la División de Homicidios de Bayamón, la patóloga Edda Rodríguez está en espera de los resultados de análisis toxicológicos antes de tomar su determinación.

En entrevista con Primera Hora, la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, alude que la información preliminar ofrecida por personal del Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, apuntan a que la muchacha -quien estaba sumariada desde abril por cargos de apropiación ilegal de vehículos- se privó de la vida ahorcándose con una sabana desde un tubo “que discurre en el pasillo” frente a la celda asignada a la confinada.

Según la funcionaria, eran cerca de las 5:15 de la tarde cuando Shannel -quien había recibido tratamiento en el hospital de Psiquiátrico de la Administración de Corrección, de donde fue dada de alta el día antes del suceso- salía de haberse bañado cuando ocurrió la tragedia.

“La oficial correccional le dice que se ubique en la celda (en el segundo piso) y ella sale de la celda rápidamente con una atadura de una tela atada al cuello, la cual también sujetó de un tubo que discurre en el pasillo y se lanza al vacío”.

Shannel no tenía compañera de habitación. Solo se ubica en la escena a otra reclusa instalada en la celda del piso inferior. La joven estaba confinada 23 horas del día ya que se encontraba en módulo con un nivel de máxima seguridad. Cuando ocurrieron los hechos estaba en el único periodo de una hora que tenía asignado para salir y ducharse.

Primera Hora le cuestionó a Escobar por qué razón la guardia correccional no la detuvo en el momento en que la joven ingresó a su celda, tomó la sabana y, posteriormente, la amarró al tubo del que supuestamente se lanzó. La secretaria sostuvo que la oficial de custodia no la acompañaba, sino que la observaba desde el piso inferior, al tiempo que le daba instrucciones de entrar a su celda. Dijo que este es el protocolo acostumbrado.

Además, acotó que a pesar de que la joven era paciente de salud mental, los psiquiatras que la atendieron hasta 24 horas antes del incidente la evaluaron y entendían que podía recibir tratamiento ambulatorio. “Si esa fue la situación, la de privarse de su vida, esto puede ser pensado en segundos”, expresó. De hecho, agregó que las oficiales a cargo de la joven describieron el suceso como ocurrido en “cuestión de segundos”.

Aun así, Escobar asegura que firmó una orden para que se inicie una investigación administrativa sobre lo ocurrido con el fin de detectar si hubo algún tipo de negligencia o irregularidad por parte del personal en los sucesos y “adjudicar cualquier responsabilidad a cualquier empleado si hubo fallas en el cumplimiento del deber”.

“Si se demuestra alguna responsabilidad podrían haber sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta destitución de empleo”, puntualizó.

Se le inquirió conocer cómo se llevará a cabo la pesquisa, tomando en consideración que hay alegaciones de empleados de que las cámaras de seguridad que cubren el perímetro del pasillo donde ocurrió la muerte estaban inoperantes pues ese día no había servicio de electricidad en la institución carcelaria.

Escobar respondió que la evaluación de vídeos no es el único mecanismo utilizado en el DCR para sus investigaciones, pues se toman en consideración declaraciones de empleados asignados al edificio durante el periodo (anterior y posterior) en el que ocurrieron los hechos. “Entrevistan a miembros de la población ubicados en ese edificio, médicos de salud que intervinieron con la joven...”, subrayó.

Por su parte, la directora de Homicidios de Bayamón dijo que, momentos antes del incidente, Shannel estuvo hablando con la confinada que estaba en la parte de abajo en el primer piso. “Le estaba solicitando algún tipo de sustancia, no la consiguió porque no había nadie no hay otras reclusas y cuando sube la reclusa la escucha gritar: ‘te extraño hija mía’. Inmediatamente después cae el cuerpo”, agregó.

“No podemos certificar que sea un suicidio, todos nos indica, aparte que el cuerpo no presentaba ningún tipo de hematoma de lucha, no tenía signo de una agresión física hacia ella, hasta ahora nos inclinamos a un posible suicidio, pero hasta que no nos baje la certificación y la causa no podemos concluirlo”, reafirmó Morales. El agente Edwin Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, y la fiscal Gracielis Vega Bermúdez, tienen a cargo la investigación.

Otra versión de los hechos

En cambio, la progenitora y madrina de Shannel desconfían del proceso pues, según alegan, les ha llegado información desde adentro de la institución de que el caso pudiera tratarse de una muerte violenta.

“Nosotros pedimos ayuda para que ella estuviera en un centro de salud mental”, dijo Noble al explicar que Shannel vivía en Pennsylvania con su familia inmediata, pero tras una descompensación de su condición de salud llegó “escapada” a Puerto Rico donde, aparentemente, se vio involucrada en el hurto de unos vehículos.

