Los senadores María de Lourdes Santiago Negrón, Rafael Bernabe Riefkhol y José Vargas Vidot, se unieron hoy a líderes comunitarios de diversos puntos del país en su reclamo de que la Cámara Alta de paso a un proyecto de ley que busca que las comunidades tengan mayor participación en el proceso de otorgar permisos para la instalación de torres de telecomunicaciones.

El próximo martes 31 de octubre, la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, evaluará la medida, Proyecto de la Cámara 663, en una vista pública. Esta comisión está a cargo del presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago.

El Proyecto de ley fue aprobado en la Cámara el pasado 25 de junio con 49 votos a favor y uno en contra, del portavoz novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez. La pieza legislativa, que crea la Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones en Puerto Rico, busca establecer parámetros y distancias en la construcción de torres de telecomunicaciones o antenas, dispone requisitos de anclaje y diseño al igual que establece un sistema de uso integrado y requiere la notificación a colindantes.

“La medida, que propone establecer unos elementos mínimos de seguridad para las comunidades y garantizar realmente la participación comunitaria en el proceso de obtener permisos para la instalación de antenas ha tenido una acogida que no habíamos visto en las ocasiones anteriores”, dijo la senadora Santiago Negrón en conferencia de prensa en el Capitolio junto con los senadores Bernabe Riefkhol y Vargas Vidot ,en unión a miembros del Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas.

La organización reúne a las comunidades Leguísamo, en Mayaguez; Buena Vista, Luquillo; Las Margaritas, Salinas; Arenas, Guánica; Cialitos y Frontón, Ciales; Cañaboncito, Caguas; Urbanización Rosario, Vega Baja; Goyito Muñiz y Haguey, Aguada; Montones, Las Piedras; Haciendas de Dorado, Dorado; Sector San Germán, Guayanilla; Garrochales, Arecibo; Comunidad Pagán, Adjuntas; Sonador y Atalaya, San Sebastián; Cuchillas y Voladora, Moca; Urbanización San José, Toa Alta; Utuado, Gurabo, Aguas Buenas, Humacao y Las Marías.

Wilson Rivera, uno de los portavoces del Frente, dijo que según el mapa de la Junta de Telecomunicaciones de 2006 y 2009, en Puerto Rico hay 2,000 torres de telecomunicaciones con unas 20,000 antenas.

Según Rivera, a partir del año 2000, muchas comunidades se han afectado con la “proliferación indebida” de torres de telecomunicaciones.

El portavoz sostuvo que estudios han encontrado una correlación entre el cáncer y la exposición a las ondas electromagnéticas, así como con otras enfermedades como el Alzheimer y Parkinson.

“Nuestra lucha tiene cara de mujer porque las comunidades están repletas de mujeres viviendo y luchando por sus familias y esta lucha ha sido difícil, pues empezamos con una etiqueta puesta porque en Puerto Rico los que luchamos somos los malos, pero vamos a luchar con la cabeza clara”, indicó Rivera.

Dijo que el proyecto “pide una mayor distancia de las torres de nuestras residencias; que haya injerencia directa de los municipios, que ahora no se reconoce en la ley y para nosotros lo más importante, una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones”.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo de la infraestructura, que sabemos se necesita, también utilizamos celulares y la internet. Lo que solicitamos es que se nos consulte, que las comunidades sepan que eso va a estar, y no que cuando se levanten por la mañana vean a través de la ventana una torre en el patio”, expresó Teresa Vélez, otra de las portavoces del Frente.

Marisol Sanes, del barrio Leguísamo de Mayagüez, dijo que representaba a una comunidad mayormente de personas mayores, empobrecidas y enfermas. “Estamos en contra de la antena que se levantó en medio de nuestra comunidad, rodeada de casas. No se nos preguntó y en menos de un mes ya tenían todos los permisos, sin darle conocimiento a la comunidad”, reprochó la mujer, asistida por un andador.

“Ha habido varios incidentes pero el que botó la bola fue el del 2 de junio (de este año), cuando personas encamadas estaban descansando y a las 2:30 de la mañana en el terreno donde pusieron la antena nos vaciaron 42 trucks de cemento. Nos urge a las comunidades en Puerto Rico que cada senador tome en cuenta y aprueba el proyecto. Nos va la vida en eso. Tenemos derecho al disfrute de nuestras propiedades por las que tanto tiempo luchamos”, reclamó Sanes, una capitana retirada de la Policía.

Indicó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “no ha hecho nada a pesar de que se han radicado múltiples querellas y allí hay especies en peligro de extinción”. La apicultora dijo también que las abejas se molestan con el ruido y dejan las colmenas abandonadas.