A más de 22 meses del terremoto de magnitud 6.4 en el suroeste, todavía los municipios afectados confrontan una serie de tropiezos para reconstruir las viviendas afectadas o relocalizar a decenas de familias que hasta duermen en el patio de su maltrecha propiedad.

Esto, ya que la mayoría no cuenta con título de propiedad o el terreno donde está ubicada su vivienda no es apto para una nueva construcción, debido a varias situaciones que lo hacen inhabitable.

Para tratar de acelerar un proceso que hasta ahora parece estancado, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, viajó a la casa alcaldía de la Perla del Sur para reunirse con los alcaldes de los cinco municipios que componen la zona cero y escuchar de primera mano las complejidades que les impiden brindarle un nuevo hogar a los damnificados.

El encuentro fue solicitado por el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, en respuesta al anuncio hecho por González Colón sobre la asignación de $186 millones en fondos federales para la reconstrucción de viviendas destruidas por los sismos en Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce, además de otros tres pueblos afectados por el paso de la tormenta tropical Isaías.

“Hay una gran preocupación de que todavía ellos están demoliendo muchas de estas estructuras con los fondos de FEMA y CDBG-DR y mucha de esa propiedad el terreno ya no está apto para su reconstrucción por varias razones: una porque los cimientos de esos terrenos no permite que se construya, otra porque las personas que residían ahí no tenían título de propiedad y por lo tanto, el gobierno federal no autoriza esa construcción o son áreas inundables, que tampoco el gobierno federal autoriza construcción”, reveló la comisionada residente a Primera Hora.

“Esos tres problemas ocupan entre el 50 y 60% de la vivienda afectada en esos municipios. Eso crea el problema de que estas personas están durmiendo en el patio de estas casas que tienen que demoler o no se pueden mudar porque no tienen esa propiedad o simplemente no pueden reconstruir o arreglar la estructura afectada”, acotó al mencionar que, además de los alcaldes, estuvieron presentes la subsecretaria del Departamento de la Vivienda y personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Destacó que la gran preocupación expuesta por los ejecutivos municipales de la zona cero es cuánto tardará el agónico proceso, pues les urge acelerar el paso para adquirir otros terrenos donde puedan erigir vivienda nueva o comprar propiedades ya existentes.

Según González Colón, una de las alternativas discutidas fue la creación de un consorcio que reúna a los cinco municipios afectados, en vías de disminuir el protocolo de contrataciones, pues la zona cero se convertiría en un solo ente que luche por el bien común.

“Lo que se acordó es que como estos cinco municipios fueron afectados por los terremotos, los huracanes, la tormenta, por la pandemia, tienen varios proyectos corriendo a la vez con FEMA y COR3. Por eso, una de las cosas que se le propuso como alternativa para acelerar esa reconstrucción es que ellos hagan un consorcio entre sí y en vez de hacer cinco contrataciones de un manejador de casos, que entre los cinco puedan tirar un ‘request for proposal’ y contratar un ‘project manager’ que sea de reconstrucción, la adquisición de terrenos y construcción de viviendas para los cinco municipios”, reveló.

Otro de los aspectos discutidos fue que, en el caso de Ponce, muchos de los damnificados residían en condominios; situación que afecta a la hora de solicitar ayuda gubernamental. Sin embargo, a pesar de la destrucción de sus propiedades todavía están pagando sus respectivas hipotecas.

“En el caso de Ponce, por ejemplo, que tiene unidades de vivienda en condominios, hay unas condiciones entre vivienda y la recuperación que no cubre. Todos esos casos que son los detalles que los alcaldes querían discutir conmigo al igual que tienen personas pagando una hipoteca de una propiedad que no está apto para vivir porque está destruida o está condenada a que no es segura y a la misma vez están pagando una renta para poder subsistir con sus familias”, manifestó.

“Hay que buscar qué alternativas tenemos para que esas personas. Algunos han cobrado el seguro de la hipoteca, pero ese seguro no le da para construir una nueva vivienda. Buscar qué alternativas tenemos, ya sea por FEMA o con el gobierno de Puerto Rico, fondos CDBG, para poder canalizar para que estas personas no tengan que seguir pagando dos hipotecas y la mayoría de los casos, la gente está reconstruyendo su misma propiedad sin esperar por el gobierno, pero el gobierno tiene que cumplir los parámetros que construyó”, lamentó.

De otra parte, explicó que entre los presentes estuvo el representante Ángel “Tito” Fourquet, presidente de la Comisión de Vivienda en ese cuerpo legislativo, a quien le propuso la aprobación de un proyecto de ley relacionado a la adquisición de permisos y terrenos para los municipios impactados por los movimientos telúricos.

“Todo este proceso de permisología les puede tomar demasiado tiempo cuando tienes una necesidad…llevamos casi dos años del terremoto. La situación de los títulos de propiedad es que, si ese terreno es estatal, conseguirles el título de propiedad. Ellos ya tienen el proyecto, pero, lamentablemente no lo van a poder aprobar antes de que termine la sesión, pero eso se tardaría muchísimo”, subrayó.

“Otra cosa que discutimos fue utilizar el pareo federal a 90/10 y ahí, hablé con el director de COR3 Manuel Laboy, que primero tienen que seguir con el proceso de demolición para poder someter a FEMA la petición para un aumento de fondos”, afirmó.

De acuerdo con la comisionada residente en Washington, el Departamento de Vivienda se comprometió entregar a los cinco ayuntamientos un listado con las propiedades disponibles que pudieran ser rehabilitadas, además de los terrenos que pertenecen a la agencia estatal. Pero las condiciones de cada municipio son distintas.

“En Salinas, las casas que tienen que reconstruir por FEMA, el problema que tienen es que casi el 70% del municipio está en zona inundable y no le permiten tener el permiso federal para poder construir y el otro 30% son terrenos agrícolas, que esa zona no se permite construir. En Yauco ya identificaron unos terrenos para la construcción de vivienda, en Ponce podrían tener disponibilidad de zonas como apartamentos, pero el trauma que le creo el terremoto (la gente) no quiere mudarse a unos terrenos donde sean apartamentos por el miedo”, confesó.

“Para mí es importante que se identifique y se acelere. La mayor parte del problema que nos plantean estos municipios es que la gente que se le destruyó la casa o no tienen título o el terreno no está construible y tienen que relocalizarlos. Y en esa relocalización es que van a necesitar la ayuda de Vivienda para acelerar el proceso”, apuntó.

Según González, la próxima cita será el 1 de diciembre en la capital federal, cuando se reúnan con personal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

“Tenemos una reunión con HUD en el 1 de diciembre en Washington DC, porque lo primero es tiene que haber la notificación de la publicación de esos fondos que se suman a $36 millones que ya están aprobados, pero que todavía no han firmado el acuerdo entre Vivienda y Vivienda Federal. Lo segundo es que el gobierno federal emita la certificación pública de la disponibilidad de esos $186 millones nuevos para que entonces Vivienda pueda someter su plan”, sentenció.