“Nosotras mismas la entregamos porque la estaban buscando por estar robando carros de puesto en puesto (gasolineras)... y mira, le quitaron la vida en una cárcel donde pensamos que iba a escarmentar. Nosotros confiamos en el sistema, no sabíamos que el sistema estaba tan corrupto y de esta manera”, expresó Noble, quien junto a otros familiares y amistades lleva a cabo desde el martes un ciclo de manifestaciones reclamando justicia para el caso, frente a la cárcel de mujeres de Bayamón.

La mamá de Shannel ha insistido públicamente en que la joven, a pesar de su condición de salud mental, nunca atentó contra su vida y se le hace difícil aceptar la versión de un suicidio. De hecho, menciona que el peso de Shannel -unas 140 libras de acuerdo a la ficha de la policía- no es compatible con un ahorcamiento como el descrito por las autoridades.

“Queremos que se haga justicia... queremos saber la verdad porque no estamos convencidos con lo que se alega”, ha dicho la madre públicamente al agregar que la joven aparentemente fue víctima de agresión y maltrato verbal dentro de la institución carcelaria por parte de oficiales correccionales.

Se duplican las muertes en las cárceles

Informes de muertes de confinados y confinadas reportadas en las instituciones correccionales del País y registradas por periodos de años fiscales a través del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, indican que en un periodo de cuatro años, los fallecimientos de la población se han duplicado, mientras que en muchas instancias las causas son una incógnita pues se clasificaron como indeterminadas o pendientes de investigación.

Entre los años fiscales 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, en las cárceles de la Isla ocurrieron 45, 47, 59 y 80 muertes, respectivamente, para un total acumulativo de 231 decesos. Los datos evidencian que los fallecimientos se han duplicado en un periodo de cuatro años. La mayoría de los occisos pertenecen al grupo demográfico de 30 y 39 años, seguidos por el de 40 a 49 años. Asimismo, se informa que gran parte de las muertes ocurrieron en las instituciones 705 de Bayamón, Ponce Máxima, Ponce 676 y en centros hospitalarios.

De las 231 muertes, los informes señalan que un 33% (76) ocurrieron por causas “naturales”. En cambio un 36% fueron por causas “no naturales”, lo que incluye suicidios, homicidios e intoxicaciones, mayormente por el abuso de sustancias controladas. Se han visto marcadamente muertes a causa de sobredosis por fentanilo.

Pero lo que llama la atención es que del total de muertes el 31% (72) están pendientes de investigación o las causas no han sido determinadas. Por ejemplo, el pasado año fiscal, cuando se adjudican 80 muertes, hay cuatro en la categoría de causa “indeterminada por área médica” y 28 pendientes de investigación. De este último renglón, hay 14 por aparente intoxicación, seis por aparente causa natural, seis en las que no hay información precisa, una por alegada agresión y otra por aparente ahorcamiento.

Las cifras del año en curso, durante el periodo del 1 de enero al 7 de junio, tampoco son alentadoras pues ya suman 41 los fallecimientos. A preguntas de este diario, Escobar no supo precisar a cuánto se eleva la cifra cuantificando las muertes por el año fiscal que culmina el 30 de junio.

Cuestionada con las alarmantes cifras y posibles fallas en el sistema de seguridad de las cárceles, la secretaria del DCR dijo estar consciente de las estadísticas y que se trabaja constantemente en los protocolos de prevención actuales.

Mencionó, por ejemplo, que hace seis meses se enmendó el protocolo de prevención de suicidios. “Hemos ampliado la cantidad de vigilancia en diversas instituciones correccionales dirigidas a evitar contrabando y ampliando los servicios de unidades caninas y los esfuerzos de vigilancia en los perimetros de instituciones con la instalación de equipos sofisticados”, sostuvo al mencionar que en mayo se realizaron en una quincena 238 registros, en las que se encontraron cuatro celulares en viviendas de la población. Además, se interceptó un dron con cargamento de drogas y otro material de contrabando.

Además, aseguró que hay activas investigaciones por las autoridades locales y federales vinculadas al contrabando en las cárceles. Alegó que debido a estas pesquisas de inteligenia realizadas bajo su incumbencia, desde enero de 2021 se han arrestado a 10 funcionarios del DCR y ocho familiares de confinados vinculados a la entrada de contrabando a las instituciones.

“Envío un mensaje claro: aquel que deshonra el servicio público y uniforme que tiene puesto no puede pertenecer a nuestra familia correccional. No necesito empleados que se presten, faciliten o se hagan de la vista larga en las instituciones correccionales”, advirtió.

En términos de prevención, dijo que se trabajan acciones de impacto con la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), para dar tratamiento a las personas que ingresan al sistema bajo un patrón de uso de sustancias controladas. “Son mejoras para ampliar los servicios al momento de ingreso”, acotó.