La aplicación de la Ley 80 del 2020, conocida como Ley del Programa de Retiro Incentivado y Justicia para Nuestros Servidores Públicos, tiene un camino bien difícil por delante para poder implantarse, si es que llega siquiera llega a suceder, a juzgar por lo que trascendió en una vista pública senatorial celebrada hoy en el Capitolio.

Y es que la Ley 80 no solo enfrenta el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se ha negado a darle paso alegando que supone gastos adicionales para el gobierno en momentos en que se supone busque ahorros, sino que además, de acuerdo con las presentaciones que hicieron directivos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), si la JSF aceptara la propuesta del gobierno de implantar la Ley 80 de forma gradual comenzando con las agencias y corporaciones públicas en que sí se puede conseguir algún ahorro según los empleados que han mostrado interés en acogerse al retiro incentivado, apenas 11 agencias y 16 municipios estarían en condiciones de poder hacerlo.

La Ley 80, que se ha descrito como una medida de justicia social para los servidores públicos, establece un programa de retiro incentivado para el que son elegibles ciertos empleados, con una cantidad determinada de años aportando al Sistema de Retiro, quienes recibirían una pensión de 50% de la compensación bruta más alta en los últimos tres años, así como otros beneficios tales como una aportación de $100 mensuales para sufragar un plan médico cuando superen los 62 años.

Sin embargo, según se explicó en las vistas públicas como parte de la Resolución del Senado 32 que busca investigar la implementación de la Ley 80, desde antes de su aprobación ya enfrentaba el rechazo de la JSF, que alega representaría un aumento sustancial de gastos en el gobierno y además podría afectar los servicios que ofrece, toda vez que tendría que eliminar miles de empleos en adición a los ya contemplados en el Plan Fiscal Certificado.

Omar Marrero, director ejecutivo de AAFAF, Luis M. Collazo administrador de la ASR, y Juan Carlos Blanco, director de OGP, defendieron las gestiones del gobierno ante los reclamos de la JSF y aseguraron haber provisto toda la información que ha requerido el ente fiscalizador, incluyendo las proyecciones de los ahorros que saldrían de la aplicación de la Ley 80.

Sin embargo, Collazo aclaró que, los estudios actuariales que presentaron inicialmente y que proyectaban “ahorros multimillonarios de sobre $1,400 millones en un periodo de 40 años”, se hicieron asumiendo que ningún empleado que se acogiera a la ley sería remplazado luego, “y eso no fue lo que se aprobó luego”.

Aun sin el visto bueno de la JSF, el gobierno comenzó el proceso para la implantación de la Ley 80, con varias fases en las que los empleados interesados pudieron solicitar su participación y las agencias pudieron determinar cuántos estaban interesados, cuál sería el impacto, y cuáles serían los puestos considerados esenciales que habría que remplazar.

En total, 10,553 empleados solicitaron acogerse al programa de retiro incentivado, de los cuales 6,564 (62%) son empleados esenciales y 3,989 no lo son.

De manera más detallada, 6,598 empleados de 87 agencias y corporaciones públicas mostraron interés en acogerse al programa, así como 3,955 de 67 municipios.

No obstante, explicó Marrero, no todas esas agencias y municipios estarían en condiciones de generar ahorros si se implementara en ellos la Ley 80.

“El costo actual de implementar el programa está alrededor de $300 millones al año, porque toma en consideración el reclutamiento de las posiciones esenciales, que son el 62% de los solicitantes”, comentó el director ejecutivo de AAFAF, en respuesta a preguntas del senador Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado.

Marrero agregó que, tomando en cuenta la cantidad de solicitantes, la proyección de ahorros para el gobierno con la implantación de la Ley 80 sería de $22.3 millones, “si se acogen los empleados de 11 agencias y corporaciones públicas”, y “meramente” $2.7 millones, “si se acogen empleados de 16 municipios”.

“Es decir, que para que el Programa genere ahorros netos habría que excluir a empleados de 76 agencias y corporaciones públicas (88% de las agencias interesadas)”, explicó Marrero. “Y para que el Programa genere ahorros netos, habría que excluir a empleados de 51 municipios (77% de los municipios interesados)”.

No se ofrecieron detalles de cuáles serían las agencias y municipios que serían excluidos. De hecho, los funcionarios admitieron que no habían tenido comunicación alguna para tratar este asunto, ni con la Asociación de Alcaldes ni con la Federación de Alcaldes.

“Obviamente, no estamos de acuerdo con dejar fuera a nadie, pero la misma Ley 80 establece que se deben lograr ahorros”, dijo Marrero, recordando que también la JSF exige que cualquier ley que se vaya a implantar tiene que dejar un impacto financiero neutral o positivo. “Así que lo que se haga, tiene que proveer ahorros. Y lo que se presenta es lo que se puede hacer y se sabe que produce ahorros netos”.

El funcionario agregó que, para que se pueda incluir a todas las agencias y municipios, habría que enmendar la ley para buscar otras fuentes que permitan cubrir con el programa de retiro incentivado y la contratación de los empleados que entrarían de remplazo en los puestos esenciales.

“La realidad fiscal y los precedentes en la corte de quiebras, es que tenemos las manos atadas. No podemos hacer nada más. Buscaremos cumplir con la ley, y hacer la mejor asesoría para la Legislatura. Pero sabemos que no es una panacea ni una solución perfecta”, agregó Marrero.

Ruiz Nieves cuestionó a los funcionarios si no había sido hasta el 6 de abril pasado que se le había sometido a la JSF los documentos del impacto real de la Ley 80. Marrero lo negó enfáticamente y afirmó que “desde el 13 de agosto del 2020 se comenzó a someter toda la información”.

“De hecho, como estaban trancados, dijimos, pues vamos a ver cuántos empleados quieren participar, para ver las cifras más certeras. Sometimos comunicaciones desde agosto del 2020 y en enero pasado comenzamos las gestiones de verificar los empleados que querían participar”, afirmó Marrero.

“Pero la visión general de ellos (la JSF) es que esta ley es inconsistente con el Plan Fiscal. Ellos creen que aumenta beneficios y por tanto aumenta los gastos del gobierno y lo compromete a largo plazo. Lo ven con ese crisol y no con el de justicia social que lo vemos nosotros”, agregó el director ejecutivo de AAFAF.

El senador Gregorio Matías, conocido crítico de la JSF, llamó a desafiar a la JSF e implementar la ley y terminar en los tribunales si fuera necesario.

“Ustedes están estableciendo claramente que esta ley tiene ahorros. Ustedes dicen que le dan los datos y comoquiera ella (Natalie Jaresko) dice no. Yo no puedo más con esa señora. Mi agenda, desde hoy, va a ser sacar a esa señora de ahí”, afirmó Matías con evidente frustración. “Vamos a implementar la ley, y que nos lleven al tribunal, a ver qué pasa”.