El Programa de Comunidades Especiales se conoce como el principal proyecto de la ex gobernadora Sila María Calderón, que desempeñó el cargo entre el 2001 y el 2004.

De hecho, fue la primera ley que aprobó bajo su mandato, por lo que la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico es la Ley Número 1 del 2001.

Tuvo como objetivo establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico el promover “la creación de condiciones que permitan resolver el grave problema de marginalidad que existe en estas comunidades especiales”.

Dispone que para ello se “estimulará el fortalecimiento de la base organizativa y económica de las comunidades especiales para que éstas asuman la dirección de su propio proceso de desarrollo”.

La misma ley creó la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión adscrita a la Oficina del Gobernador. Le asignó a ésta la responsabilidad de “coordinar los esfuerzos gubernamentales, incluyendo los municipales, en torno al desarrollo social y económico de las comunidades especiales y promover la participación del sector privado y de las fundaciones e instituciones de la sociedad civil en esas iniciativas”.

Sería “el brazo ejecutor que asegurará el cumplimiento de la política pública que se establece en esta ley”.

Luego de la aprobación de esta legislación, se crea el llamado Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales, que se suponía que fuera un fondo permanente para mantener vivo el programa. Este objetivo no se logró.